Ayuso y Sánchez no se ponen de acuerdo ni para construir juntos en Madrid un museo de víctimas del terrorismo

“Madrid albergará una nueva sede del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo”. El Ministerio del Interior anunció en junio de 2022, hace ya más de dos años, este nuevo proyecto que prestaría especial atención al terrorismo yihadista y que estaría instalado en el Edificio Medinaceli, en el céntrico barrio madrileño de Las Cortes, que abrió en 1922 como Palacio del Hielo y fue abandonado en 2007 tras 82 años funcionando como un instituto del Centro Superior de Investigaciones Científicas.

¿Cómo va el proyecto? Sencillamente no va. “No sabemos nada. Este es un tema que están negociando entre el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid”, se limita a señalar un portavoz de la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, que gestiona un museo parecido en Vitoria y que también será la encargada de gestionar este nuevo memorial. El problema es que el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso no se ponen de acuerdo para sacar adelante esta iniciativa.

De todos es de sobra conocido las malas relaciones que mantienen ambas Administraciones. Ayuso ha sido el único líder autonómico del PP que se ha negado a mantener una reunión con el presidente Sánchez. Y este mal ambiente (aderezado por el pésimo ‘feeling’ personal que tienen Sánchez y Ayuso) se está traduciendo en que proyectos como este sigan en el dique seco. En una reciente respuesta parlamentaria, el ministerio del Interior explica qué es lo que está pasando y por qué se está dilatando en el tiempo el proyecto.

La cuestión es que el Edificio Medinaceli tiene dos propietarios. El 93% pertenece a la Administración General del Estado, “pero la Comunidad de Madrid es titular de un espacio de 980 metros cuadrados del inmueble”, explican desde Interior. “Se están manteniendo contactos con dicha Comunidad Autónoma con la finalidad de consolidar la propiedad de todo el inmueble en el Estado, mediante la adquisición de la superficie de su titularidad, para, a continuación, poder impulsar las actuaciones necesarias para la rehabilitación integral del edificio, que comenzarían con un concurso de proyectos”.

Es decir, que el Estado necesita comprar el 7% restante del edificio que no es suyo para empezar a trabajar. “En todo caso, dada la complejidad del proyecto y de las obras de rehabilitación, que requieren la demolición y vaciado interior del inmueble actual, así como de los plazos necesarios para la obtención de permisos y licencias municipales, no puede establecerse, en este momento, un plazo concreto para la apertura del centro”, matizan desde Interior.

La Comunidad de Madrid, por su parte, tiene otra visión totalmente distinta. “Desde el Comisionado de Víctimas se han mantenido diversas reuniones, pero como se estaban dilatando los plazos y no obteníamos una respuesta concreta por parte del Ministerio del Interior para la puesta en marcha conjunta del complejo, hemos decidido hacerlo nosotros por nuestra cuenta”, explican desde la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local. Es decir, que todo parece indicar que van a llevar a cabo dos memoriales en homenaje a las víctimas: el del Gobierno en el edificio Medinaceli y el que quiere hacer Ayuso “muy cerca de la Puerta del Sol”.

Desde el Gobierno regional señalan que lo único que hacen, ante la falta de concreción por parte del Ministerio del Interior, es “cumplir la Ley para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid”. El objetivo es habilitar “un espacio permanente para el recuerdo, tanto individual como colectivo, de todas las personas que han sufrido esta lacra, que han sido asesinadas o heridas en atentados”. El Gobierno regional invertirá en este proyecto alrededor de un millón de euros y estará abierto al público en 2026.

Para Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, “este es el último de nuestros problemas. Últimamente, nos hemos llevado cada palo [en referencia a la reforma legal que permite convalidar a los presos de ETA las penas que cumplieron en Francia], que salga adelante o no el memorial no está en nuestras prioridades. Sí queremos, por ejemplo, que se modifique la ‘Ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo’, ya que no hay voluntad política para cambiarla”. Esta ley es la que obligó a la construcción de un primer memorial en Vitoria.

La Comunidad de Madrid suma un total de 412 víctimas mortales del terrorismo, lo que la convierte en la segunda española con mayor número de personas asesinadas, solo superada por el País Vasco. La distribución de esas víctimas por grupos terroristas es la siguiente: 210 de estas víctimas han muerto en atentados de corte yihadista, mientras que las víctimas de ETA son 123; 49 de GRAPO, FRAP y otras siglas de extrema izquierda; 21 de grupos de extrema derecha, y nueve asesinados han sido víctimas de grupos exteriores sin presencia estable en territorio español.