Feijóo culpa a Sánchez de que la alerta por la DANA en Valencia llegara tan tarde: esto dicen la cronología y el BOE

Mientras los vecinos de Valencia achican el agua de sus casas, las autoridades buscan incesablemente a los desaparecidos, y los muertos se eleven ya a la centena, los políticos ‘politiquean’. Con la DANA aún asolando la península, ahora en Castellón y Andalucía y a falta de un balance de los daños definitivo, Alberto Núñez Feijóo ha viajado a la ‘zona cero’ para socorrer al presidente valenciano, Carlos Mazón, y ha achacado la culpa del desastre al Gobierno central y a la Agencia de Meteorología (AEMET).

Según ha recalcado el líder popular, Mazón tomó decisiones en función de la información que le llegaba de organismos como la AEMET o la Confederación Hidrográfica del Júcar, en los que tiene “competencia exclusiva” el Gobierno central. “Un presidente autonómico funciona según la información que recibe, y la información que se recibe son de organismos que son competencia exclusiva del Gobierno Central”, afirmó.

Antes de aterrizar en las palabras de Feijóo, cabe resaltar que la hemeroteca no acompaña al presidente de la Generalitat, que recuerda que una de sus primeras medidas al llegar al ejecutivo fue disolver en cuatro meses la Unidad Valenciana de Emergencia. Aparte de esta controvertida medida política, si bien es cierto que la AEMET es un organismo estatal, lo que parece desconocer el líder popular es que la alerta de la AEMET sobre las fuertes lluvias que se producirían en la zona de Utiel-Requena se produjo el martes 29 de octubre, un día antes del desastre.

Si los avisos del organismo meteorológico no fuesen suficiente —también pasó desapercibidos durante la borrasca Filomena—, la Confederación Hidrográfica del Júcar alertó a las 12:00 del mediodía del mismo miércoles sobre el peligro “alarmante” de desbordamiento del caudal de la rambla del Poyo en Riba-Roja. Motivo de ello que se suspendiesen las clases en las universidades valencianas antes de la hora de comer.

En esa misma mañana, Mazón tuvo una comparecencia pública donde dejó esta frase que tuiteó el martes a las 13:14 de la tarde, con la DANA ya sobre el cielo valenciano: “Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera, entorno a las 18, que disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunidad Valenciana”.

La alerta, no obstante, llegó a las 20:18, cuando ya era tarde para cualquier tipo de actuación. En tan solo ocho horas se concentró la lluvia de todo un año. Una hora antes de la alerta, la Generalitat no creyó conveniente elevar la alerta al máximo nivel, a pesar de que la acumulación de agua ya era más que considerable.

Después de estas palabras y vista la magnitud del desastre, el presidente valenciano ha eximido de responsabilidades a la Generalitat, argumentando que el protocolo de actuación corresponde al Gobierno Central. “Las alertas que se han ido realizando desde el CECOPI, el órgano de todos, es un sistema protocolizado que se ha seguido por todos los técnicos de los altos mandos coordinados con los distintos efectivos y administraciones. Es el protocolo que coordina la Dirección General de Protección Civil del Gobierno de España”, afirmó. El gobierno valenciano echaba así balones fuera de su tejado, apuntando a que seguía las instrucciones del Gobierno Central, del que critica que no hable en unos días por el luto oficial decretado.

Pero ¿De quién es la culpa? ¿Qué dice el BOE? Todavía es pronto ―y oportunista― achacar las culpas a un único actor gubernamental o corporativo. Pero lo que sí se puede contestar es qué dice la ley al respecto. La Norma Básica de Protección Civil de 2023 establece que las comunidades autónomas ―las autoridades autonómicas de Protección Civil― son responsables de la planificación de un Plan Territorial que se integra en el estatal y la ejecución de medidas de protección civil en su territorio.

En otras palabras, la competencia de protección civil es exclusiva de las comunidades autónomas, tanto a la hora de mandar las alertas como de planificar y ejecutar el protocolo de actuación en una situación de emergencia. En una situación de catástrofe, el gobierno autonómico puede solicitar al ministerio del Interior, si considera necesario, “la declaración de zona de emergencia de interés nacional”. El Ejecutivo valenciano decretó el nivel 2, que implica solicitar el auxilio de los medios del Estado, pero sin renunciar en ningún momento a la dirección del operativo.

El gobierno Central argumenta que sopesó elevar al nivel máximo la alerta y poder gestionar la emergencia, pero al no haberse notificado desde la Generalitat la voluntad de elevarlo, lo correcto era seguir las directrices del órgano institucional competente.