La queja de un ladrón herido por la Policía que consiguió una indemnización de 480.000: “El dinero no llegó nunca”

Corría el año 2013, MS, un ladrón italiano estaba intentando escapar en su coche después de un robo cuando recibió un disparo de un agente. Once años después, este caso sigue estando encima de la mesa de los tribunales y de las consecuencias civiles que le siguieron. Ahora, el caso está siendo examinado por los jueces del Tribunal de Apelación: el perjudicado, MS, ha pidió una indemnización de 480.000 euros, pero la cantidad todavía no ha sido cobrada.

La batalla judicial entre ladrón y policía sigue estando en lo más alto. Hoy en día se trata de determinar la responsabilidad del agente, condenado en 2018 a seis meses de libertad condicional. Pero no se quedó ahí, la sentencia también recogía una cantidad provisional de 50 mil euros como concepto de anticipo de la indemnización global a solicitar en el proceso civil, que se abonó periódicamente hasta hace ocho años (2016).

Luego, llegó el turno del proceso civil, que inicialmente se había iniciado en Roma, pero el Tribunal Capitolino declaró su incompetencia territorial y remitió el caso a otro distrito, según ha informado Il Corriere della Sera.

El resto del dinero jamás llegó a la cuenta del ladrón. “Llevamos once años proponiendo a las dos partes una transacción, hasta ahora sin éxito” ha explicado el abogado de MS, Domenico Peila, acompañado de su compañero Enrico Usseglio Min. “Cabe preguntarse si esta actitud de cierre le conviene al Estado o, si por el contrario, no supone una carga adicional”, ha añadido el abogado.

Por su parte, el ladrón también fue condenado penalmente por el robo, pero tiene una discapacidad del 80% tras esa lesión ocasionada por la bala. Según sus abogados, MS camina con gran dificultad como consecuencias de las heridas. “Sólo tiene la ayuda de sus férulas que tensan sus piernas”, han señalado.

El caso volverá a los tribunales a principios del año que viene, mientras tanto, el juez Francesco Eugenio Rizzi ha invitado a las partes a llegar a un acuerdo, según ha comentado Leggo.

Es evidente que el uso de la fuerza y la coacción legal a que están autorizadas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el cumplimiento de sus funciones, genera polémicas y controversias sobre cuáles son los límites en su uso, más aún si lo que se plantea es concretamente el de las armas de fuego.

De acuerdo con la Sección Segunda del alto tribunal, por regla general, las armas de fuego no se pueden utilizar contra las personas que huyen de la acción de la autoridad valiéndose de sí mismas o utilizando vehículos. Solo se podría disparar cuando se trate de vehículos en movimiento que se utilicen como armas y con la intención de causar daños o bienes jurídicos relevantes, o cuando desde estos, se dispare para proteger la huida.

Así, la coerción, uno de los medios con los que cuenta la policía para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales de los ciudadanos, deberá ser utilizada en última instancia y reduciendo las probabilidades de lesionar o causar la muerte de las personas que deban ser sometidas, según la legislación española.