Pedro Sánchez cumple un año desde que reeditó el Gobierno: cercado por frentes judiciales, sin nuevos Presupuestos y con 15 leyes aprobadas

Pedro Sánchez fue reelegido presidente del Gobierno por tercera vez hace hoy justo un año. El debate de investidura, celebrado más de cuatro meses después de las elecciones del 23-J, estuvo marcado por la amnistía a los encausados por el procés catalán, la medida que capitalizó las negociaciones y los primeros compases de la legislatura, permitiendo el voto favorable de Junts y el regreso a la primera plana de Carles Puigdemont.

Pero la medida de gracia, cuya aplicación apenas ha tenido efectos prácticos sobre los principales protagonistas, entre ellos el propio expresidente de la Generalitat, pasó antes de lo previsto a un segundo plano. Y es que, desde mediados de abril, la política cambió el foco y se trasladó a los tribunales, donde varias causas judiciales han estrechado el cerco a Sánchez al implicar a su entorno más cercano.

La investigación que afecta a su mujer, Begoña Gómez; la apertura de diligencias contra su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, por un presunto delito contra la Administración; y la reciente imputación del exministro José Luis Ábalos han instaurado un clima generalizado de corrupción que salpica la acción del Gobierno, la cual es, por otro lado, constantemente cuestionada ante su debilidad parlamentaria en el Congreso por la inestabilidad de los apoyos.

La imputación de Begoña Gómez y el caso Koldo han impactado de lleno en Moncloa, marcando el paso al Gobierno y llenando a la oposición de argumentos para arremeter contra el presidente del Ejecutivo, la principal figura a batir. Por un lado, el juez Juan Carlos Peinado investiga a la mujer de Pedro Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Sánchez, que se ha mostrado confiado en la Justicia y en el Estado de derecho, se mantiene al frente de la Moncloa porque defiende que la causa judicial “quedará en nada”.

El presidente del Gobierno, que acusa a la derecha y ultraderecha de una campaña de “acoso y derribo” en el ámbito personal y familiar, protagonizó a finales de abril un hecho inédito en la historia de la democracia reciente al aislarse durante cinco días para reflexionar si merecía o no la pena seguir al frente del Gobierno. Decidió continuar “con más fuerza”, prometiendo un plan de 31 medidas de regeneración democrática que siguen sin plasmarse en el BOE.

En cuanto al caso Koldo, el presidente del Gobierno ha puesto todo el foco en la actuación de quien un día fue su mano derecha en el PSOE y en Moncloa para echar balones fuera. A pesar de que las acciones presuntamente delictivas de las que se le acusa fueron cometidas bajo el liderazgo del Ministerio de Transportes del anterior Gobierno de coalición, Sánchez se desentiende de Ábalos, a quien defenestró hace unos meses después de que Ferraz le exigiera responsabilidades políticas por este caso de corrupción.

El 16 de noviembre de 2023, el dirigente socialista arrancaba una nueva etapa al frente de su tercer Gobierno con el reto de consolidar el apoyo de una endiablada mayoría parlamentaria que le otorgó su confianza. “A los 179 diputados y diputadas que han comprometido su voto y que representan, nada más y nada menos, que a 12.600.000 ciudadanos de nuestro país que el pasado 23 de julio decidieron seguir avanzando en lugar de retroceder. A todos ellos y a todas ellas, moitas grazas, moltes gràcies, eskerrik asko, muchas gracias”, señaló Sánchez para reconocer el apoyo a su investidura del PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria.

No pintaba fácil y, 12 meses después, la realidad ha confirmado los peores augurios. Sánchez ha sido incapaz hasta la fecha de presentar unas nuevas cuentas públicas. El Gobierno, que sobrevive con los Presupuestos prorrogados de 2023, encara un escenario incierto y ya se preparara para volver a posponer este hito, al menos durante los primeros meses de 2025.

Aunque el proyecto presupuestario es la ley sobre la que pivota la estabilidad de la legislatura, el Gobierno tiene sobre la mesa en estos momentos un verdadero rompecabezas que amenaza con minar aún más la confianza de sus aliados parlamentarios, complicando el terreno para la negociación de los Presupuestos. La reforma fiscal parte en dos la mayoría que invistió a Sánchez hace un año y, además, pone contra las cuerdas el desembolso de 7.000 millones de euros de los fondos europeos.

A un lado, PNV y Junts; al otro, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG. El plan del Ejecutivo, pactado “por la derecha”, saca de la ecuación a los partidos a la izquierda del tablero político al supeditar su apoyo a prorrogar el impuesto a las energéticas, que quedó fuera del acuerdo a cambio de mantener tres años el gravamen a la banca. Esta norma es el claro ejemplo de la complejidad a la que se enfrentaba Pedro Sánchez en esta legislatura, ya que fue capaz de armar una mayoría plural, pero diversa, con planteamientos ideológicos e intereses contrapuestos.

Durante este periodo, sus aliados parlamentarios han puesto en serios apuros al Ejecutivo en más de una ocasión, ahondando en su debilidad parlamentaria, que no solo se refleja en la incapacidad de aprobar unos nuevos Presupuestos. Hasta ahora, el Ejecutivo apenas ha podido sacar adelante 15 leyes. De esta cifra, siete corresponden a reales decretos-leyes, a la que se sumará en las próximas semanas las dos normas con medidas para responder a la DANA, el peor desastre natural de la historia de España.

Además de la norma de la amnistía, presentada por el grupo socialista, hay otros siete proyectos de ley plasmados en el BOE. Se trata de las leyes de enseñanzas artísticas, de paridad, la creación de una Autoridad Investigación Accidentes, la norma de antecedentes penales (permitirá a varios presos etarras adelantar su salida de prisión), la ley del derecho de Defensa, y otras dos que afectan a los agentes y bomberos forestales.

La política exterior también ha tenido un lugar destacado en la acción del Gobierno de Pedro Sánchez, protagonizando crisis diplomáticas con Israel, tras reconocer el Estado palestino, y Argentina, después de que Javier Milei dijera en España que Begoña Gómez era una “corrupta”.

Durante los últimos 366 días, la crispación política no ha bajado el listón, aunque ha habido algún oasis que otro en el desierto de la confrontación. PSOE y PP acordaron reformar el artículo 49 de la Constitución para eliminar el término “disminuido” y renovaron el Consejo General del Poder Judicial tras más de cinco años de bloqueo. Otro hito alcanzado durante este primer año del actual Gobierno de Sánchez fue la ley ELA, un ejemplo de unidad casi inédita que reconcilió en cierta medida a la ciudadanía con la clase política.