Así funciona el Fondo de Solidaridad Europeo que canalizará ayudas para la DANA: España lo utilizó con el volcán de La Palma y el terremoto en Lorca

“Lo que estamos viendo en España es devastador. Europa está lista para ayudar”. Un día después de la catástrofe provocada por la DANA en Valencia, la presidenta de la Comisión Europea hacía estas declaraciones dirigidas al Gobierno de Pedro Sánchez para ofrecer apoyo ante uno de los mayores desastres naturales de los últimos tiempos en la región. Pero ¿de qué tipo de ayudas hablamos?

La Unión Europea cuenta con varios mecanismos de respuesta para hacer frente a los desastres naturales en sus estados miembros y en otros diez países. Por un lado, puede ofrecer ayuda a corto plazo a través del envío de material operativo y personal. Esto es lo que se conoce como Mecanismo de Protección Civil de la UE, una herramienta que la UE puso en marcha el pasado 2001.

Se trata del mismo mecanismo que Interior, a petición de la Generalitat, activó desde este viernes y por el que solicitó a la UE un centenar de equipos de bombeo de alta capacidad y 50 expertos de Asistencia Técnica y Apoyo para intervenir en las comarcas afectadas por la DANA. El objetivo, según ha explicado Protección Civil en un comunicado en X, es reforzar a los equipos que sobre el terreno ya trabajan en operaciones de vaciado de lodos de alta densidad en garajes y alcantarillados, limpieza de viales o recuperación de depuradoras de aguas.

Pero este no es el principal instrumento de la UE para apoyar en la recuperación de catástrofes naturales. A medio plazo, el bloque comunitario cuenta con un mecanismo fiscal llamado Fondo de Solidaridad Europeo. Fue creado en 2002 para responder de manera solidaria a las grandes inundaciones que afectaron a Europa central en el verano de ese año. Según los datos de la Comisión Europea, se ha utilizado en 80 catástrofes, desde incendios forestales, tormentas o sequías hasta terremotos e inundaciones.

España lo ha recibido hasta en seis ocasiones. Una de ellas fue durante la erupción del volcán en La Palma, cuando el país recibió 9,45 millones para cubrir parte de los daños en la isla, estimados en unos 1.000 millones de euros. También lo ha percibido tras el terremoto en Lorca (21,1 millones) o durante el desastre de Prestige en Galicia en 2002 (8,6 millones). Pero la catástrofe a la que más dinero destinó la UE en España fue la DANA de 2019. En ese entonces, el país recibió 56,7 millones de euros de ayuda.

Este mecanismo reforzó su presupuesto el pasado 2022 y cuenta ahora con una partida de hasta 1.144 millones de euros anuales a la que se puede recurrir en casos de catástrofes naturales como la provocada por la DANA en Valencia. Su desembolso no es inmediato, sino que puede demorarse algunos meses, por lo que no es un instrumento para ofrecer respuesta rápida.

Para acceder a este mecanismo en el caso de la DANA, Sánchez debía presentar una solicitud “en un plazo de 12 semanas” a partir de la fecha de los primeros daños causados por la catástrofe, un primer paso que ya ha dado el Gobierno español. Después es el turno de la Comisión Europea, quien debe evaluar la solicitud y, una vez aceptada, proponer un importe de ayuda al Parlamento Europeo y al Consejo, que deben aprobarlo. Esta cantidad se determina en función de la estimación de los daños directos totales causados en relación con el PIB del país o región afectados.

Además de anunciar un paquete de ayuda de 10.600 millones de euros, Sánchez solicitó a la UE este mecanismo el martes pasado: “Como sabe Europa, España siempre ha sido un país constructivo que ha ayudado a la Unión Europea cuando ha hecho falta. Y ahora, lógicamente, es el momento de que la Unión Europea nos ayude a nosotros”, defendió durante aquella rueda de prensa el jefe del Ejecutivo.

La subvención se utilizará en el plazo de 18 meses a partir de la fecha en que se haya desembolsado y el Estado beneficiario debe devolver la parte que finalmente no se haya utilizado. Una vez abonada la ayuda para la DANA, España será la responsable de su ejecución, incluida la selección de las operaciones y su auditoría y control, aunque las medidas de emergencia pueden financiarse con carácter retroactivo desde el primer día de la catástrofe.