Las personas trans acuden más al médico, pero tienen peor salud: la discriminación y las barreras sanitarias afectan al 80%

El Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) han presentado este martes el estudio Transaludes, sobre el estado de la salud de las personas trans y no binarias en España. La investigación, liderada por María José Belza, revela que el 80% de las personas encuestadas han experimentado algún tipo de violencia o discriminación en los servicios sanitarios. Estas agresiones se traducen en un peor estado de salud dentro de este grupo de población.

El estudio ha consistido en una encuesta online y anónima, que han contestado 1.823 personas trans y no binarias residentes en las 17 comunidades autónomas españolas y las dos ciudades autónomas. El 35% de las personas participantes son hombres trans, el 23% mujeres trans, y el 42% personas no binarias, con una edad media de alrededor de 26 años.

Los resultados evidencian que un 54% de las personas trans valoran su estado de salud como bueno o muy bueno, frente al 85% de la población general. Los autores del informe han resaltado que un 20% de las personas no binarias consideran que su salud es mala o muy mala.

Especialmente preocupante es la salud mental de la población transgénero en España. Un 47% de las personas encuestadas han sido diagnosticadas en el último año con un trastorno de ansiedad, mientras que el 39,6% sufre depresión. Las cifras son entre 11 y 17 veces más altas que en la población general, donde un 4,5% sufre ansiedad y un 3,1% padece depresión, según el estudio.

A lo largo de su vida, un 76% de las personas transmasculinas (aquellas que se identifican como hombres pese a haber nacido con genitales femeninos) y un 68% de las personas transfemeninas han tenido pensamientos suicidas. Entre las personas no binarias, las cifras aumentan al 80%. De ellos, alrededor de un 40% han cometido intentos autolíticos. Estas tentativas suicidas crecen con las barreras que se encuentran para cambiar de género hasta en un 75%. “Los datos obtenidos sobre ideación e intentos autolíticos son especialmente preocupantes en población tan joven [la media de edad de los encuestados es de 26 años], y muestran que la capacitación del sistema para atender la salud mental del colectivo no solo es necesaria, sino urgente”, señala la investigadora del ISCIII.

En su estado de salud influyen las discriminaciones y violencias a las que se enfrentan a diario: el 60% de los encuestados ha sufrido algún tipo de violencia física a lo largo de su vida y un 20%, en los últimos 12 meses. En el ámbito de la pareja, el 75% ha mantenido relaciones abusivas, con situaciones de violencia (35% agresiones verbales, 25% agresiones sexuales y 15% agresiones físicas). Fuera de la pareja, la mitad de los encuestados han enfrentado bromas y comentarios ofensivos, así como tocamientos sexuales no consentidos. Una de cada cinco personas han sufrido una violación o intento de violación.

La población trans y no binaria acude un 40% más al médico de cabecera que la población general, y en la mayoría de los casos se debe a asuntos relacionados por su transición de género. Sin embargo, el 80% de las personas encuestadas han sufrido algún tipo de violencia o discriminación en el Sistema Nacional de Salud. Las malas experiencias hacen que cerca de la mitad no se atrevan a decir abiertamente que son personas transgénero. En un 26,6% de los casos, han recibido preguntas y comentarios invasivos sobre su cuerpo y cerca del 40% han experimentado situaciones incómodas por no tener cambiada la documentación sanitaria para reflejar su identidad.

Una de cada 10 personas encuestadas confiesan que su médico de cabecera consideraba que ser trans o no binario era una enfermedad. En esta línea, al 10% de los encuestados les han forzado o presionado para someterse a un examen médico o psicológico en relación con su identidad de género y en un 205 de los casos, el médico de cabecera se ha negado a llamarles por su nombre o utilizar los pronombres correctos durante la consulta.

Estas violencias, unido al miedo a la discriminación y las listas de espera, hacen que gran parte de los tratamientos hormonales y quirúrgicos de transición se den en la sanidad privada. En un 13% de los casos, no obstante, las personas trans se han visto obligadas a interrumpir sus tratamientos por falta de suministros en las farmacias.

Los investigadores han insistido en la necesidad de formar al personal sanitario público, garantizar un seguimiento de las transiciones y asegurar los suministros farmacológicos para reducir este desequilibrio.

En la presentación del estudio, Belza ha informado que la investigación sufrió intentos de boicot por parte de grupos feministas transexcluyentes, conocidos como TERF. Al conocerse que se estaba elaborando el informe, estos grupos entraron a la encuesta de forma fraudulenta y rogaban al ISCII, al Ministerio de Ciencia y al Ministerio de Sanidad “rigor” para no realizar este tipo de encuestas. “Esto resultó en unas 1.400 entradas fraudulentas al cuestionario en 48 horas”, ha explicado Belza.

En las preguntas abiertas del cuestionario, se han recogido insultos y un trato degradante a los investigadores, así como intentos de suplantar la identidad de personas trans. “Hubo ataques a una de las personas que organizó el estudio”, ha confesado Belza. Los intentos de boicot impidieron difundir el cuestionario por redes sociales, pero el estudio contó con el apoyo de las entidades comunitarias, lo que ha permitido alcanzar una muestra considerable. Pese a ello, los autores reconocen que se ha perdido diversidad y se ha limitado el análisis posible.