Las 10 preguntas sobre Muface y los planes de Sanidad: ¿qué pasará con el millón y medio de funcionarios afectados?

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) está en un punto muerto desde que el pasado 5 de noviembre las aseguradoras Asisa, Adeslas y DKV rechazasen incorporarse al nuevo concierto para el bienio 2025-2026. El servicio que proporcionaba asistencia sanitaria privada a 1,5 millones de funcionarios y sus familiares podría quedar definitivamente disuelto si no se consigue llegar a un acuerdo con las empresas que lo sustentaban.

Algunos defienden que la caída de Muface provocaría el colapso de la sanidad pública, mientras que otros ven en este aviso un alarmismo desmesurado y entienden que Sistema Nacional de Salud, pese a sus largas listas de espera, podría acoger sin problema a aquellos que en su día optaron por acudir a los servicios privados. En todo ello, queda la incertidumbre de los afectados, que el 31 de diciembre podrían quedarse en un limbo sanitario.

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado es el organismo encargado de gestionar la asistencia sanitaria y social a los funcionarios civiles del Estado. Los trabajadores incluidos en este sistema eligen cada año si prefieren recibir su asistencia sanitaria de una de las aseguradoras privadas (Asisa, Adeslas o DKV) o si serán atendidos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Este organismo autónomo depende del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública.

El concierto de Muface para 2025-2026 ofrecía un aumento de las primas del 17,12%, el máximo en su historia. Esto suponía un presupuesto de licitación sin impuestos de 2.681,6 millones de euros (1.337 millones para 2025 y 1.344 millones para 2026). Sin embargo, las aseguradoras consideran que el incremento no es suficiente.

Las empresas implicadas denuncian desde hace años la infrafinanciación del sistema y aseguran que acumulan pérdidas de 200 millones de euros anuales al participar en el convenio, en gran parte por el envejecimiento de los funcionarios. Por ello, habían propuesto un aumento de las primas del 38%, que queda lejos de lo ofertado por el Ministerio de Función Pública.

El Ministerio de Función Pública trabaja en sacar una nueva licitación que atraiga a las aseguradoras de vuelta a Muface. En cualquier caso, el mismo 5 de noviembre insistieron en que seguirían garantizando la asistencia sanitaria con las mismas condiciones a las actuales. Lo harían a través de una prórroga forzosa del convenio de 2023-2024, prevista en la Ley de Contratos del sector público, que les dejaría un plazo de 9 meses para conseguir un nuevo acuerdo con las empresas privadas.

Tanto los funcionarios como sus familiares pueden beneficiarse del sistema Muface. Actualmente, hay registrados como beneficiarios unas 1.500.000 personas, pero no todos eligen la sanidad privada. Según las cifras actualizadas a octubre de 2024, 1.007.322 han escogido recibir asistencia sanitaria mediante aseguradoras privadas, lo que supone un 67,3% del total.

En los últimos 12 años la cifra apenas ha variado, mientras que aquellos que optan por la sanidad pública se han incrementado en un 75%, según cálculos del ministerio de Mónica García.

En Muface, el 65% de los mutualistas son docentes de educación primaria, secundaria y universitaria, mientras que un 17% pertenece a alguno de los cuerpos de la Administración General del Estado. Comparado con la población general, la población de Muface es mayor. El grupo de edad mayoritario entre los que eligen la sanidad privada es el de 35 a 64 años, que supone el 42,4% del total, mientras que los mayores de 65 años son el 31,9% del total.

Pese a su edad, Sanidad ha comprobado que la población mutualista tiene mejor salud que la población general. Así lo muestran los datos de aquellos funcionarios que eligen el Sistema Nacional de Salud: tiene menos diabetes, Hipertensión Arterial, insuficiencia cardiaca, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) o cardiopatía isquémica. “Solo hay un grupo de enfermedades más presentes en los mutualistas estudiados: patología cancerosa. Esto parece ser porque los mutualistas con cáncer se pasan (o se ven forzados a pasarse) a la sanidad pública, y por eso quedan ahí sobrerrepresentados”, ha explicado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

En el caso de que el concierto no pudiera renovarse, más de un millón de personas entrarían al SNS. Según los estudios de la Universidad Complutense, financiados por la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), la desaparición de Muface le costaría más de mil millones de euros anuales a las arcas públicas y supondría un aumento del 266% de las listas de espera.

Pero el Ministerio de Sanidad no ha dado gran validez a estos informes y consideran que en ellos se obvian elementos importantes como el posible doble aseguramiento de la población y sus efectos, las prestaciones no cubiertas en Muface o que los costes medios son distintos a los costes marginales. El elaborado por la cartera de Mónica García hace hincapié en que traer a los funcionarios al SNS supondría un aumento del 2,12% de la población ya atendida, algo que consideran factible de realizar, especialmente si se invierte en el SNS el dinero hasta ahora destinado a Muface.

“La sanidad pública estaría eventualmente preparada para la absorción de toda esa población. Y no solo eso, sino que además les daríamos un servicio que incluso para determinadas poblaciones es mejor, porque incluye la Atención Primaria”, aseguró García ante los medios el pasado jueves.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha recordado que el SNS ya ha sufrido incrementos similares “cuando el sistema se fue haciendo cada vez más grande”. En 1983, el Instituto Nacional de la Seguridad Social incorporó de forma obligatoria a 400.000 autónomos a la cobertura del INSALUD (sistema previo al SNS) y, en 1989, se incorporaron en torno a 250.000 personas que estaban acogidas al padrón de beneficencia.

El impacto en cada comunidad autónoma sería diferente por la distribución de los funcionarios, su edad y las patologías que padecen. El informe de Sanidad apunta a Andalucía, Castilla y León y Extremadura como las más afectadas, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En todos estos casos, el porcentaje de población mutualista de más de 65 años es superior al de la ciudadanía general, siendo Andalucía la Comunidad Autónoma con mayor impacto en la incorporación de este grupo de edad.

Asimismo, incorporarían un porcentaje de funcionarios más alto respecto a su población general: un 2,94% en Andalucía, un 3,12% en Castilla y León y un 3,02% en Extremadura. Para Ceuta (5,27%) y Melilla (5,13%) supondría el mayor esfuerzo. Pese a ello, son Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana quienes incorporarían mayor número de funcionarios a sus sistemas sanitarios, según los datos de Muface de 2023.

En el caso de que las negociaciones con Muface fracasen, el Ministerio de Sanidad ha propuesto utilizar el periodo de prórroga forzosa para hacer una “incorporación paulatina” de los mutualistas al SNS. Se haría de forma estratificada, según el orden alfabético de los apellidos, la edad y la aseguradora prestadora de los servicios en cada caso. Además, se haría prestando atención a las necesidades de salud de cada persona para evitar duplicidad de pruebas, saturación de listas de espera y garantizar que se mantengan los tratamientos sin interrupciones.

Actualmente, los sindicatos se inclinan por dar continuidad a Muface. Así, CSIF se ha opuesto “frontalmente” al plan de Sanidad. Ha pedido al Ministerio de Función Pública, de quien depende Muface, “que rectifique al ministerio de Mónica García y presente una nueva licitación para el concierto con las aseguradoras, tal y como se comprometió en la última reunión del Consejo General de Muface”. De no cumplirse, adelantan que habrá manifestaciones, paros y una posible huelga en función pública.