La Justicia obliga al Gobierno de Ayuso a readmitir a las trabajadoras de una escuela infantil a las que no querían subrogar: “Es responsabilidad de la Comunidad de Madrid”

Las trabajadoras de la escuela infantil Tesoros de Arganda del Rey en Madrid pueden por fin respirar tranquilas, porque tras meses de conflictos laborales, la Justicia ha emitido una sentencia en la que obliga al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a la readmisión de toda la plantilla y a abonarles las nóminas desde el 1 de septiembre.

Fue en 2021 cuando la empresa Atreyu Blota Carto se hizo cargo de la gestión indirecta de esta escuela infantil que depende de la Comunidad de Madrid y desde entonces la plantilla ya había tenido dificultades para cubrir bajas e incluso con la escasez de suministros y la calidad de la alimentación que recibían los alumnos. La situación empeoró en el verano de 2023, cuando la compañía aplicó un ERTE y comenzaron a sufrir retrasos en el pago de las nóminas, hasta que en marzo de este año dejaron de cobrar. La empresa se declaró poco después en concurso de acreedores y, al no prestar el servicio al que se había comprometido como adjudicataria, la Consejería de Educación asumió la gestión de la escuela, aunque se negó a subrogar a la plantilla al considerar que esos puestos debían cubrirse con empleados públicos. Ahora, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado nula la extinción de los contratos de las trabajadoras, obligando al departamento que dirige Emilio Viciana a readmitir a las cerca de 30 empleadas afectadas.

“Este es el primer paso de la batalla judicial que llevamos peleando desde hace meses”, dice a Infobae España Aitor Portillo, abogado de las empleadas de la escuela infantil Tesoros, que explica que los atrasos de las nóminas “aún están judicializados”, ya que a las empleadas se les debe entre cuatro y cinco meses de salario. El letrado recuerda que desde el mes de julio solicitaron a la Comunidad de Madrid la subrogación del personal al defender que se trata de una “sucesión de empresa” y que, además, existen numerosos antecedentes en la administración pública en los que se ha producido una subrogación de trabajadores.

“La sentencia nos congratula porque, en definitiva, recoge todos nuestros argumentos jurídicos en los cuales entendíamos que la Comunidad de Madrid se tiene que hacer cargo de esta relación, ya no solo por el convenio colectivo, donde queda claro el derecho a la subrogación de toda la plantilla ya sea a una entidad pública o privada, sino porque realmente estamos ante una sucesión de empresa”, señala Portillo.

También celebran la sentencia desde CCOO, ya que fue este sindicato el que denunció la vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público ante los Tribunales de Justicia, y critican el modelo de contratación de gestión indirecta del Gobierno de Ayuso al considerar que no está funcionando, como evidencia este caso. La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, Isabel Galvín, lamenta que pese a los numerosos intentos de negociar “con los distintos responsables de la Consejería de Educación, incluso con el propio consejero Emilio Viciana”, no tuvieron éxito alguno, si bien “ahora la Justicia les da la razón”.

CCOO destaca la importancia de esta sentencia porque “marca una vía de actuación para que el titular del centro subrogado cumpla con sus deberes y asuma sus responsabilidades siempre” y recuerda que es la administración pública quien debe “ejercer el control y actuar con responsabilidad” en este tipo de casos para garantizar tanto “el derecho a la educación como las condiciones laborales en las que las profesionales que atienden a los alumnos en su trabajo”. La Consejería de Educación, por su parte, ha confirmado a este periódico que recurrirá la sentencia.

Las trabajadoras de Tesoros en Arganda del Rey no son las únicas que han sufrido durante estos meses conflictos laborales tanto con la empresa Atreyu Blota Carto como con la Administración regional. Las profesoras de la escuela infantil El Señor Don Gato, ubicada en el distrito madrileño de Vicálvaro, también fueron despedidas y llevan meses sin cobrar, aunque su caso aún está siendo analizado por la Justicia. Confían en que pronto puedan obtener una sentencia similar a la de sus compañeras.