Moncloa dejó a Mazón al frente de la gestión de la DANA pese a saber que la Generalitat valenciana actuaba tarde frente al temporal

El Gobierno fue consciente de que la Generalitat valenciana no estaba actuando acorde a los avisos emitidos el pasado 29 de octubre, cuando la DANA arrasó gran parte de la provincia de Valencia, lo que ya se ha catalogado como el mayor desastre natural de la historia de España. Más de una semana después, el Ejecutivo de coalición defiende no haber quitado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al frente de la gestión de la emergencia, ni antes ni después de la tragedia, pese a que en Moncloa auguraban que la actuación del líder valenciano llegaba tarde, después de las diferentes alertas enviadas por la AEMET varias horas antes.

Fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez insisten en que una catástrofe de tal magnitud no se puede prever, pero justifican su actuación en los días previos y posteriores al impacto de la DANA, que deja ya 215 muertos en la provincia valenciana, además de otras ocho víctimas mortales halladas en Castilla-La Mancha (7) y Andalucía (1) a consecuencia de la gota fría.

Frente a la gestión política de la Generalitat valenciana en las horas previas a la tragedia, el Gobierno afea que el Ejecutivo de Mazón actuó más de 12 horas después del primer aviso. A pesar de ello, en Moncloa consideran que, en esos momentos cruciales de intercambio de información a lo largo del día 29, fue un acierto apostar por evitar el conflicto con la Generalitat valenciana para no romper los puentes en un momento de emergencia.

Cabe subrayar que se trata de dos administraciones gobernadas por partidos diferentes y enfrentados: PSOE-Sumar, por un lado, y PP, por otro. Con esta pretensión, y bajo la premisa de respetar las competencias autonómicas, el Gobierno dejó a Mazón al frente del operativo, una actuación cuestionada desde el mismo día de la tragedia.

Estas voces oficiales afirman comprender el debate generado sobre si se podrían haber evitado las trágicas dimensiones de la tragedia, con víctimas mortales de por medio, pero argumentan la eficacia de la cogobernanza en situaciones de crisis, especialmente en países descentralizados como España. De hecho, señalan que este modelo de gestión en este país es “el único que tiene sentido”.

El propio Sánchez trató esta semana de hacer pedagogía sobre este asunto ante el malestar de la ciudadanía con la clase política por la falta de una respuesta inmediata. En la rueda de prensa para explicar el paquete de ayudas del Gobierno a los afectados por la DANA, el presidente del Gobierno alabó la cogobernanza, que permite que Carlos Mazón lidere el operativo, y rechazó declarar el estado de emergencia, como pide el PP: “Todos somos Estado”.

En este sentido, subrayó la capacidad de respuesta del Estado autonómico ante catástrofes como la que azotó la provincia de Valencia, y emplazó a retrasar “el debate político sobre las negligencias que se hayan podido cometer, los errores o las mejoras que haya que hacer en nuestro sistema de Protección Civil”. “Ya tendremos ocasión de hablar de ello, pero ahora estemos a lo importante, y lo importante es estar con la gente”, declaró.

Y sobre su propia gestión, Sánchez garantizó que el Gobierno de España “estuvo desde el primer minuto, desde el primer segundo, incluso antes, preparado para dar una respuesta proporcionada a la magnitud del desafío colosal” de la DANA. Precisamente, el Gobierno se escuda en que dio los avisos oportunos a la Generalitat Valenciana en las horas previas a la tragedia, un periodo clave de cara a evitar las consecuencias más dramáticas.

Además de reconocer su responsabilidad en lo relativo a la prevención, demostrada con las continuas alertas emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Confederación Hidrográfica del Júcar, fuentes de Moncloa sacan pecho de su gestión al dar por cumplidas sus funciones en el marco del Estado autonómico (contempladas en la Constitución): dar la alerta y poner a disposición todos los recursos disponibles.

Estas voces recuerdan que la delegada del Gobierno central en la comunidad valenciana, Pilar Bernabé, canceló su agenda y un viaje previsto tras recibir la alerta roja de la AEMET a las 7.36 de la mañana del 29 de octubre, el día de la tragedia, y se reunió a las 9.30 de manera telemática con representantes de las unidades a su cargo (la UME, DGT, etc). Asimismo, Moncloa precisa que la representante del Ejecutivo en esta comunidad llamó hasta en “cuatro” ocasiones a la consellera de Justicia valenciana, Salomé Pradas, para ofrecer medios ante el riesgo de la DANA.

No fue hasta la cuarta comunicación cuando Salomé Pradas le pidió activar la UME, pero solo para el municipio de Utiel. Asimismo, la propia consejera, responsable de la gestión de emergencias, reconoció que desconocía la existencia del sistema ES-Alert hasta la tarde del martes 29 de octubre, cuando las riadas ya habían causado los primeros estragos en varias localidades de la provincia de Valencia. Y es que este mecanismo, que permite difundir avisos masivos a los teléfonos móviles en situaciones de emergencia, no se envió hasta las 20.14 horas del martes.

Las dudas sobre la gestión política de la administración autonómica aumentan tras conocerse que el presidente de la Comunidad Valenciana, ilocalizable, llegó varias horas tarde a la reunión del Comité de Emergencias, que se ocupaba de monitorizar la DANA, después de tener una comida con la periodista valenciana Maribel Vilaplana para ofrecerle la dirección de À Punt.

El Ejecutivo central no elude la evaluación de su actuación y asume que la gestión política se judicializará, pero defiende en todo momento los pasos dados hasta la fecha. Estas fuentes oficiales asumen que se han evitado acometer acciones que supongan la invasión de competencias, aunque ello haya supuesto adoptar decisiones cuestionables desde la óptica de la opinión pública.