El Gobierno salva una derrota ‘in extremis’ tras pactar el impuesto a las energéticas y gana tiempo con su reforma fiscal

La votación del impuesto mínimo del 15% a las grandes multinacionales supera el trámite en la Comisión de Hacienda, pero no tiene las garantías de salir adelante en el Pleno del próximo jueves

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La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, conversa con el diputado socialista Santos Cerdán y el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. (Fernando Villar/EFE)
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, conversa con el diputado socialista Santos Cerdán y el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. (Fernando Villar/EFE)

Jornada caótica en el Congreso. Vetos cruzados y negociaciones a varias bandas y a contrarreloj. La votación en la Comisión de Hacienda de la ley para trasponer la directiva europea sobre el impuesto mínimo del 15% a las grandes multinacionales arroja más dudas que certezas, a pesar de que el Gobierno ha conseguido en la madrugada de este martes salvar una bola de partido. En todo caso, es una patada hacia adelante, ya que el Pleno de la Cámara Baja tendrá la última palabra este jueves sobre la norma, que contiene además el paquete fiscal pactado por el Ejecutivo con Junts y PNV.

Hasta dos veces pospuso el Gobierno la votación de las enmiendas a la ley en la Comisión de Hacienda. Este lunes, en la tercera oportunidad, los socios parlamentarios de Pedro Sánchez amagaron con tumbar una nueva norma del Ejecutivo de coalición en el Congreso, pero un compromiso de última hora con ERC, EH Bildu y BNG permitió salvar la votación. Según dieron a conocer las tres formaciones soberanistas, el Gobierno se comprometió a aprobar un real decreto-ley para prorrogar durante todo el año 2025 el impuesto a las energéticas.

Si bien, este pacto no garantiza la aprobación definitiva de la ley por varias razones. Y es que, nada más votarse el dictamen en la comisión, el Ministerio de Hacienda aclaró que “mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización”. Esto pilló con el pie cambiado a las fuerzas progresistas que garantizaron su apoyo al texto del PSOE, poniendo contra las cuerdas la votación del próximo jueves.

Además, en el Pleno se suma el factor Podemos. El partido morado señaló que “sólo apoyará esta reforma fiscal si el impuesto realmente se mantiene”, es decir, si Junts vota a favor, algo que desde la formación independentista niegan. “Está muy bien que el Gobierno se comprometa a prorrogar el gravamen a las energéticas con ERC y Bildu, pero sin garantías de que Junts también lo apoyará, es poco más que papel mojado”, criticó la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en un mensaje en X.

El motivo de la discordia que ha torpedeado la ley durante los últimos días no es el mínimo impositivo para las multinacionales en sí, ya que hay un consenso amplio en torno a su aprobación al tratarse de una directriz europea. De hecho, de no entrar en vigor en 2025, España se enfrentaría a una sanción de Bruselas. La causa de la división radica en la reforma fiscal que el Gobierno quiso aparejar a la tramitación de la ley, y que dividió a sus socios en dos grandes bloques ideológicos. Las nuevas propuestas impositivas, fijadas con PNV y Junts, no convencieron ni a ERC ni a EH Bildu, poniendo en riesgo la propia ley.

En el marco de la tramitación de la directiva europea, el Ministerio de Hacienda cerró un acuerdo con PNV y Junts para no prorrogar el impuesto energético, como pedía el partido de Carles Puigdemont, a cambio de mantener tres años el gravamen a la banca. El Grupo Vasco logró la concertación con capacidad normativa de los impuestos a grupos multinacionales y banca para que sean regulados por las haciendas forales. Este acuerdo incluyó además una serie de medidas fiscales sobre la tributación del tabaco, los hidrocarburos o el IRPF de las rentas del capital.

Vista de la Comisión de Hacienda del Congreso. (Zipi Aragón/EFE)
Vista de la Comisión de Hacienda del Congreso. (Zipi Aragón/EFE)

Si bien, la importancia de otras formaciones para sacar adelante estas medidas obligó a meter en el mismo saco a ERC, EH Bildu y BNG, que se mostraron dispuestos a rechazar toda la ley si no se aprobaba también la continuidad del impuesto a las energéticas. Las izquierdas independentistas pidieron al PSOE dejar el texto legal tal y como estaba, es decir, salvar solo lo relativo al impuesto mínimo del 15% a las grandes multinacionales e incluir solo las medidas destinadas a combatir el fraude del IVA en los hidrocarburos. “Retiren las enmiendas, dejen solo el texto de la directiva, dejen lo que regula el IVA a los hidrocarburos, pero no votaremos el chantaje de que si las energéticas pagan, todo se va al garete”, defendió en la Comisión de Hacienda la representante de ERC Pilar Vallugera.

El impuesto a la banca se volverá a votar el jueves

Desde el inicio de la votación, a las 17 horas del lunes, hasta las 23 horas, el Gobierno apuró hasta lograr atraer a los tres partidos independentistas con el compromiso de prorrogar el impuesto a las energéticas. Estas, a cambio, votarán el jueves a favor de tramitar el gravamen a la banca en los términos planteados por Junts y PNV, es decir, “aumentando el tramo más alto en el impuesto, dirigiendo toda la recaudación a las Comunidades Autónomas y concertado con las haciendas forales de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra”.

En el marco de la misma ley, el Congreso tumbó el grueso de las medidas fiscales pactadas entre las formaciones que sostienen el Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, como la supresión del régimen fiscal especial de las socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliarios), y de la exención a las primas de seguros privados sanitarios, el nuevo impuesto sobre los bienes suntuarios (jet y yates privados, coches de lujo, etc) y el IVA del 21% para los apartamentos turísticos.

Cabe señalar que en el momento de la votación de las enmiendas, los socialistas rechazaron las referidas a fin de las ventajas fiscales para las socimis y los seguros sanitarios, lo que sorprendió a los de Yolanda Díaz. Asimismo, decayó la pretensión de Hacienda de eliminar la bonificación fiscal al diésel para equipararlo a la gasolina.

Por otro lado, la Cámara Baja aprobó subir dos puntos el IRPF para las rentas del ahorro superiores a 300.000 euros (del 28% al 30%), introducir rebajas fiscales a pymes y micropymes, la deducción especial por recapitalizaciones, la subida de la fiscalidad asociada al tabaco (incluye un nuevo impuesto a los vapeadores), así como las medidas para poner freno al fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos.

También, la comisión de Hacienda dio luz verde a bajar el impuesto de sociedades a las cooperativas y empresas que facturan menos de un millón de euros, mejorar la tributación de las actividades artísticas y una bonificación de las cuotas a la Seguridad Social para los clubes y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro.

Antes de la votación, celebrada cerca de las una de la madrugada del martes, el PP mostró su enfado por la suspensión de la comisión durante más de cuatro horas, lo que fue un “secuestro” de la institución. En total, la cita duró ocho horas en total y, aunque el Gobierno evitó una derrota parlamentaria, la agonía no ha acabado para los de Pedro Sánchez, ya que la reforma fiscal comprometida con Bruselas para el desembolso de 7.000 millones de euros de los fondos europeos todavía no está garantizada.

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