Los negocios privados de Carlos III y el príncipe Guillermo a estudio: 5.410 propiedades, 60 millones de euros y sociedades exentas de impuestos

Las finanzas de los miembros de la Casa Real británica son siempre tema de debate en Reino Unido. Sin embargo, la reciente publicación de una investigación conjunta entre The Sunday Times y el programa Dispatches de Channel 4 ha reavivado el debate en torno a la transparencia económica y la financiación de la monarquía, un asunto que podría representar un desafío importante para el rey Carlos III durante su reinado.

Hace unos meses, la conversación pública giró en torno a la decisión del príncipe Guillermo de no revelar los impuestos que iba a pagar tras heredar el ducado de Cornualles después del fallecimiento de Isabel II. Ahora, este nuevo estudio indaga de forma detallada en las propiedades privadas de Carlos III y del príncipe Guillermo, revelando así que estos ducados generan millonarios ingresos anuales gracias a una compleja red de rentas comerciales y gravámenes sobre tierras que comenzaron en la Edad Media. Este sábado, ambos medios británicos expusieron los resultados de una investigación que ha durado al rededor de cinco meses, y que revela que estos ducados producen millones de libras al año cobrando a departamentos gubernamentales, consejos, empresas, compañías mineras, y al público, mediante alquileres, peajes y tarifas en propiedades históricamente heredadas.

Un portavoz del Ducado de Lancaster, propiedad de Carlos III, ha defendido estas operaciones, afirmando que “cumplen con toda la legislación del Reino Unido y los estándares regulatorios aplicables a su gama de actividades comerciales”. Este ducado, junto con el de Cornualles, es una de las tres fuentes principales de financiamiento para la familia real, además de la Subvención Soberana y el patrimonio de la Corona, conocido como Crown Estate. La Subvención Soberana consiste en fondos públicos destinados a la monarquía para cubrir gastos de mantenimiento de residencias oficiales, eventos de Estado, y personal. Este fondo se calcula en función de las ganancias del Crown Estate, que es administrado públicamente desde el siglo XVIII, cuando la Familia Real cedió su control al Tesoro a cambio de conservar el control de los ducados de Lancaster y Cornualles, los cuales entonces generaban ingresos modestos, según comenta The Sunday Times.

Sin embargo, el negocio inmobiliario detrás de estos ducados ha crecido sustancialmente en los últimos años, con activos que superan los 2.100 millones de euros, según estimaciones de The Sunday Times. La investigación sugiere que los ducados se han modernizado: “Los antiguos imperios inmobiliarios que financian al Rey y al Príncipe de Gales han permanecido como un secreto muy bien guardado dentro de la familia real y su pequeño círculo de asesores durante siglos. Incluso al Parlamento se le ha negado el acceso a la lista de propiedades en poder de la familia real”. Además, el programa Dispatches lo ha desvelado en el documental de 48 minutos nombrado El rey, el príncipe y sus millones secretos.

Uno de los datos más llamativos es el extenso alcance de las propiedades y la variedad de actividades comerciales que abarcan los ducados. “Los archivos del Ducado muestran que la realeza cobra por el derecho a cruzar ríos, descargar mercancías en la costa, tender cables bajo sus playas, gestionar escuelas y obras de caridad e incluso cavar tumbas. Obtienen ingresos de los puentes de peaje, los transbordadores, las tuberías de alcantarillado, las iglesias, los ayuntamientos, los pubs, las destilerías, los gasoductos, los amarres de los barcos, las minas a cielo abierto y subterráneas, los aparcamientos, las viviendas de alquiler y las turbinas eólicas. Operan como propietarios comerciales y tienen un acuerdo especial con el Tesoro que los exime de pagar impuestos sobre sus ganancias corporativas. Los ducados no están financiados directamente por el contribuyente, pero los arrendamientos y contratos a nombre del rey y el príncipe muestran que están ganando millones de libras al año cobrando al ejército, la marina, el Servicio Nacional de Salud, el servicio penitenciario y las escuelas estatales por el uso de sus tierras, ríos y costas”, revelan en el medio británico.

Pero, sin duda, lo que ha creado mayor controversia es el acuerdo especial que permite a estos ducados estar exentos de pagar impuestos sobre sus ingresos corporativos. Aunque estos ingresos no provienen directamente de los contribuyentes, los contratos y arrendamientos en nombre del rey y el príncipe Guillermo generan ganancias anuales significativas. Algunos ejemplos son el pago que realiza el Servicio Nacional de Salud (NHS) al ducado de Lancaster por un aparcamiento de ambulancias, y el acuerdo con el Ministerio de Justicia, que paga al ducado de Cornualles cerca de dos millones de euros anuales por la antigua prisión de Dartmoor, que ahora se usa como centro de entrenamiento militar.

En total son 5.410 propiedades y según cifras de la investigación, el año pasado el ducado de Lancaster generó 32,6 millones de euros en ingresos, mientras que el ducado de Cornualles alcanzó los 28,1 millones de euros. Ambos patrimonios están exentos de impuestos corporativos, aunque Carlos III y el príncipe Guillermo pagan impuestos sobre la renta después de deducir gastos empresariales, sin que hasta la fecha hayan revelado la cantidad exacta que contribuyen.

Estas informaciones han explotado no solo en la sociedad británica, sino que la aristocracia y la clase política también quieren una explicación. La baronesa Margaret Hodge, expresidenta del Comité de Cuentas Públicas en la Cámara de los Comunes, ha exigido que los ducados deberían al menos pagar el impuesto de sociedades. “Todos amamos a la monarquía, todos queremos que funcione. Pero queremos que den ejemplo en la forma en que manejan sus finanzas”, comentó Hodge.

“No pagan impuestos sobre las ganancias de capital ni tampoco impuestos de sociedades, pero afirman que actúan con fines comerciales. No pueden tener ambas cosas a la vez. Si quieren ser privados y comerciales, tienen que pagar la tasa impositiva justa, como todos los demás, de lo contrario obtienen una ventaja competitiva. Este sería un momento brillante para que la monarca diga: Quiero que me traten con la misma justicia que a los demás”, añadió indignada.

Además, The Guardian ha informado que el informe ha suscitado “peticiones de que se abra una investigación parlamentaria y de que los dos imperios pasen a formar parte del patrimonio de la Corona, que sí tiene que enviar sus beneficios al gobierno”, para dar paso a lo que ya ocurre con el Crown Estate. Aunque este no fue el único tema tratado en Dispatches, la controversia sobre la sostenibilidad y el impacto ambiental de algunos contratos de las propiedades reales, en especial aquellos con empresas mineras, provocó grandes reacciones.

En respuesta, un portavoz del ducado de Cornualles argumentó que la finca tiene un compromiso con la restauración del entorno natural y busca un “impacto social positivo en las comunidades”. Además, el portavoz señaló que la finca opera de forma “responsable y sostenible” en consonancia con la estrategia industrial del Reino Unido, que incentiva la inversión en fuentes locales de minerales.