A petición de la Fiscalía Anticorrupción y el Partido Socialista Andaluz, un juez de Sevilla investigará toda la gestión del Gobierno andaluz en la contratación sanitaria de emergencia del Servicio Andaluz de Saluz (SAS) en los últimos cuatro años. Según ha adelantado la televisión pública RTVE y ha confirmado Europa Press, la justicia investigará a Valle García, actual gerente del SAS, y sus dos exgerentes, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzman, por un presunto delito de prevaricación administrativa.
Los tres acusados serán citados este mes de noviembre para notificarles la querella, si bien la citación se producirá más adelante. El juez de Instrucción número 13 de Sevilla, Francisco Javier Santamaría, ha admitido la querella impulsada por el PSOE. En ella, el partido denuncia que la administración andaluza mantuvo durante dos años y medio las contrataciones realizadas por el procedimiento de urgencia activado durante la pandemia del coronavirus. Al haberse dado por finalizada la emergencia sanitaria, estos contratos deberían haberse tramitado con los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
El auto del citado juzgado de Sevilla acuerda admitir a trámite la querella y la ampliación de la misma realizada por los parlamentarios del PSOE-A contra la actual gerente del SAS y los dos exgerentes. El juez que firma el auto acuerda citar a estos tres gerentes del SAS de la etapa 2021-2024 “para que comparezcan” ante dicho juzgado de Sevilla “en hora de audiencia cualquier día hábil del mes de noviembre de 2024 al objeto de informarles de sus derechos conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como darles traslado del escrito de querella y ampliación mediante copia de las mismas y demás diligencias practicadas, acordándose su declaración en un momento posterior”.
458 millones de euros ‘a dedo’
Un informe reciente de la Intervención del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha revelado que el gobierno de Juanma Moreno adjudicó contratos por un valor de 458 millones de euros a empresas privadas sin seguir los procedimientos habituales de publicidad y concurrencia competitiva. Esta práctica, que se llevó a cabo en 2021, un año después de que la pandemia de COVID-19 estuviera “muy atemperada”, ha sido calificada como un abuso del sistema de contratación de emergencia.
El uso de contratos de emergencia, que se justificó inicialmente por la necesidad de una respuesta rápida durante la crisis sanitaria, se prolongó hasta 2023, según el informe publciado por Eldiario.es. Este tipo de contratación, que debería haberse limitado a situaciones excepcionales, fue empleado de manera “indebida” por la Junta de Andalucía, según el órgano fiscalizador.
El informe subraya que, para mayo de 2021, la situación de la pandemia era más previsible que en el año anterior, lo que habría permitido la vuelta a los procedimientos de contratación ordinarios. Sin embargo, el gobierno andaluz optó por seguir adjudicando contratos de manera directa, sin la fiscalización previa que exige la Ley de Contratos Públicos.
La Fiscalía Anticorrupción asumió el pasado 6 de noviembre la investigación de la causa. Por su parte, la Junta de Andalucía ha rechazado categóricamente las acusaciones y ha acusado al PSOE de desinformar al público con estas denuncias.
*Con información de EFE y Europa Press
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