Crece el debate sobre prorrogar la vida útil de la energía nuclear: “España no puede ser el único país que cierra sus centrales”

La energía nuclear en España atraviesa un momento clave para su mantenimiento o desarrollo. Tal y como recoge el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), las centrales nucleares deberán cerrar progresivamente entre 2027 y 2035. Este calendario se diseñó como parte del compromiso del país con la transición energética hacia un modelo basado en energías renovables. Sin embargo, voces del sector energético, estudios recientes y representantes políticos plantean dudas sobre la viabilidad de esta hoja de ruta y alertan sobre los riesgos asociados al cierre definitivo de las plantas nucleares.

El objetivo de este PNIEC es ambicioso: para 2030, necesitaríamos alcanzar una generación eléctrica de fuentes renovables del 81% sobre el total del mix energético. Este desafío requiere no solo incrementar la capacidad instalada de energía limpia, sino también garantizar el almacenamiento necesario para cubrir la demanda en momentos de baja producción renovable. Actualmente, la energía nuclear aporta alrededor del 20% de la electricidad generada en España y es una fuente estable que no depende de factores meteorológicos, como ocurre con la solar o la eólica.

Sin embargo, el despliegue renovable no avanza al ritmo esperado. En 2024, la demanda eléctrica apenas creció un 1,5% respecto al año anterior, lejos del aumento del 35% previsto para 2030 en el PNIEC. Además, el desarrollo de sistemas de almacenamiento energético sigue siendo limitado: España dispone hoy de 27 MW de capacidad instalada en baterías, pero el plan prevé alcanzar 12,5 GW en seis años, una cifra que requiere un crecimiento exponencial.

La posibilidad de prolongar la vida útil de las centrales nucleares está ganando peso en el debate público y político. Un informe de la consultora LLYC, liderado por el exministro Jordi Sevilla, subraya que cerrar las nucleares antes de que las renovables puedan garantizar un suministro estable podría poner en riesgo la seguridad energética, aumentar la dependencia de combustibles fósiles y encarecer los costes para los consumidores. Además, la carga fiscal que soportan las nucleares en España, un 71% más alta desde 2019, desincentiva su operatividad. Según el informe, reducir esta presión impositiva podría hacer viable la extensión de su vida útil al menos una década más, mientras se consolidan las renovables y los sistemas de almacenamiento.

Otro informe reciente de Fedea, el ‘think tank’ de la CEOE, comparaba un escenario de cierres nucleares según el calendario actual frente a una extensión a 60 años de operación nuclear —no respecto al precio actual—, arrojando que en los años posteriores al cierre se produciría ese incremento medio del precio de mercado del 9%, un aumento de la producción de ciclos combinados del 46% y se elevarían las emisiones de CO2 del sector eléctrico en un 15%.

En el plano internacional, países como Francia, Reino Unido y Estados Unidos están apostando por la modernización de sus plantas nucleares y el desarrollo de tecnologías avanzadas como los reactores modulares pequeños (SMR). Estas instalaciones, más seguras y adaptables, se perfilan como una solución para garantizar la estabilidad del sistema energético en un escenario de creciente electrificación. Sevilla lo explicaba durante la presentación de su informe, argumentando que “España no puede ser el único país que cierra sus nucleares”.

La percepción de la energía nuclear ha cambiado significativamente en los últimos años, tanto a nivel global como en España. En la Unión Europea, la inclusión de la nuclear en la taxonomía verde reconoce su papel en la lucha contra el cambio climático, al tratarse de una fuente que no emite CO₂. Este cambio ha abierto la puerta a una revisión de su rol en el mix energético.

En el ámbito nacional, comunidades autónomas como Extremadura y Comunidad Valenciana, donde se encuentran las centrales de Almaraz y Cofrentes, han expresado su apoyo a mantener estas instalaciones en funcionamiento. Los sindicatos también han señalado la importancia de la energía nuclear para el empleo y la economía local. Sin embargo, el cierre escalonado de las centrales es parte de un acuerdo firmado por el Gobierno y las empresas propietarias en 2019, en el que se establecieron plazos específicos para la clausura de cada planta. Aunque revisarlo no es imposible, requeriría consenso político, algo que parece distante en el panorama español.

Más allá de las decisiones técnicas y políticas, la aceptación social es un factor clave para el futuro de la energía nuclear en España. Asociaciones como Women in Nuclear (WiN) trabajan para desmitificar esta tecnología y destacar su contribución a un sistema energético sostenible. Amparo Soler, presidenta de WiN España, considera esencial “escuchar y dialogar con la sociedad, respondiendo a sus inquietudes con transparencia y empatía”. Además, desde la organización trabajan para “dar visibilidad a las mujeres en el sector energético”.

Desde su punto de vista, el debate público en torno a la energía nuclear sigue marcado por mitos y percepciones negativas que dificultan un análisis objetivo de sus beneficios y riesgos. Según estos expertos, una mayor inversión en divulgación y educación es crucial para informar a la ciudadanía sobre el papel real de esta tecnología en la lucha contra el cambio climático y la transición energética. Soler señala que “contar historias reales, compartir casos de éxito y mostrar los últimos avances tecnológicos es una excelente manera de romper mitos y generar confianza”.