Teresa Ribera confronta con Carlos Mazón y defiende a la AEMET y la Confederación del Júcar: “Nunca hubo apagón informativo”

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, está en el centro de las críticas por parte de PP y Vox, a quien atribuyen la responsabilidad directa de la catástrofe natural causada por la DANA, que ha dejado 226 víctimas mortales (218 muertos lo han sido en la Comunidad Valenciana, siete en Castilla-La Mancha y uno en Andalucía). Por esta cuestión, la aspirante a número dos de la Comisión Europea afronta este miércoles una jornada frenética con dos comparecencias para rendir cuentas por este asunto. Primero en el Congreso y, por la tarde, en el Senado.

En su cita en la Cámara Baja, Ribera ha asegurado que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) generaron “las alertas e informaciones adecuadas” operando “antes, durante el día 29 y después” bajo el mando único de la Generalitat Valenciana. Frente a lo aseverado el pasado viernes por el presidente valenciano, Carlos Mazón, en las cortes autonómicas, la vicepresidenta del Gobierno central ha partido de una premisa clara: el sistema no falló.

En este sentido, para rebatir al presidente popular de la Comunidad Valenciana, Ribera ha aclarado que “no hubo apagón informativo” por parte de la CHJ, que envió casi 200 correos ese día al Centro de Emergencias de la Generalitat. Dentro de estos avisos, nueve se produjeron entre las 16.13 y las 18.43 horas, el periodo de apagón que denunció Mazón. Además de subrayar que hubo avisos emitidos por AEMET, “lo más importante para minimizar daños”, ha sostenido que “el nivel de afección depende de cómo se actúe ante un aviso rojo”, alertando con tiempo a la población.

La vicepresidenta tercera ha ofrecido una cronología detallada de los hechos, recordando que la actuación sobre el terreno era competencia de Mazón, ya que dichos organismos, aunque dependen de su ministerio, actuaron siempre bajo el mando único del Gobierno autonómico. En esta línea, ha recordado que el Gobierno central tiene las competencias de avisar y prestar apoyo al mando único de la emergencia, algo que –a su parecer– se cumplió, mientras que “los servicios de Protección Civil autonómicos son los responsables de contactar con los ayuntamientos, emitir alertas e identificar medidas para la protección de la población”.

En cuanto a la cronología, según ha relatado, la AEMET informó por primera vez de esta DANA el jueves 24 de octubre. Emitió notas los días 25 y 26, un aviso especial de fenómenos adversos el domingo 27 que estuvo activo lunes y martes. Con esta información, el Gobierno subraya que la Universidad de Valencia, la Diputación de Valencia y 62 municipios de la provincia adoptaron medidas. Incluso, la embajada de Japón.

El día de la tragedia, el aviso rojo de la AEMET llegó a las 7.36 horas, prorrogado a las 17:43 horas, una información que se transmitió a Protección Civil. Asimismo, el Ejecutivo ha destacado que se produjeron 198 comunicaciones al servicio de emergencias de la Generalitat, entre las que se incluían las relativas a Forata y al barranco del Poyo. “Esto supuso la activación de la alerta hidrológica en la rambla del Poyo y en los ríos Magro y Júcar”.

En todo caso, aunque Ribera ha insistido en que el sistema no falló, también ha remarcado el carácter “excepcional” de la DANA del 29 de octubre, ya que “solo uno de cada 400 avisos por lluvia emitidos en los últimos cinco años ha sido rojo”. En este caso, “se desmarca de lo que los mapas consideraban hasta ahora como de posibilidad alta o media (con retornos de 100 años), o baja (con retornos de 500)”.

Ribera ha puesto en valor las medidas de emergencia puestas en marcha por la Administración central “desde el primer momento”, las ayudas para la restauración ambiental y forestal de la Albufera “tan pronto como sea posible” o una inversión de 500 millones de euros en obras de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, con el objetivo de recuperar las 123 estaciones depuradoras de aguas residuales que “están funcionando en precario” en este momento.

Sobre las obras pendientes en el barranco del Poyo, importantes de cara a evitar o reducir las consecuencias de una tragedia de esta magnitud, Ribera ha señalado que, cuando en 2012 estuvieron a punto de acometerse, el visto bueno nunca llegó, caducando en 2017 “sin que se hubiera tomado ninguna decisión para contratarlas y ejecutarlas”. “En junio de 2024 recibimos un ‘espere un poco más’ por parte de la comunidad autonómica”, ha incidido.

La vicepresidenta ha avisado de que España “afronta una nueva realidad hidrológica, caracterizada por los extremos”, en alusión al incremento de sequías e inundaciones, con un escenario climático “profundamente preocupante” de acuerdo con los datos facilitados por varias instituciones en los últimos meses que obligará a prepararse mejor ante futuros siniestros.

Por ello, ha argumentado que no se trata de resumir la gestión a “un Estado fallido como se ha llegado a decir”, y ha apelado a “no perder ni un minuto minando la credibilidad de la ciencia y de las instituciones”. “Hemos estado disponibles antes, durante y después y lo vamos a seguir estando”, ha garantizado.

Frente a estas explicaciones, el PP insiste en desviar el foco de atención y situarlo en Ribera, a quien no mencionaron en los primeros días posteriores a la tragedia. La dirigente socialista tampoco formaba parte de la lista de ministros reclamados por Mazón cuando el presidente autonómico creó cinco grupos de acción inmediata.