La Guardia Civil, en una operación coordinada junto con la Policía Nacional, la Policía colombiana e Interpol, ha logrado desmantelar una red criminal dedicada al tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual. Esta organización de origen colombiano estaba asentada en España y operaba principalmente en las localidades de Almendralejo (Badajoz) y Arrecife (Lanzarote). La acción conjunta permitió la liberación de 18 víctimas, en su mayoría de origen colombiano, quienes habían sido captadas bajo falsas promesas y sometidas a condiciones de explotación una vez en territorio español.
El operativo culminó con la detención de 18 personas. Las víctimas, trasladadas desde Colombia, enfrentaban una deuda de hasta 3.400 euros que debían pagar antes de recuperar su documentación personal. La complejidad de esta red incluía la captura, el traslado y la explotación sistemática de las mujeres, quienes eran obligadas a estar disponibles para ejercer la prostitución las 24 horas del día, bajo vigilancia constante y en condiciones degradantes.
La organización criminal se enfocaba en mujeres en condiciones de pobreza, necesidad y una especial vulnerabilidad debido a la falta de empleo e ingresos. Las víctimas eran seducidas con promesas de una vida mejor en España, donde podrían satisfacer las necesidades de sus familias y mejorar su situación económica. Una vez convencidas, el grupo delictivo asumía todos los gastos del traslado, incluyendo la tramitación del pasaporte, la compra de billetes de avión y la entrega de una cantidad de dinero como viático, que ascendía a unos 1.000 euros.
Sin embargo, a cambio de esta aparente ayuda, las víctimas asumían una deuda que las dejaba en una situación de completa dependencia de la organización y sin posibilidad de regresar a su país o buscar ayuda hasta que la deuda fuera completamente saldada. Las mujeres eran trasladadas a un club en Lanzarote o recogidas en el aeropuerto de Madrid para ser llevadas a Almendralejo, donde la red disponía de una casa-club destinada a la explotación sexual.
Condiciones de explotación
Las mujeres, una vez en los clubes y viviendas de la organización, eran obligadas a trabajar sin descanso, con la exigencia de estar disponibles en cualquier momento del día. Sus descansos eran limitados a una o dos horas diarias y cualquier incumplimiento de esta regla resultaba en sanciones económicas. Las víctimas también tenían la obligación de incentivar a los clientes a consumir bebidas y ofrecerles sustancias estupefacientes, lo que añadía una dimensión de riesgo y coacción a su situación.
La vigilancia de la red era meticulosa, con cámaras de seguridad instaladas en las zonas comunes de las viviendas para monitorizar y registrar continuamente lo que sucedía. Esta constante supervisión aseguraba que las víctimas permanecieran bajo el control absoluto de la organización, sin posibilidad de escapar o contactar con el exterior sin ser detectadas.
Como parte del dispositivo de desarticulación de la red, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo seis registros en los que los agentes incautaron más de 30.000 euros en efectivo, 32 dosis de cocaína, más de 130 pastillas para la disfunción eréctil y seis teléfonos móviles. Además, se recuperó diversa documentación y material informático relevante para la investigación, elementos que ayudaron a confirmar la magnitud de las actividades ilícitas de la organización.
De las 18 personas detenidas, seis ya han sido ingresadas en prisión. Las autoridades les imputaron cargos por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, tráfico de estupefacientes, distribución de medicamentos no autorizados, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, delitos contra los derechos laborales y pertenencia a organización criminal.