La obligación que tiene el inquilino de piso: si no la cumple, el casero puede desalojarlo

Cuando una persona alquila una vivienda, adquiere no solo el derecho de uso, sino también una serie de obligaciones que protegen el estado del inmueble y los intereses del arrendador. No cumplir con estos requerimientos puede llevar a serios problemas, incluida la posibilidad de un desahucio. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y el contrato de arrendamiento, que actúa como el acuerdo formal entre el inquilino y el propietario, establecen estas reglas y directrices. Incumplirlas podría terminar en una demanda de desalojo, especialmente en los casos en los que el estado de la vivienda resulta gravemente afectado.

Desde el inicio del contrato, el inquilino debe comprometerse a hacer un uso adecuado del inmueble y a conservarlo en buenas condiciones. Esto implica tratar la vivienda como su hogar, cuidando de ella y asegurando su mantenimiento. La LAU, en su artículo 27, respalda el derecho del propietario a resolver el contrato si el inquilino incumple sus obligaciones de cuidado y conservación del inmueble. Este incumplimiento no solo puede suponer una afectación al valor de la propiedad, sino también, en los casos más graves, puede generar costos de reparación adicionales para el arrendador.

No obstante, es importante distinguir entre el deterioro natural que se produce con el uso regular y responsable, y los daños derivados de un uso inadecuado o negligente por parte del inquilino. Los daños significativos, que exceden el desgaste normal, pueden considerarse como motivo para un desahucio.

Cuando el inquilino causa algún deterioro en la vivienda, este tiene la obligación de reparar los daños ocasionados, de acuerdo con el contrato de arrendamiento. Si el inquilino se niega a realizar las reparaciones necesarias, el propietario puede documentar la situación y exigir al inquilino que cumpla con su responsabilidad. La comunicación oficial de los daños puede hacerse mediante un burofax, asegurando un medio fehaciente y legalmente válido para registrar la reclamación.

Si el inquilino ignora esta petición o no realiza las reparaciones en el plazo establecido, el arrendador cuenta con la vía judicial para interponer una demanda de desahucio. Esta medida permite recuperar el inmueble, siempre que los daños sean suficientemente graves y esté demostrado que el inquilino ha incumplido sus obligaciones contractuales de manera reiterada.

Para que el desalojo sea una opción válida, el arrendador deberá demostrar que el incumplimiento del inquilino afecta de manera importante al inmueble. Según el artículo 27 de la LAU, el propietario puede resolver el contrato si se producen daños causados de manera intencional o por negligencia por parte del arrendatario, o si el inquilino realiza obras sin el consentimiento necesario del propietario. En estos casos, el arrendador puede iniciar el proceso legal para recuperar la vivienda.

Además, el inquilino no puede escudarse en el hecho de que no le importa vivir en un espacio deteriorado. La obligación de cuidado y mantenimiento del inmueble es independiente de las preferencias o costumbres del arrendatario, y no cumplir con ella justifica la resolución del contrato y el desalojo. El contrato de alquiler no solo garantiza el derecho del arrendatario a vivir en la propiedad, sino que también establece las obligaciones que le corresponden para mantener el estado del inmueble.

La inviolabilidad del domicilio, que establece que el casero no puede entrar sin el permiso del inquilino, no exonera al arrendatario de cumplir con sus responsabilidades de cuidado y mantenimiento. La ley protege tanto al inquilino, al otorgarle el derecho de uso y disfrute del inmueble, como al propietario, al permitirle recuperar la vivienda si esta se encuentra en un estado que afecta su valor o habitabilidad debido al descuido del arrendatario.