La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) atraviesa una crisis tras la negativa de las aseguradoras Asisa, Adeslas y DKV a renovar su participación en el nuevo concierto para el periodo 2025-2026. Este sistema, que ofrece cobertura sanitaria privada a 1,5 millones de funcionarios y sus familiares, enfrenta la posibilidad de desaparecer si no se logra un acuerdo con las compañías aseguradoras.
El nuevo convenio planteaba una inversión de 2.681 millones de euros para los próximos dos años, una cifra que las aseguradoras consideran insuficiente para un sistema que, según denuncian, les genera pérdidas anuales de 200 millones de euros. Este desequilibrio económico está vinculado, en parte, a las características de los usuarios que atiende Muface, donde predomina una población envejecida con una elevada demanda de servicios sanitarios, lo que incrementa notablemente los costes de atención.
El posible fin de Muface ha generado opiniones divididas. Algunos alertan de que su desaparición podría sobrecargar un ya tensionado sistema público de salud, mientras otros minimizan el impacto, argumentando que el Sistema Nacional de Salud podría asumir a estos usuarios, pese a sus problemas estructurales. Mientras tanto, los afectados encaran una incertidumbre que podría culminar en un vacío asistencial al cierre del año.
Qué pasará con los funcionarios si desaparece Muface
En la actualidad, Muface cuenta con cerca de 1,5 millones de beneficiarios registrados, aunque no todos optan por la sanidad privada. Según datos actualizados del pasado mes de octubre, 1.007.322 personas, equivalentes al 67,3% del total, han elegido recibir atención médica a través de aseguradoras privadas. ¿Qué pasará con ellos?
Por el momento, el Ministerio de Función Pública está elaborando una nueva licitación para intentar que las aseguradoras regresen al sistema de Muface. Sin embargo, el pasado 5 de noviembre, el organismo aseguró que garantizará la continuidad de la asistencia sanitaria en las mismas condiciones actuales. Para ello, recurrirán a una prórroga excepcional del convenio vigente para 2023-2024, amparada por la Ley de Contratos del Sector Público. Esta medida daría un margen de nueve meses para negociar un nuevo acuerdo con las compañías privadas y evitar una interrupción en los servicios. ¿Y después de esto?
Según un informe del Ministerio de Sanidad en el que se estudia el traspaso de los funcionarios actualmente cubiertos por la mutualidad al Sistema Nacional de Salud, “El contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable”. Por lo que, esta es una de las alternativas más factibles.
Aprovechando esa prórroga forzosa de nueve meses, se podrían incorporar paulatinamente de los mutualistas al Sistema Nacional de Salud. Este plan de actuación contemplaría varias medidas clave para gestionar la transición. Primero, se identificaría a aquellos que se encuentran en tratamientos terapéuticos críticos que no pueden interrumpirse. Estos pacientes serían los últimos en ser transferidos al sistema público y, en casos de alta complejidad como procesos oncológicos avanzados o situaciones terminales, podrían mantener la atención privada por un año adicional.
Se diseñaría un plan de transición que garantice a los enfermos crónicos y complejos la continuidad de su tratamiento en hospitales públicos sin necesidad de nuevas consultas iniciales. Además, se establecería un protocolo para transferir la información clínica, evitando duplicidades en pruebas diagnósticas y asegurando una asistencia fluida.
Otro compromiso sería mantener una “lista de espera quirúrgica cero” durante los primeros cuatro meses de prórroga, realizando las intervenciones ya programadas en la sanidad privada. También se implementaría una estrategia de comunicación para informar tanto a la población general como a los mutualistas sobre los detalles de la transición y resolver posibles dudas.
Finalmente, los fondos destinados hasta ahora a Muface se transferirían a las comunidades autónomas, con un presupuesto finalista de 2.681 millones de euros que se invertiría durante los primeros tres años en los sistemas autonómicos de salud, según la propuesta del Ministerio de Función Pública.