Las plataformas inmobiliarias ponen a la venta viviendas por debajo del precio de mercado, pero con un aviso: “Ocupada ilegalmente”

El precio del metro cuadrado en venta continúa en máximos históricos. El pasado mes de septiembre cerró en 2.182 euros, lo que supone un aumento medio del 8,7% interanual. Esto quiere decir que un piso 100 metros cuadrados ya cuesta, de media, 218.200 euros. Aunque algunas ciudades lo sufren más que otras. En Canarias, por ejemplo, los precios han aumentado un 16,4% en el mismo periodo, hasta alcanzar los 2.719 euros el metro cuadrado, mientras que en Madrid han avanzado un 14,1%, hasta costar 3.569 euros.

Sin embargo, hay un tipo de viviendas que las inmobiliarias están poniendo a la venta por debajo del precio de mercado. Se venden como “Producto sólo para inversores”, según comienzan indicando los anuncios, que, además, advierten desde el principio: “No se pueden visitar”.

Este es el caso, por ejemplo, de un ático en venta en la calle Hermano Gárate, en el barrio de Cuzco-Castillejos, en Madrid. Este inmueble, según asegura el anuncio —publicitado en la plataforma Idealista—, está valorado en 650.000 euros, pero cuesta 400.000. Cuenta con dos habitaciones, 100 metros cuadrados, piscina y jardines comunitarios. Y está a cinco minutos del Paseo de la Castellana. ¿El problema? Que se trata de un “Inmueble ocupado por persona sin justo título”. Es decir, que está ‘okupado’ de manera ilegal.

La ‘okupación’ no es un problema muy extendido en España —afecta al 0,057% del total de viviendas— pero para los particulares que lo sufren puede llegar a ser un gran trastorno, por lo que muchos deciden vender las propiedades. En estos casos, los portales inmobiliarios cuentan con un aviso en el que se indica que se trata de una vivienda “ocupada ilegalmente”.

Como explica la experta en derecho inmobiliario y socia del despacho AF Legis, Arantxa Goenaga, “Normalmente los pisos ocupados suelen comprarlos las sociedades de inversión. Los particulares no solemos comprar este tipo de pisos”, especialmente porque “los bancos, o las sociedades vinculadas a ellos, son las que los suelen vender y se mueven más en un sector propio de inversionistas. A los particulares no se les suele ofrecer”. Por ello, que en los anuncios de los portales se dirijan especialmente a los inversores, que son quiénes no tienen prisa por disponer del inmueble para entrar a vivir, e incluso quiénes pueden costearse los trámites legales que supone ‘desokuparla’. Además, hay que contar con que no se puede ver el inmueble antes de comprarlo.

El tesorero en la Asociación de Inmobiliarios de Cataluña, Francesc Quintana, añade que el perfil de este tipo de inversores es “bastante cualificado”, ya que no se trata de un proceso tan sencillo como se cree: “el tema de la vivienda okupada tienta a mucha gente pensándose que va a comprar el chollo del siglo, pero luego se dan cuenta de que no es un tema tan fácil; tiene cierta complejidad. Normalmente, el comprador que acaba haciendo operaciones es gente que puede precalificar la vivienda” explica para Infobae España y añade que “Extrañamente la gente compra una vivienda ocupada a ciegas sin saber nada, a no ser que compres un paquete grande y lo compres con un gran descuento, pero no es lo habitual”.

Sobre todo, porque estas viviendas no están tan baratas como se presupone. Según Quintana, que, además, es fundador de la agencia de intermediación inmobiliaria Vivendex, actualmente, se están vendiendo a un precio entre un 15% y un 20% más bajo que el de mercado, a pesar de que su estado suele ser “bastante reventado”.

Luego hay que contar con la inversión en la ‘desokupación’. Según Goenaga, los procedimientos legales para sacar a los ‘okupas’ de una vivienda suelen tardar un año y medio —dependiendo de si tienen reconocida la condición de “vulnerables”—, en los que, en muchas ocasiones, el propio propietario continúa pagando los suministros que están disfrutando ellos.

Entonces, ¿es rentable comprar estas viviendas? Como explica Quintana, todo depende: “Si tú tienes la posibilidad de ‘desokuparla’ relativamente fácil porque has hablado con el ‘okupa’ y has llegado a un preacuerdo con él y, por ejemplo, le ofreces un 5%, en este caso, hay gente a la que sí le merece la pena comprar estas viviendas”.

De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, en 2023 se registraron en España un total de 15.290 denuncias por ocupación ilegal, lo que representa el 0,057% del parque total de viviendas y una disminución del 8,8% en comparación con 2022, cuando se contabilizaron 16.765 casos.

En este contexto, Cataluña encabeza la lista de comunidades autónomas con mayor número de ocupaciones, acumulando el 40,9% del total, seguida de Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Aunque el número de ocupaciones ha disminuido, el tiempo que un propietario tarda en desalojar a los ocupantes ha aumentado. Según el Consejo General del Poder Judicial, el proceso puede extenderse hasta 23,2 meses, considerando tanto los procedimientos de los juzgados de primera instancia como las apelaciones ante las audiencias provinciales.