Críticas a Igualdad por un estudio sobre la prostitución... sin testimonios de las mujeres que la ejercen: “Es muy triste que se niegue su voz”

La prostitución en España ha sido, durante muchos años, una cuestión ampliamente discutida por diferentes agentes sociales y organismos. En mayo de este año, el Congreso tumbó una ley abolicionista elaborada por el PSOE. Ningún partido estaba de acuerdo, a pesar de que el Partido Popular aseguró que presentaría su propia ley, también abolicionista, mientras que Sumar contiene en su interior diversos partidos con opiniones diversas.

Medio año más tarde, sobre la prostitución se ha pronunciado el Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo. La ministra ya informó a mediados de septiembre de la realización de un “macroestudio” sobre “trata, explotación sexual y prostitución de mujeres”. Un trabajo que pretendía ser pionero por estimar, estadísticamente, “el tamaño de esta población, oculta y de difícil acceso”. Incluso antes de conocerse los resultados finales, Redondo reveló algunos de los datos recabados a modo de “avance”.

Tras analizar 654.000 anuncios en webs y otros soportes, haciendo uso además de “inteligencia y Big Data”, se identificó a 114.576 mujeres diferentes en los anuncios, de las cuales “92.496 —más del 80%— podrían estar en riesgo de trata”. Sin embargo, los resultados definitivos han situado el porcentaje en un 24,2%. Además, finalmente los resultados han apuntado que, en 2023, el número de mujeres en situación de prostitución se situó entre 152.735 y 184.234.

Hay también otros datos aportados en septiembre por Redondo que no han experimentado ningún cambio significativo: el 28% de las mujeres en situación de prostitución tienen “entre 18 y 24 años”. El 51% son “latinas”, solo el 16% son europeas, el 13% españolas. Cifras que, en suma, acompañan el compromiso del Gobierno de cara a impulsar “normas como el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la explotación de seres humanos”.

Pero también en septiembre comenzaron a surgir numerosas críticas hacia el estudio, publicado finalmente el pasado 30 de octubre. Algunas de las más sonadas provenían de la Red de Voces feministas por los Derechos, un colectivo formado por personal académico, investigadoras y activistas. “Desgraciadamente, atestiguamos la instrumentalización política de ciertas problemáticas y hechos sociales por parte de algunos partidos hasta comprometer algunos de los principios más básicos de la ciencia”, lamentaban en un comunicado.

Una forma de proceder que, para la red, terminaba “perjudicando y abundando en el estigma de los colectivos más vulnerables”. De este modo, consideraban que, si bien el análisis de publicidad resulta útil, “no puede ser representativo de la actividad real de la industria sexual”. “El contenido de los anuncios a menudo es adaptado a las necesidades de quienes ofrecen servicios sexuales”, recuerdan. Por ello, algunas de las variables utilizadas por el Gobierno no podían servir para “generar un mapa de la realidad de las personas que ofrecen servicios sexuales remunerados”.

Por otro lado, si bien el Ministerio, a la hora de calcular por ejemplo el porcentaje de personas en riesgo de trata se basó en criterios de la Organización para la Seguridad y la Coordinación en Europa (OSCE), se deberían haber seguido los protocolos de Naciones Unidas. Y, lo que es más, se debería haber acudido para ello a quienes más cerca viven de esta situación: “A las redes especializadas de investigación, entidades colaboradoras y a las propias organizaciones de trabajadoras sexuales organizadas”.

Son entidades como la ONG Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS). Desde allí, su presidenta, Fuensanta Gual, también desconfía de la veracidad de algunos de los datos ofrecidos por el Gobierno. Para ella, el uso de la publicidad también carece de rigor, y no entiende cómo, para realizar el estudio, no se pusieron en contacto ni con su ONG ni con ningún otro colectivo donde predominara la palabra de la mujer implicada.

“Es muy triste que se niegue su voz”, comenta Fuensanta, “pero muchas veces se ignora o se censura”. El porcentaje ofrecido en el avance del estudio, ese famoso 80% de mujeres en riesgo de trata —que ha descendido en un mes al 24,2%—, “lo que expresa son las necesidades de las mujeres a las que les ofende la prostitución”. Y eso es a lo que estas mismas “mujeres” a las que se refiere llaman abolicionismo. “No se trata de abolir o regular la prostitución”, recalca la presidenta de CATS, “es prohibicionismo frente a derechos... y lo que falta en ese debate es la voz de las propias trabajadoras sexuales”.

El Comité, cuyo órgano directivo contiene una mitad de miembros que han ejercido la prostitución, realizó un estudio en el que sí hablaban las mujeres en esta situación. Estas —más de 300— ofrecieron directamente información sobre el contexto en el que se encuentran. “Cerca del 50% de las mujeres que ejercen la prostitución por cuenta ajena han sufrido abusos en este contexto, destacan en la investigación como primera conclusión”.

Una información que se complementa con la de otro estudio, realizado por las Hermanas Oblatas del Santísimo, cuyo programa de intervención integral con mujeres que ejercen prostitución lleva más de 150 años —desde 1864— realizándose en distintos lugares del mundo. Anualmente, realizan un informe en el que, en su última edición, recopilaron el testimonio de cerca de 8.000 mujeres a las que habían asistido, de las cuales el 80% se encontraba en situación de prostitución.

“Las mujeres sufren un gran impacto en su bienestar y presentan mayor deterioro en su estado de salud, tanto física como mental, en parte consecuencia del aumento de la violencia experimentada en el ejercicio de la prostitución, y en la etapa de captación y tránsito en el caso de las víctimas de trata”, indican en el estudio. Abuso, acoso sexual, violencia de género, explotación y sumisión química serían las principales violencias ejercidas, según explicaron en las encuestas las propias afectadas.

“Casi el 80% de las mismas se niega a interponer denuncia por miedo a represalias, así como a causa de su situación administrativa, aunque desde los proyectos se aconseje hacerlo”. Además, destacan que han “notado una reducción de las ayudas estatales y autonómicas respecto a años anteriores. En algunos casos son más puntuales y no incluyen a las mujeres más vulnerables, que son aquellas que se encuentran en situación administrativa irregular”.

Los anuncios analizados por el estudio del Ministerio no ofrecen datos que muestren estas violencias ejercidas, del mismo modo que tampoco abordan el resto de problemáticas que viven las mujeres en contexto de prostitución. “Un tercio de las encuestadas dejaría la prostitución si encontrara otro empleo”, afirma Fuensanta, que también dice que la mitad de las encuestadas solo lo haría si ese nuevo trabajo le reportara mayores beneficios. No obstante, “la falta de permisos de residencia para mujeres extranjeras y la escasa accesibilidad al empleo son factores determinantes para ejercer la prostitución”.

Este es otro asunto por el que Redondo y su equipo han sido criticados desde que se conocieron los primeros datos del estudio. En este, se indica el alto porcentaje de extranjeras, pero no se hace ninguna referencia a que “la actual regulación de extranjería es la que provoca que la gente se dedique a la prostitución”. “Que les den papeles si quieren disminuir la prostitución”, denuncia Fuensanta, que insiste en la necesidad de centrarse en los derechos y necesidades de las mujeres.

Incluso en los datos sobre la trata, la Red de Voces Feministas por los Derechos afirmaba en un comunicado que “desde la investigación y la intervención social se presta atención a circunstancias tales como si a esa persona se le ha sustraído su documentación, no si ofrece un servicio completo en lugar de un masaje”.

Así, la extranjería de las mujeres en situación de prostitución cobra protagonismo en la investigación del Ministerio con uno de los criterios, el “exotismo”, utilizados para detectar la trata. “Resulta absolutamente bochornoso, no solo por la grave negligencia metodológica, sino porque visibiliza el racismo y la discriminación como base ideológica del ‘estudio’”, escribían en el comunicado.