Las solicitudes de asilo en los países de la UE: un atasco con casi un millón de casos a la espera y en plena catástrofe humanitaria

La Unión Europea se encuentra atascada a la hora de agilizar las solicitudes de asilo en los países miembros, en un momento en el que existe un colapso total en los centros de acogida en lugares como Canarias, Lampedusa y Lesbos. La invasión de Rusia a Ucrania, la inestabilidad del Sahel o la crisis humanitaria en Oriente Medio ha obligado a millones de personas a buscar una vida alejada de las guerras, la hambruna y la falta de oportunidades que padecen en sus países de origen. Después de transitar por unas vías migratorias con una gran mortalidad, muchas personas deben afrontar aún largos periodos de espera para conocer cuál será su futuro.

Una situación que ya se dio en 2015 y 2016 tras el éxodo masivo debido a la terrible guerra en Siria. En el punto álgido de la crisis migratoria, el número de solicitantes de asilo llegó a 1.221.690. A raíz de aquella crisis humanitaria, y tras el fracaso de la gestión europea, fue aprobado el pacto migratorio y asilo este pasado abril, que no entrará en vigor hasta 2026.

Como ocurrió hace una década, el aumento de la llegada de migrantes ha copado titulares y discursos políticos, donde la extrema derecha ha encontrado una gran rentabilidad electoral: discursos antes vistos como fascistas ahora se han normalizado en la Unión Europea e incluso son acogidos como una posible solución al importante atasco que existe en las administraciones estatales.

Según dicta el derecho internacional humanitario, los estados deben garantizar el asilo a las personas cuando huyen de conflictos o persecuciones. Pero en la práctica, un país puede denegar la solicitud a las personas que provengan de un país considerado como “seguro”. El problema de esto, critican las organizaciones de derechos humanos, es que no existen criterios comunes para determinar este estatus. De hecho, Bruselas admitió que actualmente no cuenta con una lista de “países seguros”.

Según un informe de la Oficina de la Unión Europea para el Asilo, en el primer semestre de 2024 la UE recibió más de medio millón de solicitudes de asilo (513.000), una cifra estable en comparación con el mismo periodo del año anterior. El problema, resaltan las autoridades del bloque y las organizaciones de derechos humanos, es el retraso en las resoluciones de asilo. Según el mismo informe, a fines de junio de 2024 había 925.000 casos en espera de una decisión en primera instancia. A continuación, repasamos la situación en los cuatro países que más solicitudes reciben en la UE:

Como ya ocurrió durante la crisis de refugiados, Alemania aún es el principal receptor de migrantes en todo el bloque. Solo en 2023, este país recibió 334.000 solicitudes de asilo, una cifra superior al dato de España y Francia juntos. En el primer semestre de 2024 recibió 124.000 solicitudes, cerca de 60.000 aplicantes más que en el mismo periodo de 2023, según la Oficina Federal de Estadística alemana (Destatis). Los refugiados sirios son los principales solicitantes en toda la Unión Europea y el 51% de todas las solicitudes llegan a parar a este país. Le siguen los afganos, con el 42%, que también huyen de una situación humanitaria crítica en su nación.

En la primera mitad de 2024, había aproximadamente 228.442 solicitudes de asilo pendientes en Alemania, un dato similar al que se dio el año pasado. Ante el ‘cuello de botella’ que padecen las administraciones, el canciller socialista Olaf Schölz ordenó el pasado 16 de septiembre frenar en seco los flujos migratorios, implantando así controles fronterizos terrestres en todas las fronteras con Alemania.

Francia fue el segundo país que más solicitudes recibió el año pasado, con cerca de 167.000 solicitudes, una cifra notablemente inferior a la germana. Aunque este país cuenta con una larga tradición de acogida a migrantes y refugiados, el tema ha sido muy señalado por la extrema derecha de Agrupación Nacional, que vincula la migración con la inseguridad, y ha encontrado eco entre buena parte de la población. Tal ha sido la presión de la derecha, que en 2023 el Parlamento respaldó una nueva y controvertida ley de inmigración. Lo cierto es que apenas un tercio de todas las solicitudes de protección fueron aceptadas en aquel año, según indicó la Oficina Francesa para la Protección de los Refugiados y Apátridas (OFPRA) en cifras provisionales.

España recibió 162.000 solicitudes de asilo en 2023, según un informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que añade que solo en la primera mitad de año el número de solicitantes llegó a 100.137. La organización señaló en su informe ‘Más Manos’ que la mayoría de solicitantes vienen de Venezuela (60.534), seguido de Colombia (53.564) y Perú (14.308). Estos tres países representan casi el 79% del total de solicitudes.

La CEAR resalta que solo una de cada diez solicitudes consigue protección y casi cinco de cada diez son denegadas. El organismo añade en su informe que el peor escenario es el “aumento alarmante de las solicitudes pendientes de resolución”. En total, 191.095 personas esperan durante meses, e incluso más de un año, una decisión de la que depende su vida y su acceso a derechos fundamentales. “Se trata de un 56% más que el año pasado, cuando ya la situación era extremadamente preocupante”, reitera esta organización.

La lucha contra la migración irregular es uno de los asuntos que abandera la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que se ha convertido en la voz cantante en la UE en materia migratoria. La ultraderechista puso sobre la mesa la externalización de la política migratoria con el fin de descongestionar el atasco en las solicitudes de asilo, una medida que ha sido fuertemente criticada por la falta de garantías a los derechos humanos de los migrantes.

Italia recibió en 2023 la cifra récord de 136.000 solicitantes de asilo, principalmente llegados de Bangladesh. Un año después, a mitad de 2024, la tendencia es similar, con 100.000 solicitudes de asilo registradas. Esta semana, el Gobierno de Meloni aprobó un decreto ley para sortear el bloqueo judicial que dos tribunales han impuesto sobre la implementación de centros de retorno externos en Albania. De llevarse a cabo, hasta 36.000 migrantes podrían ser transportados a miles de kilómetros de Italia, donde podrían quedar en el limbo durante meses.