Fin de varios peajes en Madrid, Ávila y Segovia: Transportes planifica la liberación de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61

Estas autopistas han soportado una intensidad media de tráfico de 17.738 vehículos diarios en 2023, lo que supone un incremento del 4% respecto al año anterior

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25/10/2019 Imágenes de recurso de la autopista de peaje Sevilla -Cádiz (AP-4), del grupo Abertis.
25/10/2019 Imágenes de recurso de la autopista de peaje Sevilla -Cádiz (AP-4), del grupo Abertis.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha iniciado el proceso que permitirá eliminar los peajes de tres importantes autopistas en el centro de España: la AP-6, la AP-51 y la AP-61, que suman un total de 115 kilómetros y conectan Madrid con Ávila y Segovia. Operadas actualmente por la empresa Abertis a través de la concesionaria Castellana, las autopistas seguirán en manos privadas hasta el 19 de noviembre de 2029, fecha en que expirará el contrato vigente. Sin embargo, el Ministerio ya ha encargado un estudio para determinar las obras de adaptación necesarias para levantar las barreras de peaje en estas vías.

Las tres autopistas en cuestión son vías estratégicas para el tráfico que conecta el centro del país con la Meseta Norte. La AP-6 parte de Collado Villalba en Madrid y finaliza en Adanero, en Ávila, cruzando los túneles de Guadarrama. Por su parte, la AP-51 enlaza la localidad de Villacastín en Segovia con la ciudad de Ávila, mientras que la AP-61 une San Rafael en Segovia con la capital de la misma provincia. Estas autopistas han soportado una intensidad media de tráfico de 17.738 vehículos diarios en 2023, lo que supone un incremento del 4% respecto al año anterior, y se espera que este número aumente una vez sean de libre acceso. La eliminación de peajes también permitirá descongestionar carreteras libres de pago, como la N-6, la N-603 y la N-110, que a menudo registran niveles elevados de saturación.

Obras de adaptación para la liberalización de peajes

Con el fin de preparar estas autopistas para la futura gestión pública y el previsible aumento del tráfico, el Ministerio ha adjudicado un estudio técnico que evaluará los ajustes necesarios. Entre las actuaciones previstas, se contemplan la remodelación de enlaces, la construcción de nuevas salidas y accesos, la posible ampliación de carriles y la mejora de las estaciones de servicio. Además, se prevé la incorporación de sistemas inteligentes de transporte para coordinar la gestión de estas autopistas con las carreteras libres de peaje que las rodean. Este plan de adaptación se enmarca en la estrategia de Transportes de modernizar las infraestructuras, mejorar la accesibilidad y reducir el impacto medioambiental del transporte en el país.

El caso de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61 no es aislado. Desde 2018, el Gobierno ha liberado de peaje varias autopistas que estaban bajo concesión privada. Entre ellas, destacan la AP-1 (Burgos-Armiñón), la AP-4 (Sevilla-Cádiz), la AP-7 (tramo Alicante-Valencia-Tarragona), y el trazado Tarragona-Barcelona en la misma AP-7, además de la AP-2 (Zaragoza-Mediterráneo). Esta política ha reducido en más de 1.000 kilómetros la red de carreteras de pago, lo que representa un cambio significativo en comparación con los años anteriores, cuando un 20% de las autopistas de alta capacidad en España estaban sujetas a peaje.

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Abertis y el futuro de las concesiones

La compañía Abertis ha sido durante años una de las principales gestoras de autopistas en España, pero el proceso de reversión de concesiones ha reducido su papel en el país. Además de estas tres autopistas en Madrid, Ávila y Segovia, el sistema actual mantiene bajo concesión privada otras 12 autopistas, junto a las nueve autopistas gestionadas por la empresa pública Seitt, que fueron rescatadas durante la crisis financiera. La estrategia del Ejecutivo es unificar el modelo de acceso a las carreteras, ya que en algunas regiones, como Cataluña y Comunidad Valenciana, las infraestructuras viarias de alta capacidad fueron financiadas y mantenidas bajo el modelo de pago por uso. En otras áreas, el coste de construcción y mantenimiento ha sido sufragado a través de los Presupuestos Generales del Estado.

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