La mayoría que invistió a Sánchez se parte en dos por el impuesto a las energéticas y pone en peligro el de la banca: “No queremos el mal menor”

La ley del impuesto a las multinacionales enfrenta al Gobierno con sus socios, que se dividen en dos bloques ideológicos. A un lado, PNV y Junts; al otro, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG. Esta norma es el claro ejemplo de la complejidad a la que se enfrenta Pedro Sánchez en esta legislatura, ya que fue capaz de armar una mayoría plural, pero diversa, con planteamientos e intereses contrapuestos.

No es fácil aunar los votos entre sensibilidades diferentes para una cuestión con un profundo calado ideológico como son los impuestos. A finales de octubre, el PSOE ató los votos de PNV y Junts a cambio de no prorrogar el impuesto a las empresas energéticas y limitar el gravamen a la banca a tres años, pero los socios de izquierdas, también imprescindibles, no están dispuestos a pasar por el aro, ya que reclaman hacer permanentes sendos impuestos.

En caso de que la ley decaiga, algo que por ahora tiene una alta probabilidad, no solo tendrá la consecuencia de que no se renovará el impuesto a las energéticas, pues también supondrá previsiblemente el fin del impuesto a la banca. “No queremos el mal menor”, afirman fuentes de Podemos sobre el riesgo de que ambos gravámenes caigan en saco roto si finalmente no hay un acuerdo sobre la continuidad del impuesto a las energéticas. Estas figuras tributarias fueron introducidas en 2022, en el contexto de la crisis por la guerra en Ucrania, y se aplican de manera temporal sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas del sector energético y la banca.

La intención del Ejecutivo era convertir en permanentes estos gravámenes. De hecho, es un compromiso recogido en el acuerdo de coalición sellado hace poco más de un año por PSOE y Sumar. “Revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar”, reza el pacto.

Pero el plazo para prorrogarlos se agota, ya que su aplicación finaliza este año. Para regular este asunto, el PSOE aprovechó la ley que traspone una directiva europea por la que se establece una imposición mínima a las multinacionales. “Lo que busca es que los países no compitamos a la baja en la fiscalidad, que cuando una empresa, aunque se vaya a otro lugar a tributar menos, el país de origen puede reclamar lo que falta en esa tributación”, defendió este martes el portavoz parlamentario socialista, Patxi López, en relación con la trasposición de la decisión comunitaria.

En el marco de la tramitación de dicha directiva, el Ministerio de Hacienda cerró un acuerdo con PNV y Junts para no prorrogar el impuesto energético, como pedía el partido de Carles Puigdemont, a cambio de mantener tres años el gravamen a la banca. El Grupo Vasco logró la concertación con capacidad normativa de los impuestos a grupos multinacionales y banca para que sean regulados por las haciendas forales. Este acuerdo incluye además una serie de medidas fiscales sobre la tributación del tabaco, los hidrocarburos o el IRPF de las rentas del capital.

Si bien, la importancia de otras formaciones para sacar adelante estas medidas obliga al PSOE a tratar de meter en el mismo saco a ERC, EH Bildu, Podemos y BNG, lo que pone en peligro toda la ley si no se aplica la continuidad del impuesto a las energéticas. ERC y EH Bildu siguen negociando con los socialistas, logrando retrasar a este jueves la Comisión de Hacienda del Congreso, encargada de debatir y votar las enmiendas sobre la ley del tipo mínimo de las multinacionales.

Podemos, por su parte, trasladó este martes al PSOE en una reunión su total desacuerdo con la eliminación del impuesto a las grandes energéticas pactada por el PSOE y Junts. En este encuentro, Podemos propuso “prorrogar durante seis meses el actual gravamen extraordinario a las energéticas, de modo que haya más tiempo para negociar un acuerdo definitivo que satisfaga también a los grupos de izquierdas, cuyos votos valen lo mismo que los de PNV y Junts”. Dicha prórroga, según fuentes moradas, “puede incluirse en cualquiera de los reales decretos de ayuda a las personas afectadas por la DANA”, tal como deslizaron fuentes de los de Ione Belarra.

En el caso de Sumar, el socio minoritario del PSOE, aunque asegura que no renuncia a esta reivindicación, los de Yolanda Díaz no torpedearán la norma porque, de decaer en el Congreso, saltaría por los aires el impuesto a la banca. Asimismo, los partidos que forman el Ejecutivo pactaron este lunes impulsar varias medidas fiscales, que a su vez han molestado al PNV, porque supone reabrir la negociación. “Si ahora cada una de las partes quiere abrir el acuerdo, es una vía muerta”, declaró el portavoz de la formación jeltzale, Aitor Esteban, contra el pacto entre PSOE y Sumar.

En dicho texto, que deja fuera el impuesto a las energéticas, los partidos del Ejecutivo acuerdan establecer un nuevo impuesto sobre los bienes suntuarios (jet y yates privados o coches de lujo), introducir un IVA del 21% para los apartamentos turísticos, mantener el impuesto a la banca, aplicar un nivel de tributación mínimo del 15% sobre los beneficios de las multinacionales y de las grandes empresas, o elevar en dos puntos la tributación en el IRPF de las rentas de capital por encima de los 300.000 euros.

Más allá de las formas, el PNV se mostró especialmente molesto con el punto del acuerdo que tiene que ver con eliminar la exención a las primas de seguros privados sanitarios. Esteban dijo que el Grupo Vasco “no va a pasar por ahí”: “En Euskadi muchísima gente está asegurada en IMQ y Lagun Aro, y muchas empresas están adheridas. Eso descarga en parte el sistema público de salud. Además, con la situación que se está viviendo con Muface, se va a saturar la sanidad pública. Hay que tener en cuenta esas cosas. Afecta a muchas personas”, explicó.

Los jeltzales están dispuestos a negociar el gravamen a las energéticas, pero afirman que la postura de ERC y EH Bildu es “inviable”, dejando esta ley en un callejón sin salida. Asimismo, a las posturas irreconciliables se suma el enfado de los partidos a la izquierda del PSOE con los de Pedro Sánchez por empezar a armar la mayoría por la derecha. En opinión de Txema Guijarro, secretario general del grupo Sumar, lo adecuado es atraer el apoyo “por la izquierda” con el objetivo de incluir medidas que recojan “políticas progresistas”.

En todo caso, esta premisa no resta complejidad a la situación que azota al Gobierno desde su reedición hace casi un año: equilibrar la balanza para meter en el mismo saco a dos bloques que, aunque unidos por el sentimiento nacionalista, están distanciados ideológicamente.