El sindicato de Vox ofrece servicios jurídicos gratuitos a los “detenidos o multados” por atacar a Pedro Sánchez en Paiporta

Tras los incidente ocurridos este domingo en Paiporta, uno de los municipios valencianos más afectados por la DANA, en el que un grupo de personas atacó la comitiva en la que se encontraban los reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el sindicato de Vox ha ofrecido servicios jurídicos gratuitos a todos los “detenidos o multados” por lo ocurrido.

Acompañado del vídeo en el que se ve como varios individuos atacan el coche del presidente, dejándolo lleno de barro y con las ventanillas rotas, el sindicato de ultraderecha explica en una publicación en la red social X, antes Twitter, que “si hay detenidos o multados nuestros servicios jurídicos están a su disposición de forma gratuita”.

En el mismo mensaje añaden que entienden “perfectamente la indignación de los españoles ante un presidente que les ha humillado”, haciendo clara referencia a que su ofrecimiento se basa casi exclusivamente a los que de alguna manera sufran consecuencias por atacar a Sánchez y no al resto de miembros de la comitiva.

Y es que, lo que en un principio podía parecer un ataque espontáneo de los afectados contra sus dirigentes movido por la frustración, cada vez apunta más a un acto promovido por varios grupos de ultraderecha. El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, apuntó en declaraciones a RTVE a un grupo “muy marginal” de violentos que desplegó un “mínimo de organización para lanzar fango, palos y otros objetos contundentes a la comitiva”.

Ya desde el Servicio de Información de la Guardia Civil están desarrollando sus pesquisas para identificar a los responsables de estos incidentes. Entre esas diligencias, se están rastreando redes sociales y canales de comunicación como Telegram de grupos y organizaciones de ultraderecha para intervenir los posibles mensajes con los que se gestó esa “mínima organización” a la que hace referencia el ministro Marlaska.

Para entender que tipos de servicios jurídicos podrían necesitar los atacantes, primero hay que entender el delito al que se enfrentan. Este sería el atentado contra la autoridad en su tipo agravado.

Según el Código Penal, “Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas” y las penas a las que se enfrentan son de uno a seis años y multa de seis a doce meses, ya que en este caso la autoridad contra la que se atentó es miembro del Gobierno.

Sin embargo, en este caso estaríamos hablando de un tipo agravado del delito, ya que los escenarios que se contemplan para aplicarlo son en los que se hace “uso de armas u otros objetos peligrosos” o “cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves, en particular, están incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes”. Esto significaría que se aplicarían las penas superiores en grado.

El Sindicato Solidaridad fue presentado por Santiago Abascal, líder de Vox, el 5 de julio de 2020, con el objetivo de estar “al servicio de los españoles y no de partidos políticos o causas ideológicas”, según sus declaraciones durante el lanzamiento. La estructura del sindicato es piramidal, con un secretario general en el vértice, quien es elegido por un periodo de cuatro años y puede ser reelegido indefinidamente. Este secretario general tiene la responsabilidad de aprobar la creación de secciones sindicales y asociaciones provinciales y sectoriales, además de presidir la asamblea general y proponer a los miembros del comité de garantías. Actualmente el cargo lo ocupa Rodrigo Alonso, diputado de Vox en el parlamento andaluz por Almería.

Desde su origen, el financiamiento del sindicato ha sido un tema de debate, ya que según el propio Abascal, la organización sería “sufragada por sus afiliados” y no se financiaría a través de “el trabajo de todos los trabajadores como hacen los sindicatos actuales”. Sin embargo, los estatutos del sindicato indican que también se financia mediante “donaciones, subvenciones y aportaciones”, además de “cualquier otro recurso que pueda obtener, de conformidad con los preceptos legales”. Esto sugiere que no renuncian a recibir subvenciones, a pesar de que Vox ha rechazado ayudas públicas en el pasado.

El sindicato ofrece dos tipos de cuotas para sus afiliados: una cuota general de 5 euros al mes para los afiliados en activo y una cuota reducida de 3 euros al mes para aquellos en situación de ERTE, personas con discapacidad reconocida, estudiantes, jubilados, trabajadores con familia numerosa o con contratos precarios.