“Cuando me robaron creí que la policía me ayudaría, pero solo recibí golpes”: ¿Quién vigila a las fuerzas de seguridad del Estado?

Desde la madrugada del 30 de agosto de 2022, la vida de E.V. no ha vuelto a ser la misma. Aquella noche, cuando estaba sentado en la Rambla de Barcelona, se le acercaron dos hombres para pedirle un cigarrillo y, al responderles que no tenía, uno de ellos le propinó un golpe en el pecho con la intención de que el otro le robara el móvil. Tras salir corriendo, E.V. pudo alcanzar al hombre y recuperar su teléfono, momento en el que aparecieron cuatro agentes de la Guardia Urbana. Al verles, el joven respiró aliviado pensando que le iban a ayudar, pero sin mediar palabra, cuenta a Infobae España, los agentes comenzaron a golpearle. Le propinaron tantos golpes que le provocaron una fractura de cúbito en el brazo, además de numerosos hematomas en las piernas. Y a pesar de que E.V. les explicó que habían intentado robarle su teléfono, lejos de escucharle, los agentes “le lanzaron al suelo y le retuvieron apoyando la rodilla en su espalda”. Aquella noche aún le produce pesadillas.

E.V., que entonces tenía 28 años, quiso denunciar los hechos inmediatamente, pero la propia Guardia Urbana le recomendó que “no lo hiciera, que se trataba de una actuación policial”, prácticamente las mismas palabras que le comunicaron los Mossos d’Esquadra cuando acudió a contarles lo que había sufrido confiando en que este cuerpo que trabaja a nivel autonómico le proporcionara ayuda. Por eso este joven decidió finalmente acudir al Centro para la Defensa de los Derechos Humanos (Irídia) para denunciarlo, una asociación que trabaja en Cataluña, y a día de hoy está inmerso en un proceso judicial contra esos cuatro agentes que le golpearon.

“Está siendo un proceso muy lento, pero espero que se haga justicia porque por desgracia la violencia institucional afecta a mucha otra gente”, explica al otro lado del teléfono este joven latinoamericano, que achaca esa violencia al hecho de ser “una persona racializada”. “Es la única explicación que tiene. No había ninguna pelea, no hablaron conmigo, simplemente me golpearon. Se supone que son quienes deben protegerte, pero solo recibí golpes”. Y aunque con el paso del tiempo el dolor físico se ha ido calmando, E.V. asegura que las secuelas psicológicas aún perduran, pues no solo sigue sintiendo desconfianza de la policía, sino que este episodio también ha condicionado sus relaciones con amigos y familiares. “Cuando ocurrió me distancié de todo mi entorno y desde entonces me cuesta mucho confiar en la gente, no dejo de tener miedo a expresarme”, añade.

Con el objetivo de evitar nuevos casos de abuso policial, expertos de todo el país presentarán este miércoles 13 ante el Parlamento de Navarra un Plan de Acción para la mejora y modernización de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los cuerpos policiales. La iniciativa, impulsada por Irídia y el Instituto Internacional para la Acción Noviolenta (Novact), parte de un diagnóstico realizado en 2022 y recoge 36 recomendaciones con el objetivo de que el Estado español “se pueda alinear con los estándares internacionales que existen en la materia”, en concreto con las recomendaciones de organismos como el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o de la Comisionada de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que han instado al Estado español a su creación.

“Lo que identificamos es que los actuales mecanismos de control de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no funcionan, ni son suficientes para acabar con la impunidad que rodea a casos tan graves de vulneraciones de derechos como la masacre del 24 de junio en la frontera entre Marruecos y Melilla o casos de trauma ocular en el marco de algunas protestas” por el uso de pelotas de goma, explica a este periódico la historiadora Irene Urango, responsable de la línea de control de cuerpos de seguridad de Irídia. El objetivo, indica la periodista especializada en derechos humanos, es que las instituciones valoren la propuesta e “impulsar los cambios necesarios para mejorar la investigación y lograr una reparación efectiva de las personas afectadas”.

El Plan de Acción, que ya fue presentado el 26 de junio en el Congreso de los Diputados, se divide en tres bloques. El primero plantea la necesidad de crear un órgano externo e independiente de monitoreo y análisis de las actuaciones de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y su implementación, es decir, una oficina especializada que supervise el funcionamiento de las instituciones policiales y el actuar de sus miembros, aclara Urango.

El segundo bloque de recomendaciones se centra en el análisis de los mecanismos internos de investigación y rendición de cuentas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, mientras que el tercero comprende propuestas relativas a la investigación judicial y a la atención a las personas afectadas.

“Hemos visto cómo muchos casos quedan impunes cuando se produce una vulneración de derechos, porque muchos se archivan sin que se hayan llevado a cabo las diligencias necesarias. Las investigaciones internas que llevan a cabo las propias unidades de Asuntos Internos de los cuerpos policiales cuando hay una presunta actuación delictiva son totalmente deficientes, no aportan claridad sobre qué agente, cuándo y en qué circunstancias actuó y por qué, ni cuál fue el rol del superior jerárquico”, asegura la activista, que indica que esta forma de actuar por parte de los agentes también condiciona la investigación judicial “al no poder resolverse de forma autónoma y eficiente”. “Muchas veces hay dificultades e impedimentos para que los casos puedan ser investigados de forma diligente”, añade la experta.

Urango también destaca la importancia de que el acceso a los protocolos de actuación de la policía sea público y que los agentes antidisturbios lleven una identificación 360 grados para que sea posible investigar esos posibles casos de mala praxis.

Si bien este miércoles Irídia y Novact presentan su Plan de Acción en el Parlamento navarro, concretamente ante la Comisión de Interior, Función Pública y Justicia, en las próximas semanas explicarán la propuesta en los parlamentos de Cataluña y País Vasco, territorios que disponen de un cuerpo de policía autonómico, además de que también la presentarán ante el Parlamento Europeo.