¿Qué pasa ahora con los funcionarios de Muface?

La continuidad de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) parece pender de un hilo después de que las tres aseguradoras que cubrían este servicio (Adeslas, Asisa y DKV) hayan rechazado adherirse al nuevo concierto para el bienio 2025-2026. La oferta del Gobierno de aumentar un 17,2% las primas, la mayor de su historia desde que existen registros homologables, les ha parecido insuficiente a estas compañías que solicitaban, por lo menos, una subida del 38%. La prima media por beneficiario se situaría en 1.208 euros, un 30% inferior a los 1.736 euros que el Sistema Nacional de Salud (SNS) invierte por cada ciudadano.

El nuevo convenio contemplaba un presupuesto de 2.681 millones de euros para el periodo de dos años, cifra que se quedaba corta para un sector que asegura perder 200 millones de euros al año con este sistema. Que Muface no salga rentable a las empresas se debe, en parte, a la alta siniestralidad de la población a la que atiende, cada vez más envejecida. Solo en SegurCaixa Adeslas, el 40% de los adscritos tiene más de 55 años, lo que aumenta la frecuencia de uso y eleva la siniestralidad por encima del 100%.

Además, la administración esperaba añadir a la cobertura concertada nuevos servicios, como la atención bucodental y las terapias avanzadas para el tratamiento del cáncer. Estas adiciones se derivan de las políticas del Sistema Nacional de Salud, que ha ampliado su cartera de servicios en los últimos años. Con el aumento del 17,2%, las aseguradoras no alcanzan para soportar todos estos servicios.

El acutal convenio de Muface tiene como fecha final el próximo 31 de diciembre. Si las aseguradoras han decidido no participar, los funcionarios que optaron en 2024 por la sanidad concertada podrían verse obligados a trasladar su asistencia a la pública, justo en uno de los momentos en los que más problemas de saturación tiene el sistema, debido a la incidencia de la gripe y otras enfermedades respiratorias.

Los últimos datos proporcionados por el Minsiterio de Sanidad reflejan las lacras del SNS. Un 20% de los españoles espera más de seis meses para poder operarse y, de media, tardan 121 días en entrar a quirófano. En cuanto a las consultas por especialistas, el 84% de la población aguanta hasta 94 días para conseguir una primera cita y el 54,6%, más de 60 días. En la atención primaria, el Barómetro Sanitario del CIS refleja que los españoles tardan, de media, 8,8 días en ver a su médico de cabecera y un 21,7% de la población espera más de 11 días para conseguir una cita.

La situación se replica también en materia de salud mental: según el CIS, un 19,2% de la población necesitó consultar a un profesional sanitario por un problema de salud mental o un malestar psicológico o emocional. Del 50% que acudió a la sanidad pública, debieron esperar entre uno y tres meses para conseguir cita en un 44,4% de los casos. Un 23,8% debió esperar más de tres meses, mientras que el 22,7% lo consiguió en menos de treinta días.

En contraposición, el III Informe de ASPE, la patronal de la sanidad privada, asegura que el 70% de sus pacientes esperan menos de 15 días en operarse, una vez han visto al especialista. En cuanto a las pruebas diagnósticas, el 81% de los pacientes de la privada espera menos de dos semanas y casi la mitad de ellos tiene los resultados en menos de 5 días.

Estas diferencias hacen que muchos se pregunten si el Sistema Nacional de Salud sería capaz de dar cobertura a los mutualistas si Muface cae. Un estudio financiado por la propia ASPE calculó en febrero de 2024 que las mutualidades le ahorran más de mil millones de euros cada año a las arcas públicas, cerca de 600 euros por mutualista. Pero la continuidad de la cobertura concertada también ha tenido sus críticas y se ha puesto en duda. El propio secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, afirmó en el Congreso de los Diputados que “si construyéramos un sistema desde cero, sería incomprensible que los empleados públicos no fueran atendidos en el sistema público”. A su parecer, Muface es un “perjuicio” para los funcionarios, porque “se les hurta el nivel de asistencia que más capacidad tiene para aportar a su salud”, el público.

Si no hay aseguradoras que quieran prestar el servicio que hasta ahora se gestionaba desde Muface, es lógico pensar que los funcionarios ya no tendrán acceso a la sanidad privada como antes. Pero Muface ha asegurado en un comunicado que “la atención médica y asistencial se mantendrá en los términos actuales” con posterioridad al 31 de diciembre para todos los mutualistas.

En el comunicado emitido este martes, afirman que existen mecanismos en la Ley de Contratos del sector público que garantizarán “la continuidad de las prestaciones sanitarias”, sin dar más detalles al respecto. La Ley de Contratos del sector público establece en su artículo 291.1 que “finalizado el plazo de la concesión, el servicio revertirá a la Administración”, pero la jurisprudencia ha establecido la necesidad de que haya un acto formal que declare la extinción del servicio. Asimismo, se prevé la posibilidad de una prórroga forzosa en casos de servicios esenciales de hasta nueve meses. Eso sí, tendría que compensar a alas aseguradoras por ello. Mientras, el convenio previo de Muface, para el periodo 2022-2024, establece que “si la entidad no suscribiera con MUFACE un nuevo Concierto para el año 2025, continuará obligada por el contenido del presente Concierto hasta el treinta y uno de enero de 2025″.

Por el momento, los sindicatos han sido convocados con carácter urgente con la mutualidad pública el próximo 7 de noviembre para saber si continuará o no el servicio. En cualquier caso, Muface ha comenzado a trabajar en una nueva licitación, con la que intentará atraer a las aseguradoras y evitar que el sistema caiga.