Moncloa se arriesga a espantar a sus socios para los Presupuestos con tal de sacar su reforma fiscal para recibir 7.000 millones

Casi un año después de la formación del segundo Gobierno de coalición, Pedro Sánchez se da de bruces con la complejidad de la mayoría parlamentaria que le invistió. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hace malabares para conseguir algo tan complicado como poner de acuerdo a dos bloques ideológicos diferentes en materia fiscal, una operación arriesgada que amenaza con espantar a los socios de cara a los Presupuestos de 2025. “Se ponen difíciles”, auguran desde Sumar para referirse a las nuevas cuentas públicas para el próximo año.

Cada vez son más los partidos que piden al Gobierno no seguir adelante con su reforma fiscal, “atascada” en el Congreso al encontrarse entre dos posturas irreconciliables. A un lado, PNV y Junts, que piden no prorrogar el impuesto energético a cambio de mantener tres años el gravamen a la banca; al otro, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG, que reclaman hacer permanentes sendos gravámenes. Si bien, en Moncloa están dispuestos a que descarrile una ley para trasponer una directiva europea al ligarlo a un paquete de medidas fiscales exigidas por Bruselas para el desembolso de 7.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation.

En el marco de la tramitación de dicha directiva europea, que plantea aplicar el impuesto del 15% a las multinacionales, el Ministerio de Hacienda cerró un acuerdo con PNV y Junts para no prorrogar el impuesto energético, como pedía el partido de Carles Puigdemont, a cambio de mantener tres años el gravamen a la banca. El Grupo Vasco logró la concertación con capacidad normativa de los impuestos a grupos multinacionales y banca para que sean regulados por las haciendas forales. Este acuerdo incluye además una serie de medidas fiscales sobre la tributación del tabaco, los hidrocarburos o el IRPF de las rentas del capital.

Si bien, la importancia de otras formaciones para sacar adelante estas medidas obliga al PSOE a tratar de meter en el mismo saco a ERC, EH Bildu, Podemos y BNG, lo que pone en peligro toda la ley si no se aplica la continuidad del impuesto a las energéticas. Fuentes parlamentarias de diferentes grupos aluden a la dificultad de que exista una solución mágica para “desatascar” las negociaciones. Las conversaciones siguen en un callejón sin salida en vísperas de que la Comisión de Hacienda debata y vote este jueves las enmiendas de los grupos, entre las que se encuentran las medidas fiscales del Gobierno.

Asimismo, está en el aire el paquete fiscal pactado entre Sumar y el PSOE. El acuerdo, que deja fuera el impuesto a las energéticas, propone establecer un nuevo impuesto sobre los bienes suntuarios (jet y yates privados o coches de lujo), introducir un IVA del 21% para los apartamentos turísticos, mantener el impuesto a la banca, aplicar un nivel de tributación mínimo del 15% sobre los beneficios de las multinacionales y de las grandes empresas, o elevar en dos puntos la tributación en el IRPF de las rentas de capital por encima de los 300.000 euros.

Si bien, estas medidas han molestado al PNV, que más allá de las formas, se muestra especialmente reticente con el punto del acuerdo relacionado con eliminar la exención a las primas de seguros privados sanitarios. El portavoz jeltzale, Aitor Esteban, dijo alto y claro que “no va a pasar por ahí”. Tampoco Junts está dispuesto a avalar otras medidas que se salgan del acuerdo sellado con el PSOE a finales de octubre.

Por otro lado, Hacienda “no está en la tesitura” de que la ley del impuesto a las multinacionales se quede tal como está, es decir, María Jesús Montero no quiere retrasar los cambios fiscales de la discordia, aunque esto haga descarrilar la propia trasposición de la directiva europea. Esta decisión tenía como fecha límite de transposición el 31 de diciembre de 2023, pero tiene que entrar en vigor el 1 de enero de 2025. Según reconocen en el departamento liderado por María Jesús Montero, si la ley no está aprobada para entonces, “no habrá margen” para evitar que España sea sancionada, una medida que la Comisión Europea ya ha llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Según explicó el Ejecutivo comunitario, la transposición de la directiva resulta fundamental para la aplicación efectiva del Pilar Dos, el componente de imposición mínima de la reforma de la fiscalidad internacional del G20 y la OCDE. “El Pilar Dos limitará la competición a la baja en cuanto a los tipos del impuesto sobre sociedades”. De esta manera, las ganancias de los grandes grupos o empresas multinacionales y nacionales, cuyo volumen de negocios anual agregado sea de al menos 750 millones de euros, estarán sujetas a un tipo impositivo efectivo que no podrá ser inferior al 15%.

La Comisión Europea considera prioritaria la aplicación de las normas del Pilar Dos, ya que “contribuirán a reducir el riesgo de erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y garantizará que los grupos multinacionales de mayor tamaño paguen el impuesto sobre sociedades al tipo mínimo global acordado”.

Más allá de esta consecuencia, desde Sumar apuestan por posponer la reforma fiscal y no ligarla a esta ley ante la complejidad de que se pueda alcanzar un acuerdo. Voces del espacio liderado por Yolanda Díaz creen que las negociaciones tensan la cuerda con los socios de cara a los Presupuestos Generales del Estado de 2025, una ley sobre la que pivota la estabilidad de la legislatura. ERC y EH Bildu también piden retrasar los cambios fiscales para no lastrar la aplicación del impuesto a las multinacionales. Pero Moncloa va con todo en esta negociación, y se arriesgará para tratar de sacar adelante la reforma fiscal comprometida con Bruselas.