Las siete causas por los que un casero puedo desalojar a un inquilino de un piso antes de que finalice el contrato, según la ley

En España, el contrato de alquiler es un acuerdo que establece derechos y obligaciones tanto para el propietario como para el inquilino. Sin embargo, en determinadas situaciones y bajo ciertas condiciones, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) permite al propietario de la vivienda poner fin al contrato de alquiler y desalojar al inquilino antes de la fecha pactada. Estas causas, basadas en la normativa vigente, protegen al arrendador en casos específicos de incumplimiento o circunstancias excepcionales.

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La causa más común por la cual un propietario puede desalojar a un inquilino es el impago de las rentas de alquiler. La LAU establece que si el inquilino no cumple con el pago de la renta, el arrendador tiene derecho a solicitar la resolución del contrato. Este incumplimiento se considera una falta grave y, tras un proceso judicial, puede llevar al desalojo del inquilino.

Otro motivo por el que el propietario puede poner fin al contrato de alquiler es el impago de la fianza inicial. La fianza es una garantía que debe ser depositada por el inquilino al inicio del contrato y sirve para cubrir posibles daños o deudas pendientes al término del arrendamiento. Si el inquilino no paga esta fianza según lo acordado, el propietario puede solicitar la finalización del contrato por incumplimiento.

La subrogación o cesión de la vivienda sin consentimiento del propietario es otro motivo que permite la finalización anticipada del contrato. La LAU prohíbe que el inquilino subarriende o ceda la vivienda a terceros sin autorización del arrendador. Si se detecta que el inquilino ha subarrendado el piso o ha cedido su uso a otra persona sin consentimiento, el propietario tiene derecho a rescindir el contrato.

El inquilino tiene la obligación de mantener la vivienda en buen estado y evitar cualquier daño intencionado en ella. La realización de daños intencionales en el inmueble es una causa de resolución del contrato de alquiler. Además, si el inquilino efectúa obras no autorizadas que requieren el visto bueno del propietario, el arrendador puede dar por terminado el contrato. Estas obras pueden afectar a la estructura o funcionalidad de la vivienda y deben ser aprobadas previamente.

La LAU permite al propietario resolver el contrato si el inquilino utiliza la vivienda para actividades molestas, insalubres, peligrosas, nocivas o ilícitas. Estas actividades pueden afectar la convivencia en el edificio o suponer un riesgo para la salud y seguridad de los vecinos. Entre los ejemplos de actividades prohibidas se incluyen el uso del inmueble para fiestas constantes que generen molestias, el almacenamiento de materiales peligrosos o el desarrollo de actividades ilegales.

El propietario puede solicitar la recuperación de la vivienda si necesita utilizarla para él mismo o para un familiar en primer grado de consanguinidad, como un hijo o un progenitor. Para ejercer este derecho, el propietario debe comunicarlo al inquilino con una antelación mínima de dos meses y justificar la necesidad de ocupar la vivienda. Este motivo de desalojo debe cumplirse de buena fe, y el arrendador debe proceder a utilizar la vivienda para el uso declarado, ya sea habitacional o para un familiar directo.

El contrato de alquiler también puede finalizar si el inmueble se ve afectado por una pérdida total o parcial que imposibilite su uso, ya sea por causas naturales, accidentes, u otros factores no imputables al arrendador. Además, si el edificio es declarado en estado de ruina por la autoridad competente, el contrato se extingue automáticamente, ya que la estructura no es segura para su ocupación. Este supuesto, aunque poco frecuente, es fundamental para garantizar la seguridad de los inquilinos y el uso adecuado de la propiedad.

En todos los casos mencionados, el propietario debe seguir un procedimiento legal para poner fin al contrato y proceder al desalojo del inquilino, en caso de ser necesario. Este proceso implica generalmente una demanda judicial, especialmente si el inquilino no accede voluntariamente a abandonar la vivienda. Las sentencias de desalojo por impago o incumplimiento contractual suelen ejecutarse de manera rápida, aunque el propietario deberá presentar pruebas que respalden su solicitud de resolución.

La Ley de Arrendamientos Urbanos establece un marco de protección tanto para el inquilino como para el arrendador, y define con claridad las causas específicas que pueden justificar la resolución anticipada de un contrato de alquiler. Estas siete causas reflejan el equilibrio entre los derechos y obligaciones de ambas partes, y permiten al arrendador proteger su propiedad en situaciones de incumplimiento o necesidades justificadas.