
La Constitución Española recoge en su artículo 116 una de las herramientas que el Estado tiene a su alcance para hacer frente a situaciones graves como las inundaciones provocadas por la DANA, en las que han muerto más de 200 personas y se han visto colapsados cerca de 70 municipios; o la crisis sanitaria, en 2020, por la pandemia del Covid-19 por el que murieron más de 121.000 ciudadanos en España y se restringió la movilidad en el territorio nacional desde marzo hasta junio. En el último caso, se decretó el estado de alarma; en las riadas provocadas por el temporal meteorológico, el estado de alarma no ha sido declarado aún, pese a las demandas ciudadanas y de algunos partidos políticos.
Según la norma fundamental española, “el estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo”.
Supuestos para declarar el estado de alarma
Asimismo, el artículo 116 dicta que los estados de alarma, excepción y sitio, y las limitaciones correspondientes y competencias serán regulados por una ley orgánica.
La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, establece que el gobierno o la autoridad competente podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad:
- Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales.
- Crisis sanitarias como epidemias o situaciones de contaminación grave.
- Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad.
- Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.
Además, la ley orgánica habla de que si la situación afecta a la normalidad de un ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, el presidente de la misma podrá solicitar al Gobierno central la declaración del estado de alarma. Es decir, Carlos Mazón puede solicitar a Pedro Sánchez que declare el estado de alarma en la Comunidad Valenciana.
Quién declara el estado de alarma

Como se ha mencionado, es el Gobierno el que está autorizado para la declaración. Así se vio en la pandemia del coronavirus, cuando se sufrió un confinamiento a nivel mundial. Desde entonces, se cree que, con la declaración del estado de alarma en España, la restricción de la movilidad es la principal medida que las autoridades competentes pueden poner en marcha.
Sin embargo, la Ley Orgánica 4/1981 explica una serie de medidas que pueden ser aplicadas por las autoridades durante el periodo de vigencia del estado de alarma:
- Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas o lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.
- Incautar, temporalmente, todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.
- Intervenir y ocupar fábricas, industrias, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados.
- Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.
- Impartir las órdenes necesarias para garantizar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los centros de producción afectados.
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