Los abogados de Nacho Cano han presentado la tarde de este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) una denuncia por prevaricación y otros delitos contra la jueza que investiga al productor musical. La defensa alega que se están vulnerando sus “derechos fundamentales” e insiste en denunciar un “amaño” en la judicialización del caso, que recayó en el mismo juzgado que instruye la causa por fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
En la denuncia, a cuyo contenido ha tenido acceso Infobae España, los abogados de Nacho Cano acusan a la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, de haber vulnerado, entre otros, su “derecho al juez ordinario predeterminado por la ley” al considerar que el reparto del atestado policial fue “irregular”. También incluyen una presunta vulneración del “derecho de igualdad de armas procesales” porque, dicen, la jueza les deniega todas las peticiones de diligencias que registran, al contrario que al resto de las partes.
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Los letrados que defienden a Nacho Cano, del despacho Cremades y Calvo Sotelo, han redactado la denuncia nada más finalizar las declaraciones de la becaria mexicana Lesly y la inspectora que realizó el informe de Trabajo. Inmediatamente después, la han presentado ante el juzgado de guardia de Plaza de Castilla. En el escrito denuncian, asimismo, que han tenido acceso al expediente completo de la causa cuatro meses después de haberlo solicitado.
Durante las dos comparecencias de la mañana se ha respirado un clima de “tensión” entre la jueza y la defensa, que ha criticado el duro interrogatorio de la magistrada a la funcionaria que avaló la legalidad de las becas de Malinche.
La denuncia llega después de que los abogados de Nacho Cano presentaran un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que solicitaban el archivo y sobreseimiento libre de la causa por la “inexplicable” instrucción de la jueza. En el escrito, que está pendiente de resolución, la defensa alega la “nulidad” del atestado policial que dio origen al caso y la “ausencia de indicios de criminalidad” contra el investigado tras el informe de Inspección de Trabajo que avaló la legalidad de las becas de Malinche.
El presunto “amaño”
En otro escrito aportado a la causa, los abogados de la defensa denunciaron un “amaño” en la elección del juzgado en el que recayó el caso. Alegaban que la Policía Nacional llevó “en papel” a los Juzgados de Plaza de Castilla su atestado y se produjo un “reparto directo” al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, “ sorprendentemente el mismo que instruye las actuaciones contra la pareja de doña Isabel Díaz Ayuso y el mismo que estaba esperando las actuaciones policiales según le comunicaron a don Nacho Cano”.
Según el escrito, “el atestado, según oficio de la Policía Judicial de Plaza de Castilla, no estaba digitalizado” ya que se entregó en papel, fue registrado a las 9:55 horas y tiene fecha de reparto de pocos minutos después, las 10:04 horas, con órgano de destino el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.
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