El derecho al error de Hacienda que permitirá que no pagues deudas por trámites mal hechos

Desde 2021, el enfoque del Ministerio de Hacienda ha experimentado un cambio significativo, centrado en una comprensión más empática hacia los errores fiscales involuntarios cometidos por los contribuyentes. Esta iniciativa ha dado lugar a una notable disminución en las sanciones automáticas, destacando una reducción del 67% en las penalizaciones relacionadas con declaraciones informativas incorrectas y un 36% en aquellas vinculadas a autoliquidaciones presentadas fuera de plazo entre 2021 y 2023. Tales cambios buscan cultivar una relación de confianza entre los ciudadanos y la administración tributaria.

En este contexto, tal y como han informado desde El Debate, el concepto de “derecho al error” ha ganado relevancia en España a partir de la intervención del Defensor del Contribuyente en 2021. En esta intervención, se solicitó a Hacienda que tuviera en cuenta la ausencia de mala fe al evaluar errores fiscales, estableciendo un precedente importante. En 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia reforzó esta perspectiva al dictaminar que los errores en la presentación de tributos no deberían llevar aparejadas sanciones siempre que no perjudiquen las arcas públicas del Estado. Este respaldo judicial ha sido clave para el desarrollo de un enfoque más comprensivo y justo.

Hacienda dio un paso más en este camino en febrero de 2024 al publicar su Plan Anual de Control Tributario y Aduanero. Este plan establece la revisión de los criterios operativos del régimen sancionador tributario, poniendo énfasis en la mejora de los procesos de detección de culpabilidad. Particularmente, las sanciones se concentrarán en conductas de mayor gravedad, dejando de lado aquellos errores menores que no generan un perjuicio económico significativo. La administración ha señalado que se tendrá en consideración la conducta previa del contribuyente en casos de incumplimientos menores, especialmente cuando no se haya producido una pérdida económica para el Estado.

El objetivo primordial de estas medidas es incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y reducir el temor de los contribuyentes a enfrentar sanciones automáticas por errores no intencionados. Este enfoque más comprensivo tiene el propósito de fomentar un entorno de cooperación entre los contribuyentes y la administración tributaria, promoviendo así un sistema fiscal más justo y eficiente.

Esta serie de reformas y directrices también subraya el reconocimiento por parte de Hacienda de la complejidad inherente al cumplimiento fiscal. A medida que el sistema tributario evoluciona, se busca simplificar los procesos de cumplimiento, haciéndolos más accesibles y comprensibles para todos los contribuyentes. De esta manera, no solo se mejora la percepción pública de la administración fiscal, sino que también se incrementa la participación ciudadana en el cumplimiento de sus responsabilidades fiscales.

Además, el nuevo enfoque de Hacienda se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por modernizar la administración pública en España. Esto incluye inversiones en tecnología e infraestructura digital que faciliten un acceso más eficiente a los servicios fiscales para los ciudadanos. Con herramientas avanzadas y un soporte técnico adecuado, los contribuyentes pueden gestionar sus obligaciones fiscales con menos margen de error, promoviendo así un cumplimiento más eficaz y menos propenso a errores involuntarios.

La transición hacia un sistema tributario más comprensivo y cooperativo tiene el potencial de transformar la relación entre la ciudadanía y el Estado. Al alentar el cumplimiento voluntario mediante el entendimiento y la rectificación empática de los errores, se fomenta un clima de confianza.