Andalucía, la comunidad más afectada por la desaparición de Muface: 300.000 funcionarios entrarían en su sistema de salud

El futuro de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) está en riesgo tras la negativa de las aseguradoras a participar en el nuevo concierto para el bienio 2025-2026. Adeslas, Asisa y DKV han rechazado la oferta del Gobierno, que incrementaba las primas en un 17,2%. Consideran este aumento, el más grande de la historia del concierto, insuficiente ante la subida de los costes de su servicio. La prima media por beneficiario se situaría en 1.208 euros, significativamente inferior a los 1.736 euros que el Sistema Nacional de Salud (SNS) gasta por ciudadano.

El presupuesto propuesto para el nuevo convenio es de 2.681 millones de euros para dos años, pero las aseguradoras afirman que el sistema les genera pérdidas de 200 millones de euros anuales. Uno de los factores que contribuyen a esta situación es la alta siniestralidad de la población cubierta, que está envejeciendo.

Muface se encuentra ahora en una carrera contrarreloj para publicar una licitación express lo suficientemente atractiva para las aseguradoras, antes de que acabe el concierto actual el próximo 31 de diciembre. La mutualidad ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a los funcionarios que se acogen a este convenio, asegurando que garantizarán “la continuidad de las prestaciones sanitarias” en los términos actuales. Aluden a la Ley de Contratos del sector público, que les permite instaurar una prórroga forzosa del concierto actual durante nueve meses como máximo.

Los sindicatos y la patronal de salud privada, ASPE, presionan para que se logre un acuerdo de cara a los próximos años. De no conseguirse, argumentan, las consecuencias podrían ser duras para el Sistema Nacional de Salud (SNS), que tendría que incorporar a 1,5 millones de funcionarios y familiares.

Según los datos de Muface de 2023, Andalucía sería la comunidad más afectada. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) debería acoger, al menos, a 322.868 personas actualmente adscritas al sistema Muface, si bien la patronal eleva la cifra a 440.000. Andalucía es, además, una de las autonomías con peores servicios sanitarios de España, según el ranking que elabora la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) cada año, que la sitúa en segunda posición por la cola.

Andalucía cuenta con uno de los presupuestos sanitarios más bajos del país (1.674,79 euros por habitante) y una ratio de 1,93 camas de hospital por 1.000 habitantes, según recoge la FADSP. Con 1,61 médicos especialistas y 0,60 médicos de atención primaria por cada 1.000 habitantes, las listas de espera quirúrgica son las peores de toda la geografía nacional: los andaluces esperan 169 días de media para operarse.

Madrid le sigue con 235.982 beneficiarios de Muface, que se verían obligados a volver a la sanidad pública. Sus servicios sanitarios fueron catalogados de “deficientes” por la FADSP en su último informe y no es para menos: el presupuesto sanitario per cápita en 2024 fue el más bajo de España, de 1.468,23 euros por habitante. En la atención especializada, las listas de espera son bajas, con esperas de 47 días de media. Sin embargo, esto se debe a que muchos pacientes no llegan a ver al especialista que les corresponde: a junio de 2024, 828.698 personas esperaban a pasar por consulta, la segunda cifra más alta a nivel nacional que supone, además, un aumento de cerca de 100.000 personas respecto a diciembre de 2023.

La Comunidad Valenciana, elegida en junio por la FADSP como la autonomía con peor sistema sanitario de España, debería absorber a 164.587 mutualistas si desaparece Muface. Se trata de una de las regiones que menos invierte en Sanidad, con un presupuesto de 1.668,12 euros por habitante. Cuenta con 2,21 camas por cada mil habitantes, 2,08 médicos de atención especializada y 0,62 médicos de atención primaria por cada 1.000 habitantes. Pese a ello, es la cuarta autonomía con menos listas de espera quirúrgicas (79 días de media).

El Ministerio de Sanidad sigue atentamente las negociaciones que se hacen desde el Ministerio de Función Pública, del que dependen la mutualidad. Por el momento, pide respeto a estos procesos y define la sanidad pública como uno de los grandes orgullos españoles. Por ello, aseguran que no es entendible que, en este punto, los empleados públicos sean atendidos en la sanidad privada.

En esta línea habló el secretario de Estado, Javier Padilla, ante el Congreso de los Diputados. “Si construyéramos un sistema desde cero, sería incomprensible que los empleados públicos no fueran atendidos en el sistema público”, expresó. Padilla consideró que Muface representa un “perjuicio” para los funcionarios, a quienes “se les hurta el nivel de asistencia que más capacidad tiene para aportar a su salud”.

Este jueves, los sindicatos están citados en una reunión con Muface para tratar la futura licitación que deberá presentar el organismo público. Las aseguradoras solicitan un aumento de la prima del 38%, mientras que un estudio encargado por Adeslas señalaba que con un incremento del 27% sería suficiente para cubrir costes, según El Confidencial.

En cualquier caso, Sanidad asegura que, si el proceso de negociación no da sus frutos, trabajarán para dar la mejor continuidad a la asistencia sanitaria. Un proceso que, según un estudio de la Universidad Complutense patrocinado por ASPE, podría costarle más de mil millones de euros anuales.