El PSOE se ha visto en la obligación de volver a posponer la votación de su paquete fiscal ante la falta de apoyos suficientes para sacarlo adelante. Las medidas, entre las que se incluyen la continuidad del impuesto a la banca, siguen en el aire por los vetos cruzados entre los socios del Gobierno en el Congreso. El principal escollo es el gravamen que afecta a las energéticas, cuya continuidad reclaman ERC, EH Bildu, Podemos y BNG.
A diferencia de lo que le piden sus socios, Moncloa no está por la labor de dejar la ley para aplicar el impuesto del 15% a las multinacionales tal como está, ya que quiere aprovechar su tramitación para incluir una serie de medidas exigidas por Bruselas para el desembolso de 7.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation. A pesar de que su propuesta de reforma, pactada con PNV y Junts, está atascada en el Congreso, el Gobierno está dispuesto a que descarrile la norma sobre las multinacionales, que es una trasposición de una directiva europea, al ligarla al paquete de medidas fiscales.
En el marco de la tramitación de dicha directiva europea, el Ministerio de Hacienda cerró un acuerdo con PNV y Junts para no prorrogar el impuesto energético, como pedía el partido de Carles Puigdemont, a cambio de mantener tres años el gravamen a la banca. El Grupo Vasco logró la concertación con capacidad normativa de los impuestos a grupos multinacionales y banca para que sean regulados por las haciendas forales. Este acuerdo incluye además una serie de medidas fiscales sobre la tributación del tabaco, los hidrocarburos o el IRPF de las rentas del capital.
Si bien, la importancia de otras formaciones para sacar adelante estas medidas obliga al PSOE a tratar de meter en el mismo saco a ERC, EH Bildu, Podemos y BNG, lo que pone en peligro toda la ley si no se aplica la continuidad del impuesto a las energéticas. Fuentes parlamentarias de diferentes grupos aluden a la dificultad de que exista una solución mágica para “desatascar” las negociaciones.
La reforma, en el aire por el impuesto enérgético
De hecho, las conversaciones entre el Gobierno y sus socios parlamentarios se han intensificado este jueves, pero el PSOE, como ya hizo el lunes, ha pospuesto el debate y la votación de las enmiendas a la ley hasta el lunes a las 17.00 horas, ya que ERC, EH Bildu y Podemos se niegan a apoyar el paquete fiscal del Gobierno si no se incluye la prórroga del impuesto a las energéticas, lo que a su vez supondría sacar de la ecuación a Junts.
La Comisión de Hacienda tiene en su haber debatir la ley que transpone la directiva europea sobre el tipo mínimo para las multinacionales, una propuesta que cuenta con un amplio consenso parlamentario. De hecho, el PP se ha mostrado dispuesto a apoyarla. La transposición de la directiva resulta fundamental para la aplicación efectiva del Pilar Dos, el componente de imposición mínima de la reforma de la fiscalidad internacional del G20 y la OCDE.
Según el Ejecutivo comunitario, “el Pilar Dos limitará la competición a la baja en cuanto a los tipos del impuesto sobre sociedades”. De esta manera, las ganancias de los grandes grupos o empresas multinacionales y nacionales, cuyo volumen de negocios anual agregado sea de al menos 750 millones de euros, estarán sujetas a un tipo impositivo efectivo que no podrá ser inferior al 15%.
Pero la tramitación de la ley se encuentra en un callejón sin salida ante la intención del Ministerio de Hacienda de introducir como enmiendas una serie de medidas tributarias pactadas con el PNV y Junts, un compromiso que conlleva dejar caer el impuesto energético. Con la decisión de posponer la comisión, el Gobierno gana tiempo hasta el lunes, pero la sombra de la derrota es cada vez más alargada ante la división de los socios en dos grandes bloques.