Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha sido la encargada de anunciar la implementación de permisos retribuidos no recuperables destinados a los trabajadores afectados por las adversidades causadas por la DANA. Esta medida se enmarca dentro de un nuevo paquete de 110 acciones de emergencia que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. El impacto económico total de estas iniciativas se estima en aproximadamente 3.800 millones de euros.
El decreto tiene como objetivo fundamental ampliar de manera significativa la cobertura de ayudas disponibles y establecer un “escudo laboral” que proteja a los trabajadores en estas circunstancias excepcionales. En este sentido, se ha destinado cerca de 1.000 millones de euros específicamente para la reconstrucción del sector agrícola y la retirada de lodo acumulado en las zonas afectadas. Estas acciones complementan a los 10.600 millones de euros que se habían desplegado la semana anterior como parte de las medidas iniciales de respuesta a la crisis, según 20 Minutos.
¿Qué circunstancias dan derecho a disfrutar de estos permisos?
Los permisos retribuidos, tal y como han sido definidos por el Ministerio de Trabajo, permiten a los trabajadores ausentarse de sus labores habituales con derecho a recibir su salario y sin la necesidad de recuperar esas horas en el futuro. Varias son las circunstancias que pueden justificar la solicitud de estos permisos. Las más comunes incluyen la incapacidad de acceder al centro de trabajo debido al estado de las vías o la interrupción del transporte público. También se consideran situaciones válidas aquellas que implican la necesidad de realizar trabajos de limpieza o acondicionamiento del domicilio afectado por la catástrofe.
Además, se detallan otros escenarios en los cuales los trabajadores podrán beneficiarse de estos permisos. Entre ellos, destaca la imposibilidad de acudir al lugar de trabajo para llevar a cabo el traslado, limpieza o acondicionamiento de la primera vivienda. Otros motivos incluyen la recuperación de pertenencias y efectos personales, así como la obtención de documentos oficiales que solamente pueden tramitarse de manera presencial. En casos de desaparición de familiares, incluidos cónyuges, parejas de hecho, o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, los trabajadores también pueden solicitar estos permisos. Lo mismo aplica en caso de fallecimiento de un familiar, para lo cual se concede tiempo desde el momento del deceso hasta cinco días hábiles posteriores al entierro.
El Gobierno también ha destinado 50 millones de euros para fortalecer los servicios sociales en los municipios más afectados. Asimismo, ha tomado medidas regulatorias como la prohibición de aumentos en los precios de los servicios funerarios, buscando evitar la explotación económica en momentos de vulnerabilidad. Todas estas acciones tienen un objetivo común: mitigar el impacto tanto social como económico que esta catástrofe ha generado en la población.
Por su parte, el ministro Pablo Bustinduy ha liderado reuniones con distintas entidades del tercer sector para coordinar una respuesta conjunta ante la crisis provocada por la DANA. Esta colaboración, que incluye a numerosas organizaciones de diversa índole, busca optimizar los recursos disponibles y los esfuerzos destinados a la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas. La sinergia entre el gobierno y el tercer sector es vista como un pilar esencial para superar esta crisis y devolver la estabilidad a las comunidades afectadas.