Condenan al Imserso a pagar 750.000 euros a un afectado por la talidomida: “Es un hito para las víctimas”

La justicia ha condenado al Imserso a pagar 748.000 euros a un hombre con graves malformaciones atribuidas a la talidomida, el fármaco prescrito en los años 50 y 60 para prevenir las náuseas del embarazo y que terminó provocando terribles consecuencias para el desarrollo de los fetos. El juzgado central de lo contencioso-administrativo número 4 ha estimado así la demanda de un integrante de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), lo cual supone “un hito” para los afectados que llevan años reclamando ayudas y denunciando la discriminación que sufren.

“Estamos ante un hito más del proceso jurídico de los últimos 14 años al que ha dado lugar la tragedia de la talidomida en España”, dice a Infobae España Ignacio Martínez, letrado de la Asociación El Defensor al Paciente y encargado de llevar el caso. “Es una muy buena noticia porque hay muchas personas afectadas por este fármaco esperando a que se haga justicia, pues en su día no fueron indemnizadas por la farmacéutica alemana Grünenthal”, responsable material del daño, “y desgraciadamente muchas personas ya han fallecido”, añade por su parte Carmen Flores, presidenta la esta asociación.

En realidad este proceso jurídico comenzó hace ya más de una década. En 2014 la Audiencia Provincial de Madrid anuló una sentencia de un juzgado madrileño que sentenció a Grünenthal a indemnizar a las víctimas de la talidomida en España más de 50 años después de que el fármaco fuera retirado del mercado. Unos 200 miembros de Avite habían presentado una demanda contra la farmacéutica por 204 millones de euros, reclamando que el medicamento se continuó vendiendo en España hasta seis meses después de que se prohibiera en todo el mundo por su toxicidad, por afectar al crecimiento de las extremidades del feto.

A pesar de que ese juzgado dio la razón a los afectados y sentenció a la empresa a indemnizarlos con 20.000 euros por cada punto porcentual de minusvalía que hubiera reconocido el Estado español, la Audiencia Provincial estimó la apelación de la empresa, argumentando que habían prescrito las acciones ejercitadas en la demanda de AVITE realizada en 2012.

Después, en 2018, se aprobó la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado en la que se incluían las ayudas a las personas afectadas por este fármaco del que nunca se advirtieron sus riesgos, mientras que no fue hasta 2023 cuando se reguló, a través de un real decreto, el procedimiento de concesión de esas ayudas.

“El problema es que el articulado de esa norma de 2023 restringía injustamente el número de beneficiarios a aproximadamente 100, es decir, la mitad de los socios de Avite, que eran los que contaban con un informe de un comité creado al efecto”, explica Martínez, por lo que “se dejaba injustamente fuera de la percepción de las ayudas a otros 100 afectados que, sin embargo, sí contaban con una resolución administrativa anterior por la que el propio Estado los reconocía como víctimas por la talidomida”. “Ante este dislate jurídico”, continúa el abogado, Avite interpuso una demanda ante el Tribunal Supremo y fue estimada en junio de este año, al considerar que los afectados que ya habían sido reconocidos por anteriores resoluciones administrativas también debían ser beneficiarios de las ayudas.

Tras esa sentencia, estos cerca de 100 afectados socios de Avite “han tenido que reclamar su derecho ante los juzgados centrales de lo Contencioso Advo demandando al Imserso como administración encargada de pagar las ayudas, siendo la actual sentencia la primera que lo reconoce”, concluye Martínez, quien no tiene duda esta decisión judicial abrirá las puertas a nuevas indemnizaciones.

Cabe recordar que fue a finales de los años 50 cuando la talidomida se comercializó inicialmente como sedante en Europa y después se autorizó su venta para aliviar las náuseas y vómitos durante el embarazo, pero no fue hasta 1961 cuando se identificó la relación entre el fármaco y las malformaciones de los bebés. En España el fármaco se retiró dos años más tarde, en 1963.