El Defensor del Paciente pide a la Audiencia Nacional que no suspenda la orden de Sanidad que quiere evitar el intrusismo en cirugía estética

La Asociación el Defensor del Paciente ha pedido este miércoles a la Audiencia Nacional que reconsidere su decisión de suspender cautelarmente la orden con la que el Ministerio de Sanidad quería evitar el intrusismo en cirugía estética, al exigir que sólo los médicos con la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora u otros con competencias quirúrgicas en su formación puedan hacer estas intervenciones.

“No entendemos esta medida. No sabemos si han valorado el daño que esto puede hacer a las personas que deciden intervenirse, al poder ser un médico de Atención Primaria o un enfermero” quien lleve a cabo esa operación de cirugía estética, indica la asociación en el escrito que ha enviado al tribunal, ya que la ley en España permite que cualquier persona licenciada en Medicina que haya realizado una especialidad en cirugía puede llevar a cabo operaciones estéticas, plásticas o reparadoras. El hecho de que cualquier médico pueda realizar este tipo de intervenciones sin estar especializado en la materia, critica la asociación, ha provocado “verdaderos destrozos” a muchos pacientes que se han sometido a cirugías plásticas.

“Esperamos y deseamos que reconsideren esta decisión, porque no sabemos si podrán asumir que mañana muera una persona en manos de un cirujano que no es experto en cirugía estética plástica y reparadora”, añade la Asociación el Defensor del Paciente en su escrito, y recuerdan que se acogen al artículo 403 del Código Penal, en el que consta: “El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses”.

Cabe recordar que la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional decidió suspender la orden de Sanidad tras la petición realizada por la Asociación Española de Cirugía Estética y un particular en el recurso que interpusieron contra la orden emitida por el departamento que dirige Mónica García el pasado mes de septiembre, en el que alegaban que una orden ministerial no puede modificar un real decreto.

Con dicha orden, Sanidad pretendía cambiar el Real Decreto 1277/2003, que establece las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios ante el “continuo incremento” en los últimos años de las intervenciones quirúrgicas con finalidades estéticas y “de la apertura de centros sanitarios que incluyen entre sus servicios la oferta asistencial de cirugía estética”, informa la agencia Efe.

En ella precisaba que la “unidad asistencial en la que un médico con la especialidad en cirugía plástica, estética y reparadora u otra especialidad quirúrgica o médico-quirúrgica en el ámbito y competencias indicadas en el programa oficial de su especialidad, es responsable de realizar tratamientos quirúrgicos, con finalidad de mejora estética corporal, facial o capilar. Sin embargo, los magistrados de la Audiencia Nacional, sin entrar en el fondo del asunto, argumentan que el fin de esta orden es “impedir o dificultar el ejercicio profesional” a titulados en medicina y cirugía que “no sean especialistas”, algo que “no estaba contemplado en el real decreto, pues no contenía previsión alguna sobre competencias profesionales”.

Desde el Ministerio de Sanidad han mostrado su extrañeza por el auto de la Audiencia Nacional, porque asegura que la definición que hace de cirugía estética en su orden responde a diferentes reivindicaciones sociales y sanitarias que han venido reclamando modificaciones normativas para lograr un mayor control en esta actividad asistencial para que sea ejercida por profesionales con las competencias y titulaciones adecuadas. Así, según resaltan fuentes de este departamento, se reserva dicha actividad para aquellas especialidades quirúrgicas o médico-quirúrgicas que tengan competencia para ejercer la cirugía estética de acuerdo con el contenido de sus respectivos programas formativos, dando por tanto las necesarias garantías a la ciudadanía que acude a dichos centros.

(Con información de la Agencia Efe)