Subida de sueldo para funcionarios en 2025: cuánto dinero está confirmado y qué negociarán los sindicatos

Los funcionarios se encuentran negociando, desde el pasado mes de septiembre, un nuevo paquete de medidas que incorporar al Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, un documento firmado en 2022 que contemplaba diversas reformas que no han terminado de implementarse, como la reducción de la temporalidad del empleo público al 8% y el desarrollo de las distintas modalidades de jubilación, pero también fijaba las subidas salariales para 2022, 2023 y 2024, que sí se cumplieron, pero que dejan un escenario sin definir a partir de 2025.

Por ello, los sindicatos mayoritarios, UGT, CCOO y CSIF, buscan reeditar este acuerdo, y aunque no se conoce la cifra concreta, la idea de los organismos es conseguir subidas para compensar la inflación, recuperar el poder adquisitivo perdido en los años de la crisis financiera y las pagas extras recortadas.

El contexto histórico de estas negociaciones se remonta a 2010, cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aplicó un recorte del 5% de media en los sueldos de los empleados públicos, seguido de una congelación salarial hasta 2015. Desde entonces, y a pesar de las pequeñas subidas que se han producido año a año, los incrementos no han logrado recuperar el poder adquisitivo perdido, lo que ha motivado a los sindicatos a buscar un nuevo acuerdo que garantice la estabilidad económica de los trabajadores del sector público.

Según el acuerdo marco, el Gobierno deberá aprobar una subida mínima del 0,5% a comienzos de 2025. Una medida que depende de que la inflación de los tres últimos años supere el aumento salarial que se ha producido, que, por el momento, se cumple.

Además, este aumento es de carácter retroactivo, por lo que afectará a las nóminas de 2024.

CSIF está abierto a negociar un nuevo acuerdo marco, mientras que UGT evita proponer una cifra específica para la subida salarial, pero estaría dispuesto a un pacto de varios años que incluya una parte variable ajustada al IPC y al PIB, similar al modelo del acuerdo actual. Estas propuestas sindicales parecen, en principio, más viables que otras que requerirían cambios o nuevas leyes. Sin embargo, el Gobierno deberá considerar el límite de crecimiento del gasto público que establecerá Bruselas.

Un análisis de UGT del pasado mes de mayo reveló que el Ejecutivo había implementado únicamente el 66% de las medidas del acuerdo marco. Del resto, un 14% se encontraba en proceso de negociación, otro 14% en trámite parlamentario y el 6% aún estaba pendiente de ser abordado.

Otros temas pendientes que reclama CCOO son avanzar con mayor efectividad en la jubilación anticipada con coeficientes reductores que fomenten el empleo y rejuvenezcan las plantillas. También reclama la eliminación de la tasa de reposición en todas las administraciones públicas, algo que el exministro Escrivá no implementó debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. Esta restricción resultó en una Oferta de Empleo Público en julio con criterios similares a los de años anteriores, sin la modernización prevista.