“¿De dónde voy a sacar ahora 16.000 euros?”: cuando el Ingreso Mínimo Vital se convierte en un castigo

Como mujer migrante Valeria nunca ha tenido una vida fácil. En 2007, cuando tan solo tenía 18 años, decidió marcharse de su país natal, Paraguay, para buscar en España un futuro más próspero, pero el camino siempre ha estado lleno de obstáculos, de trabajos como limpiadora o niñera sin contrato, sin poder cotizar, o cubriendo bajas a tiempo parcial. Al no poder encontrar “un trabajo decente en todos estos años”, decidió estudiar auxiliar de Enfermería y ahora confía en poder aprobar una oposición en Asturias, región en la que reside, que le permita llegar a final de mes sin apuros. Pero antes, cuenta con preocupación a Infobae España, tiene que resolver un problema con el que no contaba y es que la Seguridad Social le reclama 16.646 euros por “cobros indebidos” del Ingreso Mínimo Vital (IMV) entre julio de 2022 y junio de 2024 por superar el límite de ingresos anuales establecido en la normativa.

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Valeria (nombre ficticio) no se explica de dónde sale “una cantidad tan elevada” que no se puede permitirse pagar debido precisamente a su precaria situación económica. Si bien le pareció extraño recibir al mismo tiempo el Ingreso Mínimo Vital, la ayuda que el Ejecutivo central puso en marcha para paliar los efectos de la pandemia y prevenir el riesgo de pobreza, y el salario social básico que concede el Gobierno de Asturias, sabe que ambas ayudas se pueden percibir a la vez hasta un cierto límite y, además, asegura haber notificado “cada cambio” de su situación laboral cuando cubría una baja y con respecto a sus dos hijos. Valeria, que recibió unos 750 euros mensuales de ambas prestaciones, fue igualmente precavida y reservó 5.000 euros por si la Seguridad Social se los reclamaba, pero no entiende cómo ahora tiene una deuda que supera los 16.000 euros.

“Yo puedo entender que no me correspondiera cierta cantidad de la ayuda, pero no sé de dónde se sacan que debo 16.000 euros. He notificado cada cambio, así que por mi parte no ha habido errores”, explica esta mujer de 35 años que aún no ha recibido respuesta por parte de la Seguridad Social tras las alegaciones presentadas.”Todos los días nada más levantarme miro el correo y nada. Esto es desesperante. Solo espero que me respondan y expliquen qué ha ocurrido porque no sé de dónde voy a sacar esa cantidad”, lamenta.

Valeria tiene claro que “no quiere vivir de las ayudas del Estado, sino trabajar lo antes posible”, por eso ha decidido presentarse a las oposiciones de auxiliar de Enfermería para tratar de conseguir un empleo estable que le permita llegar a final de mes de forma desahogada o poder ahorrar, ya que hasta el momento la precariedad y la incertidumbre han sido constantes. “Mientras no me quite esto de encima, no voy a estar tranquila. Se supone que esto es una ayuda para la gente sin recursos y ahora resulta que tengo una deuda. Esto no es vida para nadie”.

El caso de Valeria refleja la realidad que viven otras muchas personas a las que la Seguridad Social les ha reclamado “cobros indebidos” por el IMV, una prestación cuya cuantía media se sitúa en los 473 euros mensuales y que desde que se puso en marcha en 2020 ha llegado a un total de 648.469 hogares, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. De hecho, desde la plataforma de afectados por el IMV han denunciado en numerosas ocasiones las “injustas resoluciones” que, a su juicio, se están aplicando y critican la “falta de coordinación de las diferentes administraciones y los cálculos inadecuados de los ingresos económicos”, además de la lentitud de los procesos y el silencio administrativo.

A ello se suma que el pasado mes de junio muchas de estas personas afectadas, a través de la ONG Movimiento Internacional ATD-Cuarto Mundo, denunciaron a España ante al Comité Europeo de Derechos Sociales al considerar que la Ley de Ingreso Mínimo Vital, la que regula esta renta básica de subsistencia, no cumple con la Carta Social Europea, “que es el máximo exponente de los derechos sociales básicos en los países adscritos al Consejo de Europa”. Además, también el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido al Gobierno que los afectados del IMV no tengan que devolver el dinero cuando “el error es de la Administración”.

De momento, tanto a Valeria como al resto de personas afectadas, una sentencia emitida por el juzgado de lo social número 1 de Logroño y ratificada este mes de octubre por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja les ha dado esperanza al haber librado a un hombre de pagar 4.500 euros por cobro indebido del Ingreso Mínimo Vital, pues la justicia consideró que el error fue cometido por parte de la administración.