Ayuso aprueba 8 rebajas fiscales (incluida la ley Mbappé) mientras reconoce que Madrid colapsaría si suma a los 236.000 mutualistas de Muface

La Comunidad de Madrid da luz verde a bajadas de impuestos por valor de 150 millones de euros, el mismo día que la presidenta reconoce que la sanidad pública no podría acoger a los mutualistas madrileños de Muface. La oposición tilda de “suicida” la política fiscal del PP

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inaugurando un hospital privado
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inaugurando un hospital privado

Isabel Díaz Ayuso sigue bajando impuestos. La Asamblea de Madrid (donde el PP tiene mayoría absoluta) ha aprobado este jueves ocho rebajas de impuestos (incluida la mal llamada ‘ley Mbappé’ para atraer a inversores extranjeros) que supuestamente beneficiarán a medio millón de madrileños que se ahorrarán unos 150 millones de euros. Aunque el Ejecutivo regional siempre ha defendido que su política fiscal sirve para aumentar la recaudación, la oposición (Más Madrid y PSOE) critican con dureza este modelo, al que califican de “suicida” y de “insostenible”, ya que conduce a una “merma de los recursos públicos esenciales como la sanidad”.

Curiosamente, el mismo día que el Gobierno autonómico del PP vendía las bondades de estas nuevas rebajas fiscales, la presidenta Ayuso hablaba en la Asamblea del “colapso” que supondría para la sanidad pública madrileña que Muface, la mutua que cubre los servicios sanitarios de los funcionarios, no renovara el convenio con las aseguradoras privadas que vienen prestando este servicio. “La supresión de Muface supondría para Madrid afrontar de golpe 236.000 tarjetas sanitarias nuevas y desbordar las listas de espera. Buscan colapsar el sistema público también en la sanidad para reventarnos en Madrid”, señaló la presidenta regional.

No hay que olvidar que actualmente las tres listas de espera sanitarias (para operaciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y citas con el especialista) superan el millón de personas. La cifra más alta desde que hay registros. Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad y exdiputado de Madrid, corrigió Ayuso en la red social X y asegura que los mutualistas madrileños son 157.719 (no 236.000), lo que supondría un aumento del 2,4% de la población que ya está cubierta por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). “Ayuso está más preocupada porque 157.719 personas se integren en la sanidad pública que porque 2,5 millones de madrileños se hagan un seguro privado”, sentenció Padilla.

Un pasillo de hospital Ramón y Cajal de Madrid
Un pasillo de hospital Ramón y Cajal de Madrid

Las palabras de Ayuso, no obstante, abren el debate una vez más de la política fiscal que imponen las Administraciones controladas por el PP, que siempre defienden que donde mejor está el dinero de los contribuyentes es en sus bolsillos. Sin embargo, esa argumentación contrasta con la indignación de la oposición de izquierdas, que asegura que si se analiza en detalle esa política fiscal que “profundiza en la injusticia social al beneficiar solo a una minoría, los más ricos”, se acaban erosionando los recursos necesarios para financiar los servicios públicos. Los Presupuestos de 2025 para Madrid revelan que los beneficios fiscales llegarán hasta los 6.124,84 millones de euros, 114,35 millones más que en 2024 (una subida del 1,9%). Rebajas que se alimentan, sobre todo, de las aplicadas a los gravámenes de sucesiones y donaciones (4.948 millones de euros) y patrimonio (651).

Más deuda

Eduardo Gutiérrez, economista y diputado de Más Madrid, ha analizado los presupuestos de 2025 y las rebajas fiscales que conllevan. En realidad habla de “regalos fiscales que se quedan en más de sus dos terceras partes en los bolsillos de las más grandes fortunas con residencia fiscal en Madrid, concretamente en el 4,5% de los contribuyentes”. Y mientras tanto, la Comunidad se tiene que endeudar para pagar unos servicios públicos que no tienen la suficiente inversión. Para 2025 Madrid se tendrá que endeudar en 1.036 millones de euros.

Rebajas aprobadas

¿Qué rebajas se han aprobado este jueves? La mayoría son incentivos relacionados con la vivienda, en concreto cinco deducciones en el IRPF. La primera de ellas supondrá un ahorro de 1.000 euros por el arrendamiento de viviendas vacías, y se la podrán aplicar los pequeños propietarios que firmen contratos con una duración efectiva de, al menos, tres años. Cerca de 20.000 beneficiarios podrán ahorrarse 20 millones de euros, según la estimación de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Rocío Albert, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo.
Rocío Albert, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo.

La segunda pretende amortiguar el incremento de las cuotas de préstamos variables por la subida de tipos, tomando como referencia el euríbor a diciembre de 2022, con un límite de 300 euros y siempre que se trate de la vivienda habitual. Esta no debe haber costado más de 390.000 euros y la renta familiar per cápita no superar los 30.930 euros. Se estima que alcanzará a 450.000 hipotecados y la reducción para sus beneficiarios será de 90 millones. Además, se amplía el ámbito de aplicación de la deducción por arrendamiento de vivienda habitual vigente, elevando la edad máxima para poder aplicarla de 35 a 40 años. Con esta medida, se beneficiarán cerca de 45.000 contribuyentes, generando un alivio fiscal de 50 millones de euros anuales.

De cara a combatir la despoblación de los municipios rurales (con menos de 2.500 habitantes), los menores de 35 años que cambien a estas localidades su residencia habitual podrán deducirse 1.000 euros, independientemente de que compren o alquilen una vivienda. Además, se podrán deducir el 10% del precio de adquisición, con un límite anual de 1.546 euros, durante diez ejercicios fiscales. En este caso se calcula puedan beneficiarse unos 1.200 ciudadanos con un ahorro de 1,6 millones.

Ley Mbappé

Por último, otra rebaja aprobada este jueves por la Asamblea en el IRPF para atraer inversiones de nuevos contribuyentes procedentes del extranjero será del 20% de la aportación realizada en obligaciones, bonos, letras del tesoro, acciones de sociedades cotizadas y no cotizadas o aportaciones en sociedades limitadas (quedan fuera las viviendas). Para acogerse, se exige mantener tanto la inversión como la residencia fiscal en la región durante un mínimo de seis años. Además, y entre otras limitaciones, no se puede invertir en entidades domiciliadas en paraísos fiscales.

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