En España se denuncian cada día 14 violaciones y 55 delitos contra la libertad sexual, según datos del Ministerio del Interior correspondientes al primer semestre de este año, pero a la vez existe un alto nivel de infradenuncia de la violencia sexual y solo el 8% de las víctimas que la han sufrido fuera de la pareja la denunció, tal y como constatan los datos de la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer. Esa infradenuncia se ve reflejada en el caso de Iñigo Errejón, ya que a pesar de que la periodista Cristina Fallarás ha recibido 12 denuncias en sus redes sociales de mujeres que apuntan al ya exdiputado de Sumar por presunta violencia machista, solo una, la actriz Elisa Mouliaá, ha dado el paso de denunciarlo ante los tribunales, si bien este martes también ha interpuesto una denuncia por agresión sexual contra Errejón la exconcursante de Gran Hermano, Aida Nízar. El resto, de momento, son denuncias anónimas.
Desde la Fundación Mujeres explican que esa falta de denuncia en la violencia de género se debe, principalmente, al miedo de las víctimas frente a su agresor, independientemente de si esa violencia se produce dentro o fuera de la pareja o en el ámbito laboral, o porque consideran que no merece la pena “someterse a un procedimiento [judicial] que las sigue revictimizando y exponiendo”. Especialmente este último aspecto, “debería ser un toque de atención para la Justicia y otras instituciones que tienen la responsabilidad de atender a las denuncias de las víctimas”, dice a Infobae España Marisa Sotelo, directora de Fundación Mujeres, que lamenta cómo la denuncia de Mouilaá “corrió como la pólvora en las redes sociales a las pocas horas de haber sido recogida por la policía”. En su caso, además, son muchos los usuarios que en redes sociales han cuestionado la reacción y el testimonio de la víctima sobre lo que ocurrió con el entonces político en aquella noche de septiembre de 2021, ya que para buena parte de la sociedad no responde al perfil de la “víctima ideal”, esa persona frágil a la que no se le puede culpar por donde estaba y que enseguida denunciaría la agresión sexual.
“La idealidad victimal es un estereotipo social de género por el que se presume cuál debe ser el actuar de una mujer ante una situación de peligro o de miedo como puede ser una agresión sexual. Se trata de un patrón estereotípico de que solo una mujer vulnerable de un estatus determinado puede ser víctima de este tipo de delitos”, explica la magistrada Gloria Poyatos, cofundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), cuando en realidad cualquier mujer puede ser víctima de violencia de género y no todas requieren el mismo tipo de reparación, “al igual que cualquier hombre, independientemente de su profesión o estatus, puede adoptar el papel de maltratador”, aclara.
Mouilaá, que en su denuncia indicó que durante una fiesta Errejón la encerró en una habitación, se sacó el pene delante de ella y la tocó sin su consentimiento, ya ha dado más explicaciones en sus redes sociales y a la prensa de las que ha ofrecido el supuesto agresor, que el pasado 24 de octubre se limitó a señalar en un comunicado que abandonaba la política “por el desgaste físico y emocional” y tras haber llegado “al límite entre el personaje y la persona”.
Por ello, la Fundación Mujeres urge a los partidos políticos a poner en marcha los mecanismos necesarios “para prevenir, controlar y depurar el machismo en sus organizaciones”, pues de lo contrario, seguirán produciéndose comportamientos discriminatorios machistas contra las mujeres “por parte de quienes se creen impunes”.
En ese sentido, Sotelo también destaca la importancia de crear espacios seguros para que las mujeres puedan denunciar, aunque duda de que la sociedad esté preparada para ello. “Hablamos de espacios seguros para que las mujeres denuncien, pero la pregunta es si esta sociedad, que aún sojuzga a las mujeres que denuncian comportamientos machistas, sabe lo que son los espacios seguros y está en condiciones de garantizar que una mujer que denuncia una agresión sexual no se está metiendo en un lío que pone su vida patas arriba”.
Sin respuesta protectora o reparadora
Por su parte, la magistrada y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha señalado en entrevista con la agencia Efe que las instituciones deben pensar en ese miedo de las víctimas, “que tiene mucho que ver con no confiar en que te vayan a proteger”. “Sigues teniendo miedo al agresor, pero tienes más miedo a las consecuencias de tu denuncia que lo que te pueda hacer el agresor y eso nos interpela a las instituciones, que no estamos dando una respuesta suficientemente protectora y reparadora”, ha señalado.
Rosell también ha recordado que el poder judicial tiene la exclusiva de declarar que alguien es un agresor y condenarle, pero que la acreditación de víctima de violencia sexual no solo es potestad del poder judicial, sino también de otras instituciones sanitarias o sociales, por lo que es fundamental, añade, que las víctimas “sepan que el Estado las cree y les puede brindar una protección distinta de la penal sin denuncia, si todavía no están listas”. La magistrada recomienda a las víctimas que guarden todas las pruebas y que vayan a un centro sanitario tras una agresión para que puedan preservar pruebas biológicas por si en el futuro quieren interponer denuncia.
En el caso de que el agresor sexual sea un hombre con poder y relevancia pública, ya sea en el ámbito político, empresarial o deportivo, las expertas aseguran que las víctimas lo tienen aún más difícil para dar el paso, pues ese agresor “te puede fastidiar la vida aún más que de lo que lo ha hecho con la agresión sexual”. Las víctimas, añaden, son conscientes de que van a entrar en un proceso de señalamiento, que van a ser objeto de persecución de los medios de comunicación y que van a ser juzgadas públicamente.