En España, el propietario de un inmueble puede rescindir un contrato de alquiler y desalojar a los inquilinos si necesita la vivienda para su uso personal o para que la ocupen su cónyuge, sus padres o sus hijos, siempre que haya transcurrido al menos un año desde la firma del contrato, según explica la Ley de Arrendamientos Urbanos. Sin embargo, para ejercer este derecho, está obligado a notificarlo formalmente a los inquilinos con un mínimo de dos meses de antelación y a justificar la necesidad de manera adecuada.
En ocasiones, hay propietarios que utilizan esta excusa para cambiar de inquilinos y poder subir el precio del alquiler de la vivienda. Y esto es, precisamente, lo que le ha pasado a la familia Bonet, que el pasado agosto de 2023 recibieron una carta de la agencia inmobiliaria notificándoles la resolución del contrato de arrendamiento, por una “necesidad concreta y urgente de los miembros de la familia del arrendador”. Sin embargo, la familia tiene sus motivos para dudar de la buena fe de su antiguo propietario.
El apartamento, ubicado en un tranquilo barrio de Lausana (Suiza), era considerado por la familia como un lugar ideal. Desde 2005, disfrutaban de un espacio de cinco habitaciones con un amplio jardín por un alquiler mensual de poco más de 2500 francos suizos. “Era perfecto, nunca pensamos en mudarnos”, comentó la madre, Laurent Bonnet al medio de comunicación suizo, Blick. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando recibieron la carta de la agencia inmobiliaria.
La controversia se intensificó cuando, tras dejar el apartamento en septiembre de 2023, los Bonnet descubrieron que su antiguo hogar estaba nuevamente en el mercado de alquiler, esta vez con un aumento significativo en el precio, hasta los 3.430 francos. El anuncio apareció en plataformas de alquiler suizas como ImmoScout24, lo que incrementó sus sospechas sobre la legitimidad de la rescisión del contrato.
La familia Bonnet ha intentado obtener más información sobre los supuestos nuevos ocupantes del apartamento, pero las solicitudes de información a la dirección sobre los “miembros de la familia del arrendador” que debían sustituirlos no han dado resultado.
“Él sentía que yo no pagaba lo suficiente”
La pareja cree que lo que ha desencadenado esta situación es que solicitaron numerosas reducciones del alquiler. “Pedimos reducciones de los alquileres con cada bajada del tipo hipotecario”, reconoce Laurent. “Él sentía que yo no pagaba lo suficiente”, recuerda, “Me llamó para decirme que tenía uno de los alquileres más baratos de la zona. Le dije que probablemente los alquileres de otras personas eran demasiado altos”. Aun así, la mujer cuenta que con ella no se portó del todo mal: “Amenazó a nuestra vecina con echarla si pedía una reducción del alquiler. Pero sólo de palabra, él sabe muy bien lo que hace”, admite a Blick.
La situación de los Bonnet no es única, y refleja una problemática más amplia en el mercado inmobiliario suizo, donde los inquilinos a menudo se sienten desprotegidos frente a las decisiones de los propietarios.
De hecho, este caso se produce en un contexto de debate nacional en Suiza sobre el derecho de los propietarios a rescindir contratos de alquiler por “necesidad propia”. El próximo 24 de noviembre, el pueblo suizo votará sobre una propuesta que podría facilitar este tipo de rescisión, lo que ha generado preocupación entre los inquilinos.
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