La Justicia italiana falla a favor de un funcionario de prisiones que estuvo 20 años trabajando sin sueldo y deberá recibir una compensación de 155.462 euros

¿Se puede estar 20 años trabajando sin cobrar un sueldo? La Justicia italiana ha puesto fin este 7 de octubre al periplo de un trabajador que se remonta al año 1992 y cuya historia es digna de un relato de Kafka. El resumen: un agente de la policía penitenciaria en Italia no era capaz de desarrollar su función laboral y pide ser reasignado por cuestiones de salud, pero su “compensación” por el cambio llegó después de 20 años tras una dura batalla judicial.

Todo empezó en Trapani, una ciudad ubicada en la región de Sicilia, en el sur de Italia, cuando un agente de la policía penitenciaria pidió ser trasladado a una de las oficinas de la fiscalía de la ciudad alegando razones de salud que le impedían realizar tareas operativas, recoge la prensa italiana.

Sin embargo, durante el periodo comprendido entre 1995 y 2012, el agente no recibió salario alguno, a pesar de haber solicitado en varias ocasiones que se le abonara su retribución correspondiente. Tuvo que esperar nueve años (2003) a una sentencia del Tribunal Administrativo Regional (Tar) y una confirmación de otra entidad, el Consejo de Justicia administrativa, en 2006, para establecer que se debía hacer otra evaluación médica para determinar las condiciones de salud del trabajador.

El tiempo pasaba y el Ministerio no fijaba una fecha para pasar por el tribunal, hasta que, cuando llegó el momento del examen médico, lo declararon “apto” para realizar el cambio laboral. Por lo tanto, solo en el 2012, después de 20 años de calvario, el agente de la policía penitenciaria fue trasladado a las oficinas del ministerio de Trapani.

Tras la espera y estar sin cobrar tantos años, el trabajador decidió en 2015 emprender acciones legales con el apoyo del bufete de abogados Palmigiano y Asociados, representado por Alessandro Palmigiano y Licia Tavormina, para obtener una compensación económica.

En una sentencia de 2023, la justicia falló a favor del agente y cuantificó su compensación en el 50% de sus retribuciones, teniendo en cuenta que, en esos años, el hombre había desarrollado efectivamente alguna actividad. Con esa decisión, la suma que se le debía al agente ascendía a 155.462,82 euros, más intereses.

Sin embargo, el ministerio no le pagó y decidió pedirle al trabajador la declaración de “todas las sumas recibidas provenientes de cualquier actividad desde el 18 de marzo de 1995 hasta el 2012″ y la documentación como comprobante. Esta petición era absurda, ya que el TAR había tenido ya en cuenta esas sumas a la hora de calcular la indemnización.

“Ilegítimamente”, explican sus abogados, el ministerio, por tanto, decidió reducir esa suma y restar lo que había ya recibido el trabajador esos años, y la suma que le ingresó finalmente fue de 79.565,29 euros. Además, sin intereses, tal y como había establecido la Justicia.

30 años después, el TAR ha dictado sentencia y ha condenado al ministerio de Justicia y el ministerio de Economía a cumplir con las cifras inicialmente acordadas y pagar los 76.071,56 que faltan.

El abogado Alessandro Palmigiano expresó su satisfacción con el resultado, destacando que la historia merecía justicia tanto desde un punto de vista moral como por el resarcimiento del daño sufrido por el agente.