Vox quiere que Ayuso examine a los menores migrantes de la cadera y la clavícula para que no mientan sobre su edad

Vox presenta este jueves en la Asamblea de Madrid una curiosa Proposición no de Ley (PNL). Quiere que el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso, que según los últimos datos actualizados ha tutelado este año a 1.926 menores no acompañados, les haga a estos chavales menores de 18 años pruebas físicas que determinen su edad. La PNL, que seguramente no salga adelante por la oposición del PP (que tiene mayoría absoluta en el Parlamento madrileño), argumenta que el Ejecutivo de Aragón ya realizó estas pruebas y descubrió que “el 90% de los inmigrantes ilegales que aseguraban ser menores no lo eran”.

Vox sigue así con su particular cruzada contra los menores migrantes no acompañados que llegan a nuestro país y que tienen que ser tutelados, en cada caso, por la Comunidad Autónoma. El partido de Santiago Abascal los vincula siempre a la delincuencia en los barrios que acogen los centros donde duermen. La nueva portavoz de Vox en Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha exigido “conocer la realidad” sobre estos “jóvenes fuertes y maduros que no parece que huyan de ninguna guerra, sino que más bien vienen a terminar con la tranquilidad y la seguridad de los barrios. Lo que ven los madrileños en sus barrios no son niños y mucho menos niñas”.

Jesús Celada, portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista en la Asamblea, subirá este jueves al estrado para oponerse a esta iniciativa. “Es algo inhumano y contradice todos los tratados internacionales. Obviamente, no vamos a apoyarla. No entendemos siquiera cómo ha podido pasar el filtro de calificaciones de la Mesa. Como ya he dicho en alguna ocasión cuando Vox propone este tipo de medidas, están a un paso de la cámara de gas. Nuestra obligación es proteger y dar una cobertura asistencial a los menores y no menores migrantes que llegan a nuestro país huyendo de la pobreza o de una guerra. Otro tema es que intentemos combatir a las mafias que se aprovechan de ellos en sus países de origen, pero una vez están aquí hay que protegerlos. Es triste que esto se debata en un Parlamento, cuando deberíamos estar hablando de inclusión e integración”.

Para Emilio Delgado, diputado de Más Madrid que defenderá la postura de su grupo en este debate, “el único objetivo que persigue con Vox con estos temas es reivindicar un espacio más a la derecha que el que ya representa Isabel Díaz Ayuso. Apuestan por posiciones más extremistas que hoy son ilegales para intentar que algún día sean legales. Además, no está demostrado científicamente que estas pruebas sirvan para determinar la edad de nadie. Solo quieren volver a meter en el debate público el argumento fallido de que estos menores son unos delincuentes, unos mentirosos y unos aprovechados”.

La PNL de Vox argumenta que “la determinación de la mayoría o minoría de edad es sumamente importante al desprenderse de esta determinación el ámbito de los derechos de los extranjeros que entran ilegalmente en territorio nacional, además de resultar importante para conocer la ley penal que se aplica al migrante ilegal en caso de cometer un delito en territorio nacional”. Para la ultraderecha, determinar “la edad mediante pruebas médicas y periciales procede cuando no puede desprenderse de la apariencia física de la persona en cuestión su edad con claridad”.

Para Vox, la apariencia física está en muchas ocasiones influenciada y condicionada por cuestiones nutricionales, higiénico-sanitarias, grado de madurez y más factores; “por lo que resulta necesario realizar pruebas médicas exhaustivas para determinar fielmente la edad de los inmigrantes ilegales”. Las pruebas más utilizadas para determinar la edad de una persona son la radiografía de la cresta ilíaca de la cadera (técnica risser) o el examen radiológico o TAC de la epífisis proximal de la clavícula. Un portavoz del PP no quiso adelantar a este diario la intención de su voto, pero otras fuentes consultadas aseguran que la formación de Ayuso tumbará la iniciativa. En septiembre, Vox ya pidió en la Asamblea que el Ejecutivo regional cerrara los centros donde acoge a estos chicos. La presidenta regional contestó con ironía acusando a la entonces portavoz de Vox, Rocío Monasterio, de tener “muy pocos valores católicos”. Monasterio dimitió hace unos días al perder el favor de su grupo.

“La inmigración se ha convertido en el principal problema para los españoles, tal y como señala el último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), donde la inmigración se ha convertido en el principal problema existente en España para el 30,4% de los encuestados. De hecho, desde el 1 de enero hasta el 15 de septiembre de 2024 han entrado ilegalmente a España 37.970 inmigrantes ilegales, lo que supone un aumento de casi el 50% respecto al mismo periodo de 2023 (cuando llegaron 25.471 inmigrantes ilegales), y un aumento del 93,9% respecto al mismo periodo de 2022 (cuando entraron 19.573 ilegales)”, señala Vox en su PNL.