El pueblo que tiene 125 jubilados y solo 18 trabajadores: las pensiones son la principal fuente de ingresos en 377 municipios

La renta de los hogares está compuesta por ingresos de distintas procedencias, siendo la mayoritaria el salario derivado del trabajo. No obstante, el envejecimiento de algunos municipios españoles y la escasa densidad de población provoca la llamativa situación de que cientos de pueblos tengan como principal fuente de ingresos las pensiones en vez de las rentas laborales. Según los datos publicados este martes por el INE en el Atlas de distribución de la renta, los habitantes de 377 pueblos se mantuvieron principalmente por las pensiones en 2022, de manera que en gran parte de ellos las pensiones aportan más de la mitad de la renta bruta media (antes de impuestos) por persona.

La mayoría de estos municipios se ubican en el norte del país, León (57), Zamora (55), Salamanca (45) y Ourense (39), aunque también en Cáceres (39), y hay provincias que no presentan esta situación en ningún municipio, como Madrid y Barcelona. Los casos más extremos son los pueblos de Arrabalde (Zamora), Valdemoro del Esteras (Ciudad Real) y Mieza (Salamanca), ya que en todos ellos la participación de las pensiones sobre la renta media supera el 54%. Cabe destacar que el INE calcula la renta bruta por persona dividiendo los ingresos entre todas ellas, lo que arroja resultados aparentemente bajos en términos absolutos porque muchas son inactivas (amas de casa, estudiantes, niños, enfermos, etc.).

Teniendo en cuenta este efecto sobre las cantidades medias, Arrabalde, municipio de 218 habitantes en 2022, tiene una renta media bruta por persona de 12.904 euros, de los cuales 7.112 proceden de las pensiones. Esto se explica porque el 59% de la población (125 habitantes) tiene 65 o más años y en 2022 solo registró una media de 18,25 habitantes dados de alta en la Seguridad Social como trabajadores. A esto se suman una media de 13,1 parados y el resto es población inactiva.

Una situación similar se da en Valdemoro del Esteras, con 85 personas de 65 o más años de un total de 164 habitantes y solo 19,2 trabajadores; y en Mieza, con 166 mayores y una media de 24 trabajadores. El contraste es claro con municipios como Quer (Guadalajara), Arroyomolinos (Madrid) y Paracuellos de Jarama (Madrid), localidades dormitorio de empleados de la capital en las que los trabajadores superan con creces a los pensionistas.

Los 377 municipios de 2022 ‘sostenidos’ por las pensiones es una cifra inferior a la de los años anteriores gracias al crecimiento del empleo. La ratio de 2022 asciende al 4,6% del total (8.138), aunque el INE carece de datos detallados de ingresos por pensiones para 1.812 municipios. Se trata del menor número de municipios en los que se da esta situación en los siete últimos años, ya que fueron 433 en 2021, 503 en 2019 y 908 en 2015. El descenso respecto a los años anteriores está relacionado sobre todo con el número de trabajadores por pensionista, que mejora progresivamente, a pesar de que las pensiones se han revalorizado anualmente y han crecido porcentualmente más que los salarios.

A pesar de esta mejora en términos demográficos, las pensiones siguen sin sostenerse solo con los ingresos derivados de los salarios. Según las cifras de distribución de ingresos y gastos de la Seguridad Social, ninguna región puede cubrir el pago de las pensiones contributivas (de jubilación, invalidez y fallecimiento) con los ingresos por cotizaciones sociales.

Los últimos datos disponibles, de agosto de 2024, reflejan que la comunidad autónoma con mayor desfase es Cataluña, donde el déficit asciende a los 6.039 millones, y el desfase general alcanza los 35.762 millones. Si se compara con la situación de hace una década (2014), el desfase entre ingresos y gastos se ha más que duplicado a pesar del crecimiento del empleo.

Para intentar compensar este desajuste, el Gobierno transfiere millones que proceden de los impuestos para cubrir, por una parte, los conocidos como gastos impropios y, por otra, las pensiones no contributivas y el IMV, aunque también se han concedido préstamos para cubrir el déficit que han disparado la deuda de la Seguridad Social con el Estado.