Un abogado explica las cinco ilegalidades más comunes que cometen los caseros en España: “Solo puede entrar en el piso si el inquilino le deja”

La relación entre caseros e inquilinos está regida por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que establece derechos y obligaciones para ambas partes. Aun así, algunos propietarios buscan imponer condiciones que van en contra de la ley, y muchas personas desconocen sus derechos como inquilinos. En un video reciente en TikTok, el abogado Lawtips explicó las cinco prácticas más comunes en las que los caseros suelen incumplir la ley, alertando a inquilinos sobre sus derechos y cómo defenderlos.

La LAU establece que, para el alquiler de vivienda habitual, el casero solo puede exigir un mes de fianza. Además, si desea una garantía adicional, esta no debe exceder los dos meses de renta. La fianza es una medida para cubrir posibles daños en la vivienda, pero la ley restringe su monto para evitar abusos económicos por parte de los arrendadores. Algunos propietarios intentan obtener una garantía mayor, pero esto es ilegal y puede ser reclamado por el inquilino. En caso de conflicto, el inquilino puede recurrir a un abogado o asesoría legal para que el propietario cumpla con la normativa.

Otro de los abusos frecuentes es exigir varios meses de renta por adelantado al iniciar el contrato. Sin embargo, el abogado Lawtips explica que esto también es ilegal en España. El propietario solo puede pedir una mensualidad al inicio del contrato y, posteriormente, el pago mensual debe hacerse en los plazos acordados, sin anticipos excesivos. La ley protege al inquilino para evitar que se le impongan pagos desorbitados que puedan dificultar su economía familiar.

Una de las prácticas que más controversia genera es el traspaso de los gastos de gestión inmobiliaria al inquilino. La LAU es clara en este aspecto: cuando el arrendador contrata los servicios de una agencia para gestionar el alquiler de su propiedad, es él quien debe asumir los gastos que se deriven de este servicio. Sin embargo, muchos caseros intentan repercutir estos costos en el arrendatario, obligándolo a cubrir estos gastos de agencia. En casos como estos, el inquilino puede negarse a asumirlos y exigir el cumplimiento de la ley.

En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, la ley permite al inquilino prorrogar su estancia hasta un máximo de cinco años (o hasta siete años si el propietario es una persona jurídica), siempre que cumpla con las condiciones del contrato. Esta protección garantiza la estabilidad del inquilino en su vivienda y evita que se le obligue a buscar otro hogar cada año. Solo en situaciones justificadas, como la necesidad de vivienda del propietario para uso propio o de familiares cercanos, puede evitarse esta prórroga. Cualquier cláusula que limite este derecho sin una justificación válida es nula, y el arrendador podría enfrentarse a un proceso legal si intenta forzar la salida del inquilino antes de los cinco años.

El abogado Lawtips enfatiza que la inviolabilidad del domicilio es un derecho constitucional, y ningún casero puede entrar en la vivienda sin el consentimiento del inquilino. La Constitución Española, en su artículo 18, establece que el domicilio es inviolable y, por lo tanto, ni el propietario de la vivienda ni terceros pueden ingresar sin el permiso expreso del inquilino. Incluir una cláusula en el contrato que autorice al arrendador a entrar cuando lo desee es ilegal, y cualquier contrato que contenga este tipo de disposiciones es contrario a derecho.

Según explica Lawtips, en situaciones en las que el casero necesite entrar al inmueble, como para efectuar reparaciones urgentes o inspeccionar posibles daños que el inquilino haya notificado, debe acordar previamente la visita con el inquilino, quien tiene derecho a escoger el momento adecuado. De lo contrario, cualquier acceso sin autorización puede interpretarse como allanamiento de morada, una falta que tiene implicaciones legales serias para el propietario.

El video de Lawtips es un recordatorio de la importancia de que los inquilinos conozcan sus derechos para evitar abusos y cláusulas abusivas. Aunque la LAU protege tanto a caseros como a inquilinos, algunas prácticas ilegales se mantienen debido a la desinformación. Los expertos recomiendan leer cuidadosamente el contrato de arrendamiento y, en caso de dudas, consultar con un abogado especializado que pueda asesorar en materia de arrendamientos.