Una directora de hotel, despedida tras fingir la concesión de un préstamo de 2,5 millones de Banco Sabadell para renovaciones: alegó carga “desproporcionada” de trabajo

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado el despido disciplinario de Catalina, exdirectora general del Hotel Marino, en Santa Cruz de Tenerife. A Catalina la echaron de su puesto de trabajo tras el descubrimiento de una serie de irregularidades en su gestión, que incluyeron la simulación de un préstamo de 2,5 millones de euros por parte de Banco Sabadell para la renovación del establecimiento hotelero.

Catalina, empleada desde julio de 2019 bajo un contrato indefinido, había desempeñado funciones clave en la gestión del hotel, mostrando inicialmente recibir altos niveles de confianza por parte de su empleador, Gestiland 2000 S.L., la entidad explotadora, y Mi-Se 98 S.L., la propietaria de la infraestructura. Sin embargo, la situación tomó un giro drástico tras una baja por incapacidad temporal en marzo de 2022. Tras este suceso, se fueron descubriendo una serie de irregularidades significativas en la actuación de la directiva.

Los antecedentes del caso revelan múltiples violaciones de la confianza empresarial y de la buena fe contractual. Los registros judiciales describen cómo Catalina comunicó en junio de 2021 la aceptación de un préstamo de Banco Sabadell. Pero la realidad difiere notablemente, y para diciembre del mismo año, la situación económica del hotel se desmoronaba con deudas acumuladas que alcanzaban los 400.000 euros en pagos a la Seguridad Social.

Entre las irregularidades cometidas, se señala que Catalina autorizó el inicio de obras de reforma sin la debida comunicación a los socios de la empresa. También se detectó la venta de mobiliario del hotel sin rendición clara de cuentas sobre el destino de los fondos obtenidos. Los frecuentes pagos a proveedores sin autorización, sumados a las deficiencias en las licencias para las obras, agravaron la situación financiera del hotel. Estas acciones resultaron en un incremento significativo de la deuda debido a sanciones e intereses por pagos retrasados a la Agencia Tributaria.

Catalina argumentó que las expectativas dirigidas hacia su puesto eran “desproporcionadas”, alegando que la empresa, con una estructura jerárquica compleja, atribuía responsabilidades excesivas sin tener la experiencia especializada para todos los aspectos que involucraban la gestión. Además, apuntó a una presunta dejación de funciones por parte del administrador y otros órganos de dirección del hotel.

El tribunal, al ratificar el fallo inicial del Juzgado de lo Social Nº 7 de Santa Cruz de Tenerife, no aceptó la defensa de Catalina. La sentencia destacó el incumplimiento grave y culpable de sus funciones, concluyendo que las acciones de la demandante quebraron la fidelidad y confianza esenciales para su cargo. A pesar de sus poderes generales en la empresa, la corte consideró que Catalina ocultó información crítica sobre la condición financiera y las capacidades operativas del establecimiento, constituyendo una violación sustancial de la buena fe y contractual.

El fallo judicial abre una puerta a posibles recursos de casación, aunque implica para los demandantes que no están bajo el régimen de justicia gratuita la necesidad de consignar 600 euros y el importe de la condena potencial durante el proceso, siguiendo las regulaciones detalladas en la jurisdicción social española.