Óscar Puente reivindica la auditoría sobre el ‘caso Koldo’ que provocó la ruptura con Ábalos y responde: “No es un procedimiento sancionador”

El Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, se desmarca de las acusaciones del exministro socialista José Luis Ábalos acerca de la auditoría realizada en el seno del departamento sobre el caso Koldo. Esta investigación interna, dada a conocer a finales de agosto, situó a Ábalos en el origen de la supuesta trama de corrupción vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia. Sus resultados, además, fueron entregados a la Audiencia Nacional, previo requerimiento de esta, que se incorporó a la causa y sirvieron de caldo de cultivo para la posterior imputación del ministro por el Tribunal Supremo.

Entonces, a través de una pregunta al Gobierno con respuesta escrita, Ábalos pidió cuentas a Transportes por encargar dicha “auditoría interna”, poniendo en duda la intención del ministro. En su respuesta, publicada este lunes en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG), el departamento dirigido por Puente ha reivindicado la investigación interna, mandatada a la Dirección General de Organización e Inspección del Departamento, así como su potestad para realizarla y su finalidad.

Frente a las críticas de Ábalos sobre los criterios por los que se hace una selección “parcial de entrevistados” o los funcionarios elegidos para participar en la elaboración de la auditoría, Transportes defiende que los “trabajos de auditoría han sido realizados por sendas inspectoras de servicios del Departamento, que han actuado con plena autonomía, realizando las actuaciones, analizando las cuestiones y llegando a las conclusiones que han considerado pertinentes. Fueron designados varios colaboradores en atención a las funciones que desarrollan en el marco de su actividad laboral ordinaria y la experiencia adquirida a partir de dicho desarrollo, así como a la formación que dichas funciones implican, que igualmente han actuado también con plena autonomía”, reza el texto.

Sobre el objetivo de la misma, el ministerio de Puente resume que la finalidad consiste en “la revisión de los procedimientos internos de gestión y lograr ámbitos de mejora, sin que forme parte de ningún procedimiento administrativo sancionador o disciplinario, ni siquiera con el carácter de actuaciones previas”.

La investigación interna, ordenada por Puente el pasado 27 de febrero de 2024, tras destaparse el caso que afectaba desde el inicio al asesor de Ábalos Koldo García, tenía la finalidad de indagar sobre “las actuaciones realizadas por los órganos y entidades del Ministerio en relación con expedientes relacionados con la ejecución de la Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y de la Orden TMA/292/2020, de 26 de marzo, por la que se regula una segunda adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana”.

En consecuencia, el Ministerio de Transportes remarca que la auditoría ha sido realizada “por los servicios administrativos que tienen la competencia para llevarla a cabo de acuerdo con la normativa administrativa aplicable y cuando ha sido ordenada por la autoridad competente para ello”.

Asimismo, en la respuesta del ministerio del ramo a quien un día fue su jefe, se recogen las medidas a implantar en el ámbito del Ministerio y que fueron anunciadas por el ministro en la comparecencia parlamentaria en el Senado realizada al efecto. Entre ellas, destaca la regulación de las funciones de la entonces Subdirección General de Inspección de Servicios y Obras, incluyendo la de “elaborar un informe preceptivo y previo de los expedientes de contratación de emergencia tanto del ministerio como del grupo transportes, todas sus empresas”

También, ampliar el ámbito objetivo y temporal al que resulte de aplicación el sistema antifraude actualmente aplicable a la gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que “pasará a abarcar a todos los fondos públicos gestionados por el ministerio y a tener vigencia indefinida”. La tercera conclusión explicada por Puente habla de “impulsar la formación y sensibilización en materia ética y del conocimiento de los instrumentos con base en los cuales el ministerio promueve que todos los empleados y autoridades alcancen los mayores niveles de excelencia en esta materia”.

Además, el ministro de Transportes anunció su intención de “abordar la protocolización del seguimiento de los procesos y el control efectivo de toda la cadena de distribución para casos de emergencia en los que el ministerio tenga atribuida la gestión de los suministros a gran escala”. Y, por último, “reforzar los sistemas de control de accesos de personas a las sedes del ministerio y de entrada y salida de material en sus instalaciones”.

En su comparecencia en el Senado para desgranar los resultados de la auditoría, Puente anunció también el cese del subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, y del director general de Gestión de Personas del gestor ferroviario, Michaux Miranda, ambos imputados en el caso Koldo. En marzo, tras destaparse la supuesta trama, prescindió del entonces responsable de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, que tramitó el mayor contrato de la trama.