De la ‘Huelga de la Canadiense’ a cuatro décadas de parálisis: la historia detrás de la jornada de 8 horas en España

Desde hace unos años, la conciliación laboral y el equilibrio entre trabajo y vida personal son objeto de debate constante en España. El 17 de enero de este mismo año, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció la mesa de diálogo social con sindicatos y patronal para reducir a 37,5 horas semanales la jornada laboral. Una jornada laboral que lleva “congelada 40 años”, subrayó la ministra, al tiempo que afirmaba que desde su Ministerio iba “a seguir luchando por la ampliación de los derechos laborales”.

Diez meses después, la oferta del Ministerio ha sido rechazada por la CEOE, la patronal de empresarios en España, pues según ella causará daños competitivos en diversos sectores. Ahora, Gobierno y sindicatos se quedan solos en su intento de impulsar esta reforma, y cualquier cambio en la ley dependerá de un apoyo parlamentario que no tienen garantizado. Aunque el PNV ha anunciado su respaldo junto a otros socios de investidura como Bildu y ERC, los siete votos de Junts siguen siendo la pieza que falta.

Este pulso actual es solo un capítulo más en la larga historia de la jornada laboral en España, una historia de lucha y protesta marcada por una dialéctica constante entre las reivindicaciones de la clase trabajadora y las reticencias de la patronal. Desde las huelgas que lograron la jornada de 8 horas en 1919, pasando por una república, una dictadura y una transición, la batalla por un horario reducido sigue enfrentando el mismo dilema: las demandas de los trabajadores por mejores condiciones chocan con las demandas empresariales. Más de un siglo después, la jornada de 8 horas sigue siendo prácticamente la misma, reflejando la sombra de un pasado de reformas (y contrarreformas) que aún se cierne sobre el presente.

La primera aparición de la jornada laboral de 8 horas en España se remonta al año 1593, durante el reinado de Felipe II, y se recoge en un Edicto Real. Rezaba lo siguiente: “Todos los obreros de las fortificaciones trabajarán ocho horas al día, cuatro por la mañana y cuatro por la tarde; las horas serán distribuidas por los ingenieros según el tiempo más conveniente, para evitar a los obreros el ardor del Sol y permitirles el cuidar de su salud y su conservación, sin que falten a sus deberes”.

Felipe II, un monarca con alma de arquitecto, depositó en Juan de Herrera su confianza para la construcción del Real Monasterio de El Escorial. La obra generó una lenta y aparatosa cadena de montaje, en la que se garantizaron una serie de derechos laborales para los obreros. Por ejemplo, estos trabajadores recibían diez días de vacaciones pagadas al año y contaban con derecho a recibir media paga en caso de resultar heridos en la obra. Estas mismas condiciones se expandieron para todos los trabajadores del Imperio (aunque no para los campesinos o trabajadores gremiales).

En esa época, según cuenta el historiador hispanista Antonio Rumeu de Armasen su libro Código del trabajo del indígena americano, las Leyes de Indias también garantizaban la jornada de ocho horas, repartidas entre la mañana y la tarde “para librarse del rigor del Sol”, así como una jornada de siete horas para los trabajadores mineros.

Siglos después, con una Revolución Industrial de por medio, España se convirtió en uno de los primeros países en imponer por ley la jornada de ocho horas (o 48 semanales) a todos los sectores. Con el auge de los sectores industriales y de la emergente burguesía, las jornadas laborales en las ciudades habían comenzado a aumentar de forma desenfrenada con respecto al sistema gremial del Antiguo Régimen. Estos cambios condujeron a jornadas de trabajo de hasta 14 horas, incluyendo duros turnos para menores de edad.

En 1919, España protagonizó un avance histórico en la reducción de la jornada laboral. La empresa eléctrica Riegos y Fuerzas del Ebro, cuyo principal accionista era el banco canadiense Canadian Bank of Commerce of Toronto, despidió a ocho trabajadores por formar un sindicato independiente. Lo que empezó como una protesta interna se extendió rápidamente por Barcelona, paralizando sectores clave como la industria y los servicios y dejando prácticamente a oscuras a la Ciudad Condal.

Según Julián Casanova, experto en historia contemporánea, este evento fue “una de las movilizaciones obreras más importantes del movimiento sindical en España”. La huelga, organizada por el sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) llevó al Gobierno del conde de Romanones a promulgar una ley que estableció la jornada de ocho horas para todos los sectores, convirtiendo a España en el primer país europeo en adoptar oficialmente esta medida, después de que la Unión Soviética la hubiera instaurado tras la Revolución de 1917.

Sin embargo, la crisis no se resolvió por completo. El 24 de marzo, ante la falta de libertad para los huelguistas encarcelados, se convocó otra huelga general, lo que llevó al Gobierno a suspender las garantías constitucionales y a una dura represión por parte del ejército y el Somatén (la milicia ciudadana). Los sindicatos fueron ilegalizados, sus locales clausurados y sus dirigentes procesados, lo que aumentó la tensión social. La CNT, debilitada por la represión, vio cómo los elementos más radicales ganaban terreno y comenzaba una etapa de violencia conocida como pistolerismo, con atentados y enfrentamientos entre militantes anarquistas y los mercenarios de la burguesía.

En 1931, durante la Segunda República española, se aprobó la llamada Ley de Jornada de Trabajo, que establecía la jornada laboral en 40 horas semanales. Sin embargo, con la llegada de la dictadura franquista tras la Guerra Civil en 1939, esta ley fue derogada, y las condiciones se transformaron drásticamente. Según el historiador Santos Juliá, autor de Historia de las dos Españas, el régimen de Franco instauró un sistema basado en un control estatal absoluto, donde las libertades sindicales y la capacidad de negociación de los trabajadores se vieron fuertemente restringidas. La jornada laboral se mantuvo en gran medida cercana a las 48 horas semanales, por la necesidad de recuperación de la economía tras los daños sufridos durante la Guerra Civil.

El marco laboral durante la dictadura se organizó a través de la Organización Sindical Española, un sindicato vertical controlado por el régimen que impedía cualquier forma de representación independiente. El historiador Manuel Tuñón de Lara, en su libro La España del siglo XX, destaca que la legislación laboral franquista incluía ciertos beneficios superficiales, como vacaciones pagadas o seguros de enfermedad, pero carecía de mecanismos que permitieran la negociación colectiva o la defensa efectiva de los derechos de los trabajadores. La jornada extensa y las condiciones precarias persistieron durante buena parte del franquismo, limitando la calidad de vida de la clase trabajadora.

Durante la Transición española, el país se encontraba en un proceso de reconstrucción social y política tras la dictadura franquista, y la cuestión laboral fue una de las piedras angulares de este proceso. La histórica reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, impulsada por el Gobierno de Felipe González el 29 de junio de 1983, representó una conquista para la clase trabajadora. Sin embargo, el avance no fue fácil. La patronal, liderada por la CEOE y su enérgico secretario general, José María Cuevas, puso “el grito en el cielo” al considerar que la medida debía ir acompañada de una disminución salarial, alertando sobre su posible impacto en la economía y el empleo. Las tensiones escalaron, provocando enfrentamientos con los sindicatos y derivando en una oleada de litigios que mantuvo en vilo al país. UGT, aliado histórico del PSOE, llegó a romper filas, marcando el inicio de un distanciamiento que saldría a relucir en futuros conflictos.

Y desde entonces, desde 1983, España es uno de los países que menos han alterado las horas de trabajo con respecto a sus homólogos europeos. Francia y Alemania, por ejemplo, han reducido en ese periodo hasta un 18% las horas trabajadas anualmente.

Cuatro décadas después de la última reducción, España vuelve a resonar con ecos de la Transición. La propuesta de PSOE y Sumar de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha despertado una reacción similar a la de entonces por parte de la CEOE, que advierte de los peligros económicos de una medida de tal calibre. Esta negativa repetida parece indicar que la historia de la jornada laboral está condenada a un enfrentamiento atemporal: la búsqueda de un equilibrio entre productividad y bienestar.