El racismo no solo es un problema social que afecta a miles de personas en España, sino que también tiene un importante impacto económico. En concreto, el coste de la discriminación laboral y educativa de la población extranjera asciende a 17.000 millones de euros, un 1,3% del PIB, según un informe publicado este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), que indica que los trabajadores extranjeros tienen más dificultades para acceder al mercado laboral y peores salarios, además de menos oportunidades en el ámbito educativo.
Con base en datos de 2022, el informe subraya que las desigualdades en el acceso, permanencia y remuneración en el mercado laboral afectan de manera significativa a la población extranjera, especialmente a las mujeres, con un coste total de 12.300 millones de euros. La tasa de desempleo entre personas extranjeras se sitúa en un 18,2%, en comparación con el 11,6% de población autóctona, lo que supone una pérdida de unos 5.100 millones de euros, señala el análisis.
Además, a pesar de que la tasa de actividad entre extranjeros es generalmente más alta (71%) que la de los autóctonos (56%), existen importantes diferencias de participación laboral de las mujeres extranjeras, que tienen un 2,3% menos de probabilidad de empleo, lo que se traduce en una brecha que representa una pérdida de cerca de 1.200 millones de euros anuales.
Este estudio, realizado por los profesores de la Universidad Autónoma de Madrid Ramón Mahía y Eva Medina y cofinanciado por la Unión Europea, “evidencia la urgencia de seguir implementando más políticas inclusivas que fomenten la igualdad de oportunidades para todos”, ha señalado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que también ha indicado que la discriminación “no solo afecta profundamente a quienes la padecen, sino que priva a nuestro país de un valioso potencial económico y social”. “Cuando no aprovechamos plenamente el talento y la capacidad de nuestra población extranjera, perdemos oportunidades de crecimiento e innovación que beneficiarían a toda la sociedad española”.
Para lograr esa política más inclusiva, el departamento que dirige Saiz está trabajando en una reforma del Reglamento de Extranjería con el objetivo de “mejorar las vías de migración regular, ordenada y segura a través de la reducción de plazos y la eliminación de duplicidades procedimentales”.
Sobre cualificación
El estudio también apunta que los empleados migrantes tienen un 15% más de probabilidades de trabajar en un puesto por debajo de su cualificación, ya que a pesar de contar con estudios superiores o secundarios están trabajando en un empleo que está por debajo de su formación. El problema, además, también afecta especialmente a las mujeres extranjeras.
En cuanto a la discriminación salarial, las diferencias en los salarios entre la población extranjera y autóctona alcanzan los 500 euros mensuales.
Discriminación educativa: peores resultados y más acoso escolar
También hay discriminación en el ámbito educativo, lo cual limita las oportunidades de la población extranjera desde edades tempranas y “con un impacto económico considerable que asciende a los 4.800 millones de euros”. Según el estudio, la tasa de escolarización de estudiantes extranjeros es un 17% inferior a la de los autóctonos, es decir, más de 222.000 jóvenes extranjeros no acceden al sistema educativo en igualdad de condiciones, lo cual tiene implicaciones directas en su desarrollo y en su capacidad de contribuir a la economía española.
Además, una vez incorporados al sistema educativo, los estudiantes extranjeros enfrentan mayores tasas de repetición, peor rendimiento académico y una mayor exposición al acoso escolar, factores que incrementan el riesgo de abandono y afectan a sus oportunidades futuras.