Arrestado el dueño de un supermercado que explotaba a sus empleados: “Si se hacían daño tenían que decir que el problema ocurrió en casa”

Según la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, su artículo 31 hace referencia a las condiciones de trabajo justas y equitativas. El citado artículo recoge que “todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, seguridad y dignidad”. Parece mentira que sea necesario recordar de vez en cuando el texto de este tipo legislaciones, pero lo cierto es que continúan existiendo casos de trabajadores cuyas condiciones laborales no concuerdan con lo que dice el artículo mencionado. El siguiente caso no ha sucedido a miles de kilómetros de España donde, desgraciadamente, las malas condiciones de trabajo se han normalizado, sino que ha salido a la luz un caso de explotación laboral en Catanzaro, ciudad situada en el sur de Italia.

La Dirección Antimafia del Tribunal de Catanzaro ordenó la detención del propietario de cinco supermercados que operaban en los municipios de Montepaone, Soverato y Chiaravalle, todas situadas en la provincia de Catanzaro. Paolo Paoletti, dueño de los supermercados, ha sido acusado de explotar a sus más de 60 trabajadores. Las condiciones a las que obligaba a sus empleados han sido calificadas por la Fiscalía italiana como “turnos extenuantes” de 50 horas semanales, a cambio de 4 euros por hora.

Además, solo se les concedía dos semanas de vacaciones al año, sin poder disfrutar de los festivos garantizados por la legislación laboral italiana.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no solo habla de condiciones dignas —como un salario acorde a las horas trabajadas—, sino también de condiciones de seguridad. En estos supermercados del horror, si los trabajadores sufrían un accidente laboral, “tenían que decir que se habían hecho daño en casa” para no recibir las protecciones previstas por la Seguridad Social, según el informe de la justicia italiana.

La investigación de la Fiscalía concluyó que los explotadores habían instalado una serie de dispositivos que permitía escuchar las conversaciones de sus empleados mientras trabajaban. En definitiva, les estaban espiando. En una de las conversaciones obtenidas ilegalmente, dos trabajadoras hablaron sobre la muerte del padre de una de ellas y cómo la empresa le había obligado a acudir al trabajo (el Convenio Colectivo Nacional de Trabajo establece que ”el trabajador tiene derecho a tres días de permiso al año en caso de enfermedad grave o fallecimiento de un familiar dentro del segundo grado”). “Vi morir a mi padre. Cuando estuvo ingresado, ni siquiera fui porque tenía que trabajar. El día que murió tuve que venir aquí ocho horas”, relató una de ellas.

Según la investigación, se sitúa al dueño de los supermercados en la “cúspide” de una “asociación delictiva” que se aprovechaba de la vulnerabilidad, condiciones de necesidad y precariedad económica de los empleados. Asimismo, el gestor y la administrativa, la mujer del dueño, se encargaban de crear falsas nóminas en las que no figuraban las horas realmente trabajadas; estas personas han sido puestas bajo arresto domiciliario.

En esta trama de explotación laboral y extorsión, faltan otros dos encargados de las tiendas a quienes se les ha comunicado la prohibición de abandonar el municipio.