La crisis de la vivienda es una preocupación cada vez más grande en muchos países, entre ellos España. La subida de precios constante, la falta de vivienda pública o los salarios insuficientes son los problemas que más destacan en el mercado inmobiliario. En medio de los alquileres caros y la dificultad de comprar, los jóvenes son los más perjudicados.
Por eso, en medio de esta situación, el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña ha aprobado un plan de medidas urgentes para aumentar la oferta de la vivienda protegida en la comunidad. Esta iniciativa pretende ser una vía de escape para los colectivos más vulnerables, incluyendo un conjunto de acciones encaminadas a facilitar la construcción de viviendas de alquiler y su acceso.
A pagar en 30 años
Entre las medidas de esta propuesta destaca una que permitirá aplazar el pago de la entrada a la vivienda hasta un máximo de 30 años. El objetivo es evitar que los jóvenes tengan que hacer frente al pago del préstamo principal de la hipoteca a la vez que a la devolución del crédito para conseguir la entrada al inmueble.
El Instituto Catalán de Finanzas es el encargado de gestionar este fondo, que contará con una suma de 100 millones de euros al año, mientras que la Agencia de la Vivienda de Cataluña subvencionará el aplazamiento de la entrada.
Para acceder a esta oportunidad, los jóvenes deberán aceptar que la vivienda se clasifique como “de precio limitado de forma permanente”, lo que conlleva que, si alguna vez se quiere revender la vivienda, solo podrá entrar al mercado al precio original ajustado al incremento de coste de vida.
La meta que se ha establecido el Gobierno catalán es beneficiar a 12.000 familias en un plazo de cinco años, garantizando que los jóvenes puedan invertir en su futuro dentro de la comunidad y sin la presión financiera de los elevados pagos iniciales.
Reserva pública de solares
Otra de las medidas del Consejo Ejecutivo es la Reserva pública de solares con el objetivo de identificar y gestionar anualmente los terrenos disponibles para la construcción de viviendas protegidas. Esta reserva incluirá solares con promotores públicos, privados y sin promotor definido, que posteriormente podrán optar a ayudas públicas.
Para ello, la Generalitat ha destinado préstamos de 500 millones de euros anuales a través del Instituto Catalán de Finanzas, con el fin de suplir la falta de financiación y promoción de la construcción de vivienda social.
El documento también contempla la posibilidad de que los municipios puedan destinar los solares planificados como equipamientos y que ya no son necesarios para tal fin para que se destinen a uso habitacional.
Además, se intensificará la transformación de suelos residenciales en viviendas de protección oficial. El Incasol (Instituto Catalán del Sol) también va a recibir financiación para adquirir suelo destinado al alquiler protegido y se abrirá una convocatoria cada año para la compra de edificios de nueva construcción calificados como vivienda protegida, con el fin de destinarlos al alquiler.
Coordinación y sanciones
Para que el proyecto salga adelante se necesitará una buena comunicación y relación entre la Generalitat y el Gobierno de España. El acuerdo entre ambos incluye la creación de una Mesa de Trabajo para coordinar la transformación de suelo y edificios de titularidad estatal en viviendas de protección oficial.
A nivel local, se establecerá una convocatoria anual de subvenciones para que los ayuntamientos puedan contratar equipos técnicos que faciliten la promoción de las viviendas protegidas de alquiler. Por otro lado, se prevé un régimen sancionador para la contención de las rentas con el objetivo de proteger a las familias más vulnerables.
Con estas medidas, el Govern de Cataluña pretende aliviar la presión del mercado inmobiliario y poder así facilitar el acceso a la vivienda entre los más jóvenes o los más desfavorecidos.